Guerra a las drogas, guerra a los negros

Creada por un gobierno de centro-izquierda para reducir el número de personas detenidas por delitos de drogas, una ley de 2006 fue utilizada por policías, fiscales y jueces para estimular el encarcelamiento masivo de la población negra, convirtiéndose en una versión brasilera de las leyes de Jim Crow en Estados Unidos

Gil Luiz Mendes – Ponte Jornalismo

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Paradojas

La guerra que aprisionó a los negros y pobres

11 / Junio / 2021

El octavo de los 10 hijos de Natália Monteiro da Silva nació condenado. Incluso antes de venir al mundo, fue puesto entre rejas a causa de la guerra contra las drogas. Sus primeros días de vida los pasó dentro de una celda en la Colonia Penal de Mujeres de Recife, una ciudad en el noreste de Brasil. El 15 de agosto de 2017, agentes de la policía civil acudieron a la casa de su madre y se la llevaron acusada de tráfico y asociación para el tráfico de drogas. Natália tenía 31 años y estaba en su séptimo mes de embarazo.

“Justo después de dar a luz, toda mujer quiere recibir el cariño de los familiares y yo no lo tuve. No tenía ningún familiar conmigo en ese momento. Quien estuvo a mi lado justo después del nacimiento de mi hijo fue un funcionario de prisiones”, recuerda Natália. Al menos se libró de ser esposada durante el parto, una práctica que había afectado a muchas reclusas y que fue abolida por una ley federal aprobada el año en que fue detenida. Se le concedió la libertad condicional tras pasar un año y tres meses en el sistema penitenciario. Al día de hoy, su caso sigue en curso, sin fecha para el juicio.

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Natalia Monteiro en la Colonia Penal Femenina de Recife, con su hijo nacido en prisión, en 2017. Foto: Priscia Urpia/Exposição Ovelhas

Natália afirma que nunca ha estado involucrada en el tráfico de drogas y que fue detenida por vivir en la misma casa donde su ex pareja, y padre de su hijo que nació en la cárcel, escondía drogas.

Para el investigador y juez de ejecución penal Luís Carlos Valois, autor de El derecho penal de la guerra contra las drogas, casos como el suyo son los más comunes cuando se trata del encarcelamiento de mujeres por delitos de narcotráfico. “Esta proporción de mujeres detenidas por delitos de drogas se debe a que las mujeres pasan más tiempo en casa. Si se hace un estudio sólo de los casos de allanamientos de morada, se observará el elevado número de detenciones de mujeres en relación con los hombres. La policía llega y no encuentra al hijo ni al marido, que son los dueños de la droga y es la mujer la que va presa”, afirma.

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Infografías: Antonio Junião - Ponte Jornalismo
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Las fuentes oficiales difieren sobre el número de presos en Brasil, pero todos los análisis apuntan a la actual ley de drogas, la 11.343, aprobada en 2006, como uno de los principales factores para la aceleración del proceso de encarcelamiento masivo de la población brasileña. Desde la aprobación de la ley, la población carcelaria ha aumentado un 209%, alcanzando la cifra actual de 755.274 personas privadas de libertad en Brasil, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, del think tank Foro Brasilero de Seguridad Pública. El número de personas encarceladas por delitos de drogas aumentó un 156%. Si hasta 2005 el 9% de las personas eran encarceladas por delitos de drogas, hoy la cifra es del 29%.

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Infografías: Antonio Junião - Ponte Jornalismo

Las mujeres negras, como Natalia, se han visto especialmente afectadas por el encarcelamiento masivo impulsado por la guerra contra las drogas. Según el Departamento Penitenciario Nacional (Depen), aunque representan el 5% del total de presos, el 65% de las mujeres encarceladas acabaron entre rejas por la ley de drogas de 2006. Los negros, que en Brasil representan el 56% de la población, constituyen el 67% de los encarcelados. Antes de la actual ley de drogas, los negros eran el 58%, según el Foro Brasilero de Seguridad Pública. Eso es un aumento del 378% en la población carcelaria negra, mientras que el número de presos blancos aumentó un 239,5% en el mismo periodo.

Aunque la legislación brasilera y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas recomiendan que las mujeres embarazadas y con hijos pequeños reciban arresto domiciliario, es habitual que los tribunales brasileños decidan mantener entre rejas a las madres, a las embarazadas y a las madres lactantes. Ese fue el caso de Rosa Maria da Silva. Su quinto hijo sólo tenía un mes de edad cuando la madre fue llevada a la misma prisión donde estaban Natália y su bebé. Negra, todavía lactante y detenida por vender piedras de crack a los 38 años, entró en la celda con la blusa mojada por la leche que salía de sus pechos.

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Rosa con su hijo recién nacido, en la ciudad de de Recife, en 2017 | Foto: Priscia Urpia/Exposição Ovelhas

Su hijo tuvo que ir a la cárcel unos días después. A pesar de informar que el bebé tuvo apoyo médico y condiciones de higiene razonables durante el período que estuvieron en prisión, Rosa dice que el encierro dejó secuelas en el niño que aún hoy, cuatro años después, siguen reverberando en su vida cotidiana.

“A veces sus abuelos comentan algo de esta época. Y viene a preguntarme si estuve presa. Me enseña su foto de bebé y me pregunta si estuvo en la cárcel conmigo. Yo digo que no, pero de vez en cuando se lo oye a su abuela. Tendrá cuatro años todavía, pero es un niño muy inteligente y está en esa fase en la que repite todo lo que oye”, dice.

Un camino al infierno pavimentado de buenas intenciones

Al aumentar el encarcelamiento masivo de la población pobre y negra, la Ley 11.343 se convirtió en lo contrario de lo que pretendía ser.

Sancionada por el presidente de centro-izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, la nueva ley de drogas pretendía ser progresista al eliminar las penas de prisión para los consumidores de drogas. La intención era que el consumidor fuera tratado como alguien que necesita ser apoyado por el sistema de salud pública y que los narcotraficantes tuvieran menos recursos para reclutar jóvenes para unirse al crimen organizado. La nueva ley rompió con una tradición prohibicionista que venía desde los años 30 y que cobró fuerza en la década de los 70, que creó penas cada vez más duras para todos los implicados en drogas, incluidos consumidores, productores y vendedores.

La primera ley de drogas del país había sido firmada en 1921 por el presidente Epitácio Pessoa, prohibiendo “la venta de cocaína, opio, morfina y sus derivados”. En 1938, el gobierno del dictador Getúlio Vargas promulgó un decreto que, por primera vez, también reprimió el consumo de drogas, incluida la marihuana. La posesión y el tráfico de drogas fueron tratados como delitos contra la salud pública a partir de 1940.

El número de personas encarceladas por delitos relacionados con las drogas aumentó durante la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985. Entre 1964 y 1974, el número total de personas encarceladas aumentó de 19.771 a 30.683, según el Anuario Estadístico de Brasil, publicado por el IBGE. Durante este periodo, los encarcelados por estar implicados en el tráfico o consumo de drogas pasaron de 517 a 2.135, un aumento del 312%.

Brasil entró en la guerra contra las drogas en 1976, con la Ley 6.368, que instauró “medidas para prevenir y reprimir el tráfico ilícito y el uso indebido de sustancias estupefacientes o que causen dependencia física o psicológica”. Esta posición estaba en consonancia con la política adoptada por Estados Unidos desde 1971, bajo la administración de Richard Nixon, que hizo de las drogas el enemigo doméstico número uno del país.

“La política norteamericana de represión se exportó a toda América Latina. En Brasil, el gobierno militar aprovechó este momento para cambiar la ley y convertir al consumidor en un criminal. Antes, sólo los proveedores de drogas eran considerados infractores. Ciertamente, aquí hubo una influencia estadounidense”, explica el historiador Athos Vieira, coordinador del proyecto "Drogas Cuánto Cuesta Prohibir", del Centro de Estudios sobre Seguridad y Ciudadanía (CESeC) de la Universidad Candido Mendes.

A partir de la década de 1980, con la popularización de la cocaína y el crecimiento de su comercio, junto con la aparición de los primeros grupos organizados de narcotraficantes en el país, el gobierno comenzó a intensificar aún más el carácter represivo de la política de drogas. La Constitución brasilera de 1988, aplicada tras el fin de la dictadura, definió el narcotráfico como “delito no punible y no susceptible de gracia o amnistía”, junto con la tortura y el terrorismo.

La ley de drogas de 2006 pretendía romper con la escalada punitiva de la legislación anterior al establecer el fin de la pena de prisión para los consumidores de drogas. En su momento, la propuesta fue considerada demasiado progresista por el ala más conservadora del Congreso Nacional. “La nueva ley antidrogas que sancionará el presidente Lula es muy mala en relación con el consumidor de drogas y el drogadicto, porque no hay absolutamente ningún castigo. Puedes fumar. Es como si hubieran legalizado las drogas en Brasil”, gritó, desde la tribuna del Senado Federal, el pastor y cantante de gospel elegido senador Magno Malta, un día antes de que el presidente Lula sancionara la ley.

De hecho, el artículo 28 de la ley establece que los consumidores de drogas sólo pueden ser castigados con una amonestación, trabajos comunitarios o la obligación de asistir a programas o cursos educativos. Los traficantes, en cambio, entran en el ámbito del artículo 33, con penas que oscilan entre los cinco y los quince años de prisión en régimen cerrado. Sin embargo, al no establecer criterios claros, como la cantidad de droga, para diferenciar a los consumidores de los traficantes, el texto legal dejó margen para interpretaciones más rígidas de la ley.

En la práctica, la diferenciación pasó a ser hecha por la policía, los fiscales y los jueces basados en prejuicios de raza y clase social. Investigadores y activistas señalan que la policía y el sistema de justicia penal empezaron a inculpar a los consumidores de drogas pobres y negros como traficantes, convirtiendo la ley en una herramienta para controlar a la población negra.

"Se suponía que esta ley iba a reducir el número de personas en prisión, pero algo que parecía que iba a ser bueno se convirtió en algo malo debido a la guerra contra las drogas que vivimos", dice el juez e investigador Luiz Carlos Valois.

Para la abogada e investigadora Dina Alves, coordinadora del Departamento de Justicia y Seguridad Pública del Instituto Brasilero de Ciencias Penales (Ibccrim), la guerra contra las drogas siempre ha perseguido a los negros y a los pobres en Brasil, pero la práctica se amplió con la ley de 2006. "La política de represión golpea a esta población desde hace mucho tiempo. El retrato de esto es la tragedia del encarcelamiento masivo. La nueva ley de drogas de 2006 hizo que aumentara mucho el número de personas detenidas por el delito de tráfico. Esto ocurre a través de la intersección entre raza, clase y género que influye drásticamente en el número de presos que tenemos hoy en Brasil", afirma.

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Presos aglomerados en la cárcel de Lucélia, en el estado de São Paulo, tras una rebelión en 2018 | Foto: Ponte Jornalismo

El ex presidente Lula, que sancionó la ley de drogas en 2006, nunca se ha arrepentido públicamente de la norma. Preguntado por esta alianza periodística, a través de su oficina de prensa, declinó hacer comentarios. Ninguno de los presidentes que vinieron después -Dilma Rousseff, del mismo partido que Lula, el derechista Michel Temer y el ultraderechista Jair Bolsonaro- hizo mención alguna a cambiarla.

Una demanda que busca modificar la ley de 2006 y despenalizar totalmente el consumo de drogas está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo Federal –la más alta corte del país- desde 2015, pero el proceso está estancado. Seis años después, sólo tres de los 11 magistrados del STF han votado sobre la demanda, todos a favor de la despenalización. Desde 2019, el juicio está paralizado y no tiene fecha para volver a la agenda del tribunal.

Una ley Jim Crow brasileña

El abogado Roberto Tardelli, que es blanco y durante 31 años fue fiscal del Ministerio Público de São Paulo, reconoce que la aplicación de la ley de drogas obedece a criterios racistas.

“Hay una ley y tiene diferentes aplicaciones, porque es el resultado de una suma de estereotipos sociales. Si me pillan con 30 gramos de marihuana, nadie pensará que estoy traficando, porque puedo decir que esa marihuana es para mí. Pero si la misma situación se produce en Capão Redondo [un barrio pobre y mayoritariamente negro de la periferia de São Paulo], con una persona negra, que lleve la misma cantidad, seguramente será acusada de tráfico”, explica.

El sesgo racista comienza en los abordajes que hace la policía en las calles, que originan la mayoría de las detenciones y afectan desproporcionadamente a la población negra. El 42% de hombres negros con bajos ingresos dice haber sido objeto de aproximaciones policiales abusivas, un porcentaje que se reduce al 34% entre los hombres blancos, según una investigación del Instituto Locomotiva. Sobre esto, el comandante de una unidad de élite de la Policía Militar de São Paulo ya ha declarado que los abordajes en los barrios pobres, de mayoría blanca, tienen que ser "diferentes" de los realizados en las periferias negras de las ciudades.

Vivir en un barrio pobre, por sí mismo, se acepta como prueba en los tribunales de que una persona puede ser un traficante y no un consumidor de drogas. En el estado de Río de Janeiro, en el 75% de las condenas del sistema judicial por los delitos de tráfico y asociación para traficar, los jueces utilizaron la justificación de que el sospechoso se encontraba en una favela, descrita como un “lugar dominado por una facción criminal”, según la investigación de la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro.

Las cifras de las incautaciones de drogas muestran que la gran mayoría de las personas detenidas en virtud de la ley de 2006 son meros consumidores de drogas o, a lo sumo, pequeños traficantes. En el estado de São Paulo, la mitad de las personas detenidas por tráfico de marihuana llevan hasta 40 gramos de la droga, según un estudio de la ONG Sou da Paz. En Río de Janeiro, el 28% de los "traficantes" de cocaína llevaban hasta 20 gramos de la droga, según la Defensoría del Pueblo.

Los negros y los pobres pueden ser detenidos por tráfico de drogas aunque no tengan ninguna, como descubrió en 2019 el vendedor Rogério Xavier Salles, de 32 años. Detenido por la policía militar mientras vendía caramelos en un semáforo de la ciudad de Osasco, en el área metropolitana de São Paulo, Salles fue denunciado ante la Justicia por llevar una sustancia que parecía cocaína. Incluso después de que las pruebas demostraran que la sustancia no era una droga, el vendedor negro pasó 28 días en la cárcel. “Como saben que somos pobres, que vivimos en la periferia, la policía nos ve con otros ojos”, dice la madre de Salles, Maria Inês Xavier, que acudió a autoridades y periodistas para denunciar la injusticia y no descansó hasta ver a su hijo libre.

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Salles pasó 28 dias preso por causa de una falsa acusación de tráfico de drogas | Foto: Caio Castor/Ponte Jornalismo

El fiscal Rodrigo César Coccaro, que imputó a Salles por el delito de tráfico de drogas sin drogas, dijo no arrepentirse de la decisión y reafirmó que su imputación fue correcta, debido a que el acusado tenía multas anteriores por tráfico y porque fue detenido en una ciudad donde el tráfico de drogas es un “delito muy frecuente”.

Los agentes de policía no necesitan más pruebas que su propia palabra para validar la detención de un negro pobre por tráfico de drogas. Tres estudios diferentes realizados por el Centro de Estudios sobre Violencia de la Universidad de São Paulo, la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro y el juez e investigador Luís Carlos Valois descubrieron que en el 62% al 74% de las condenas por tráfico de drogas, los únicos testigos que se escucharon durante todo el proceso fueron los policías responsables de la detención del acusado.

Sabiendo la facilidad con la que su palabra es aceptada como verdad por los tribunales cuando se trata de sospechosos negros y pobres, policías corruptos llevan en sus coches parafernalia de drogas que utilizan para "plantar" a personas que abordan en la calle. Si aceptan pagar un soborno, llamado "arrego", son liberadas. Si no quieren o no pueden pagar, se les acusa con el artículo 33 de la ley de drogas y responden por tráfico, que puede conllevar una pena de hasta 15 años. Todo ello con un poco de ayuda por parte de fiscales y jueces que se han acostumbrado a aceptar la versión policial de los hechos sin rechistar.

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“Kit flagrante” de drogas incautado en vehículo de policías, en 2017 | Foto: Ponte Jornalismo

La policía ha registrado casos de agentes detenidos y expulsados del cuerpo por ser sorprendidos con estas drogas de extorsión, llamadas "kits flagrantes". El año pasado, un soldado de la Policía Militar de São Paulo, que fue sorprendido con un "kit flagrante", admitió que pretendía "utilizar la droga en incidentes".

Brasileros negros en la mira

Creada con el objetivo de proteger la salud pública, la ley de drogas perjudicó la salud de muchas personas. Ese fue el caso de Gabriel Prazeres Gomes, quien falleció a los 19 años el 28 de septiembre de 2019, víctima de una meningitis que contrajo en el Centro de Detención Provisional de Osasco, donde estaba recluido como sospechoso de tráfico de drogas. Antes de ser detenido, acababa de realizar su sueño de comprarse una moto y con ella había empezado a trabajar como mensajero, luchando por realizar un segundo sueño, el de casarse con su novia. No tuvo tiempo.

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Gomes murió a los 19 anos, de meningitis, en la cárcel, sin ser juzgado | Foto: Família de Gabriel Gomes / Ponte Jornalismo

Según su hermana, Gomes era un objetivo frecuente de abordajes policiales. “Siempre eran los mismos policías. Gabriel era muy juguetón y no se tomaba las cosas muy en serio, y creo que eso irritaba a los policías, quizá porque se reía en el momento menos oportuno", cuenta. Dice que los policías que se acercaron a Gomes amenazaron con "inculpar" al joven negro y pobre. Se trata de un tipo de amenaza muy utilizado por la policía de la periferia desde la ley de drogas de 2006: inculpar a jóvenes negros por tráfico de drogas "plantándoles" pequeñas cantidades de droga.

El 31 de julio de ese año, según la familia, los policías cumplieron su amenaza y llevaron a Gomes a una comisaría. Dijeron que le habían encontrado 131,8 gramos de droga. Las pruebas fueron aceptadas por un fiscal y un juez. Tras ser detenido preventivamente, fue llevado a prisión, donde murió en menos de dos meses, antes de ser juzgado.

Aunque la Constitución brasileña establece que la prisión preventiva sin juicio debe aplicarse sólo en casos excepcionales, en la práctica este tipo de encarcelamiento se ha convertido en una norma para jóvenes pobres y negros. Alrededor del 30% de las personas en las cárceles son detenidos provisionales a la espera de juicio. Gente como Gomes.

El enorme número de presos sin juicio hace que la situación en las cárceles brasileras sea aún peor, ya que suelen albergar al doble de personas que las vacantes disponibles -en algunos estados del norte, como Amazonas y Roraima, la ocupación puede ser hasta tres o cuatro veces superior al número de vacantes. La situación en las prisiones es tan precaria que se asemeja a la de un campo de exterminio. Entre 2015 y 2018, una media de 1.550 personas murieron en sus celdas, según datos del Consejo Nacional del Ministerio Público, la mayoría de ellas por "causas naturales". Es decir, por enfermedades provocadas por las condiciones de las cárceles, que un ministro de Justicia ya calificó de "medievales".

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Interior de una prisión en el estado brasilero de Acre | Foto: Consejo Nacional de Justicia

Así, las muertes dentro de las cárceles se suman a las cometidas por la policía en las calles, que en 79% de los casos afectan sólo a personas negras, para conformar lo que varios investigadores, como el actor y activista Abdias Nascimento, fallecido en 2011, han llamado el genocidio del negro brasilero.

"No existe guerra sin enemigo y el objetivo de cualquier combate es eliminar al enemigo. Sólo que cuando hablamos de la guerra contra las drogas, ese enemigo fue creado por los estereotipos sociales construidos a lo largo de los años. ¿Y quién es ese enemigo? Siempre han sido los que son diferentes de los que están en el poder. En Brasil son los que están en la periferia", analiza Roberto Tardelli.

De este modo, una ley pensada para encarcelar a menos personas se convirtió en otra ley utilizada para reprimir a su población negra, siguiendo el ejemplo de varias otras que el país ha adoptado desde que abolió la esclavitud en 1888.

Brasil fue el país que tuvo el mayor número de negros esclavizados en toda América. Oficialmente, el régimen esclavista duró 338 años y se calcula que 4,8 millones de personas fueron capturadas en África para ser explotadas durante este periodo. Esta población sufrió los más duros castigos y torturas jamás cometidos en territorio brasileño. Estas marcas de punitivismo y represión están presentes en la sociedad hasta el día de hoy.

Tras la abolición de la esclavitud en Brasil, una masa de negros pobres sin ninguna ocupación continuó siendo perseguida por el Estado, incluso siendo personas libres. La práctica de la capoeira, una mezcla de arte marcial y danza practicada por antiguos esclavos, se convirtió en delito en el código penal promulgado en 1890, sólo dos años después de la firma de la Ley Áurea, el documento que abolió la esclavitud en el país, y se mantuvo así hasta 1936. El mismo código introdujo el delito de vagancia, que se utilizó hasta los años 80 como herramienta para reprimir y encarcelar a los negros y a los pobres que no podían demostrar una ocupación.

Quién ordena arrestar

La transformación de la ley de drogas de 2006 en una herramienta que potencia el racismo puede explicarse también por las características del sistema de justicia penal de Brasil.

La relación de los agentes involucrados en la política de drogas en Brasil difiere poco del sistema esclavista que ha formado el carácter de Brasil desde la época colonial. Los castigados de hoy en día en Brasil tienen básicamente el mismo perfil que los castigados en siglos pasados. Negros, pobres y marginados.

Los que castigan también siguen, casi en su mayoría, el mismo patrón social que definió el curso de las vidas de los que habían llegado de África. Son hombres, blancos y de familias tradicionales. El 77% de los fiscales son blancos, según un estudio realizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Ciudadanía. Entre los magistrados, los blancos son el 80%, según el Consejo Nacional de Justicia.

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Jueces de apelación de la Corte de Justicia de São Paulo, en 2015 | Crédito: Uso público

"Se puede afirmar que hay personas que prácticamente nacen con la garantía de un puesto en los más altos tribunales del país", dice la abogada e investigadora Luciana Zaffalon, directora ejecutiva del think tank Justa, que analiza a la rama judicial brasilera.

Los datos de Justa indican que, entre los jueces que actúan en primera instancia, hay 7,4 hombres blancos por cada mujer negra. Entre los jueces de los tribunales de apelación o segunda instancia, que tienen más poder para tomar decisiones y definir la política judicial, la falta de diversidad es aún mayor. Por cada jueza negra, hay 37,8 jueces blancos.

En la relación entre los que juzgan y los que son juzgados, estos dos grupos viven realidades completamente opuestas y uno define sustancialmente cómo será la vida del otro, señala el ex fiscal Roberto Tardelli. Estas distorsiones, según él, quedan en evidencia en las medidas punitivistas que se adoptan en relación con los delitos de drogas en el país.

"Hoy tenemos una generación que siempre ha vivido con prebendas, ha estudiado en los mejores colegios y ha vivido en urbanizaciones cerradas. Muchos de ellos ni siquiera vivían en un barrio con gente corriente. Estas pequeñas cosas cotidianas, estas diferencias en las relaciones interpersonales, conforman nuestra visión del mundo. Viven en un mundo en el que todos se parecen, tienen doble nombre, viajan al extranjero. Esta gente no ha visto nunca a un pobre durante la mayor parte de su vida", dice Tardelli.

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Un detenido en una cárcel de Guareí, en el estado de São Paulo, en 2020. Foto: Daniel Arroyo / Ponte Jornalismo

Según la plataforma Justa, todos los jueces se encuentran entre el 0,08% de personas ricas del país. Un fiscal o un juez cobran más del doble que los jueces y fiscales de Alemania, por ejemplo. Un magistrado cuesta a las arcas brasileñas una media de 50.900 reales (unos 10.090 dólares), según datos de 2019 del Consejo Nacional de Justicia, una cantidad 48,7 veces superior a un salario mínimo. "Es una decisión presupuestaria enriquecer a unos pocos a costa de garantizar los derechos de la gran mayoría de la población", dice Zafallon.

Para completar, parte de las cantidades utilizadas para pagar a los magistrados, según el análisis de Justa, entra en el presupuesto estatal en forma de créditos adicionales: valores que no estaban previstos en el presupuesto original, aprobado por los diputados estatales, y que dependen únicamente de la voluntad del gobernador para ser concedidos. "Los gobiernos transfieren, a puerta cerrada, dinero extra a las instituciones que deberían supervisar y juzgar los abusos y omisiones del propio poder ejecutivo", dice Zafallon.

Según la investigadora, la estrecha relación entre los responsables de la administración de justicia y los gobernantes, responsables de la policía, ayuda a explicar por qué los fiscales y los jueces aceptan tan fácilmente las versiones presentadas por los policías contra los jóvenes negros acusados de tráfico de drogas, aunque hayan sido "montadas". Para ella, la política de justicia se reduce a "blindar a las élites y criminalizar a los pobres".

El precio de la represión

Toda guerra tiene un costo alto. Ya sea en términos económicos o en número de vidas perdidas. Ante esta situación, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Ciudadanía elaboró el estudio Drogas: cuánto cuesta prohibir, que analiza la cantidad de dinero que el Estado gasta para reprimir el uso y el comercio de drogas. Las cifras son enormes y demuestran lo costosa que es esta lucha para el erario público.

Con datos recogidos en São Paulo y Río de Janeiro, estados con los mayores índices de personas detenidas por drogas en el país, el estudio muestra un coste multimillonario empleado por estos gobiernos para intentar contener el avance de las sustancias prohibidas en sus territorios. Juntas, las dos administraciones públicas gastaron 5.200 millones de reales (1.000 millones de dólares) en un solo año de aplicación de la ley de drogas, incluyendo el gasto en la policía, el Ministerio Público, el Tribunal de Justicia, la Defensoría Pública, el sistema penitenciario y el sistema social y educativo.

"Analizamos todos los organismos que forman parte del sistema de seguridad, empezando por la policía, pasando por el Ministerio Público y el Poder Judicial, hasta llegar al sistema carcelario. A partir de eso, encontramos que en São Paulo, por ejemplo, se gastaron 4,2 mil millones de reales en 2017, y en el mismo período Río de Janeiro utilizó mil millones de reales de las arcas públicas", explica el coordinador del estudio, Athos Vieira.

La investigación compara cómo estos recursos gastados en la aplicación de la ley de drogas podrían invertirse en otras necesidades básicas de la población. En Río de Janeiro, la misma cantidad gastada en represión podría financiar a 252.000 estudiantes en escuelas secundarias o beneficiar a 145.000 familias durante un año en un programa de renta básica equivalente a la ayuda de emergencia pagada durante la pandemia. En São Paulo, permitiría mantener en funcionamiento dos hospitales públicos como el Hospital de Clínicas de la Universidad de São Paulo o construir 462 nuevas escuelas.

"En Río de Janeiro, la guerra contra las drogas ha adquirido las proporciones de una guerra civil, pero la gente sabe que en otras partes de Brasil las drogas funcionan como una capacidad de desarrollo económico. Lo que hace el prohibicionismo es reprimir una actividad comercial que existe desde hace siglos. Cuando el Estado decide no regular este mercado, deja la administración de este negocio en manos de grupos que están al margen de la ley", analizó Athos.

Estigmas

A pesar de haber disparado el número de personas detenidas por tráfico de drogas en Brasil, principalmente negros, la ley de drogas de 2006 no tuvo ningún efecto en restringir el consumo de sustancias ilícitas por parte de la población.

Según la Encuesta Nacional sobre Alcohol y Drogas realizada en 2012 por la Universidad Federal de São Paulo, el 6,8% de los brasileros ya había consumido marihuana al menos una vez en su vida. Cinco años después, la Fundación Oswaldo Cruz realizó un estudio similar y observó que el porcentaje de personas que habían consumido la hierba era del 7,7%.

Además de no reducir el consumo, la ley de drogas también arruinó la vida de muchos de los consumidores de drogas a los que pretendía proteger al teóricamente tratarlos con un enfoque de salud pública en lugar de uno policial.

Gente como Camila de Vale Rossatto. La policía acudió al departamento donde visitaba a su novio, en el centro de São Paulo, el 19 de agosto de 2020, luego de una denuncia por una pelea de pareja. Según el informe policial, ella estaba confundida y parecía estar bajo los efectos de drogas. En el lugar se incautaron 38 pequeñas bolsas de plástico con metanfetamina y 3 gramos de marihuana. Las evidencias parecían indicar que Rossatto tenía problemas con el abuso de drogas, pero la jueza Carla Kaari la hizo responder por tráfico de drogas.

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Camila Rossatto tomó su vida después de ser detenida por tráfico de drogas | Foto: Facebook

Después de un mes en prisión, fue puesta en libertad condicional y empezó a esperar su juzgamiento. El impacto del arresto en Rossatto fue grande. “Era una persona que no estaba involucrada en crimen, ella era solo una usuaria de drogas, que terminó siendo detenida porque estaba involucrada con este novio. Después de salir de la cárcel, parecía asustada y aprensiva. Siempre me preguntaba, angustiada, si la iban a detener de nuevo”, dice su abogado, Vinícius Bento. Hace dos meses, el 20 de abril, se suicidó. Tenía 22 años.

Creada en nombre de la preservación de la familia brasilera, la ley de drogas produjo un proceso de encarcelamiento masivo que ha dejado profundas cicatrices en innumerables familias. Rosa Maria da Silva, de quien hablamos al inicio de esta nota, dice que, hoy, solo tiene contacto con su hijo menor que la acompañó en la cárcel. Los otros cuatro mayores la rechazan por ser ex convicta. Su pasado tras las rejas es también una de las razones que le impide conseguir un trabajo en su campo.

“Soy cocinera, pero solo puedo conseguir trabajos actualmente como limpiadora, jornalera o cuando consigo algo de ropa para lavar. Tengo que aceptar cualquier servicio que surja. Ya es difícil conseguir trabajo para quienes no tienen antecedentes, y para las personas con antecedentes sucios, es peor".

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Rosa y su hijo con quien estuvo presa, hoy: ella lucha contra el estigma de ser ex-presidiaria | Foto: Rosa Maria da Silva / Ponte Jornalismo

Una Guerra Adictiva es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre las paradojas que han dejado 50 años de política de drogas en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Dromómanos, Ponte Jornalismo (Brasil), Cerosetenta (Colombia), El Faro (El Salvador), El Universal y Quinto Elemento Lab (México), IDL-Reporteros (Perú) y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

War on Drugs, War on Blacks

Created by a center-left government to decrease the number of people arrested for drug offenses, a 2006 drug law was used by police, prosecutors and judges to stimulate mass incarceration of the black population, becoming a Brazilian version of the Jim Crow laws in the U.S.

Gil Luiz Mendes – Ponte Jornalismo

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Paradox

The war that imprisoned the poor and black

June / 11 / 2021

The eighth of Natália Monteiro da Silva's 10 children was born convicted. Even before he came into the world, he was put behind bars by the war on drugs. His first days of life were spent inside a cell in the Women's Penal Colony in the city of Recife, in northeastern Brazil. On August 15, 2017, civil police officers went to his mother's house and took her away on charges of drug trafficking and association for drug trafficking. Natalia was 31 years old and in her seventh month of pregnancy.

"Right after giving birth, every woman wants to receive the affection of relatives and I didn't have that. I didn't have any relatives with me at that moment. Who was by my side right after the birth of my son was a prison guard," remembers Natália. She at least escaped being handcuffed at the moment of birth, a practice that affected many prisoners and that was only abolished by a federal law passed the year she was arrested. She was granted parole after spending a year and three months in the prison system. To this day, her case is still ongoing, with no date for a trial.

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Natalia Monteiro at the Women's Penal Colony in Recife, with her son who was born in prison, in 2017. Photo: Priscia Urpia/Exposição Ovelhas

Natália claims that she has never been involved in drug trafficking and that she was arrested for living in the same house where her former partner, and father of her son who was born in prison, hid drugs. For researcher and criminal execution judge Luís Carlos Valois, author of The Criminal Law of the War on Drugs, cases like hers are the most common when it comes to women's imprisonment for drug trafficking crimes. "This proportion of women arrested for drug crimes is because women spend more time at home. If you do a research only on home raid cases, you will notice the high number of arrests of women in relation to men. When police arrive and don't find the son or the husband, who own the drugs, it’s the woman who ends up arrested," he says.

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Infographics: Antonio Junião - Ponte Jornalismo
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Official sources differ on the numbers of prisoners in Brazil, but all analyses point to the current drug law, 11.343, passed in 2006, as one of the main factors for the acceleration of the process of mass incarceration of the Brazilian population. Since the law was passed, the prison population has increased by 254%, reaching the current number of 755,274 people deprived of liberty in Brazil, according to the Brazilian Public Safety Yearbook, compiled by the Brazilian Forum on Public Safety think tank. The number of people arrested for drug offenses increased by 156%. If until 2005 the number of people arrested for drug offenses was 9%, today that number is 29%.

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Infographics: Antonio Junião - Ponte Jornalismo

Black women, like Natalia, have been especially affected by the mass incarceration driven by the war on drugs. According to the National Penitentiary Department (Depen), although they account for 5% of all prisoners,65% of women in prison went behind bars based on the 2006 drug law. Black people, who in Brazil represent 56% of the population, make up 67% of those incarcerated. Before the current drug law, blacks were 58%, according to the Brazilian Public Safety Forum. That’s an increase of 378% in the black prison population, while the number of white prisoners rose by 239.5% during the same period.

Although Brazilian law and the Bangkok Rules of the United Nations recommend that pregnant women and women with small children receive house arrest, it is common that Brazilian courts decide to keep mothers, pregnant and lactating women behind bars. This was the case of Rosa Maria da Silva. Her fifth child was only one month old when the mother was taken to the same prison where Natalia and her baby were. Black, still lactating and arrested for selling crack stones at the age of 38, she entered the cell with her blouse still wet from milk coming out of her breasts.

Her son had to go to jail a few days later. Despite reporting that the baby had medical care and reasonable hygiene conditions during their time in prison, Rosa says that the confinement left sequels in the child that even today, four years later, still reverberate in his daily life.

"Sometimes his grandparents comment on something from this time. And he comes to ask me if I was in detention. He shows me his baby picture and asks me if he was in prison with me. I say no, but every now and then he hears this from his grandmother. He is only four years old, but he is a very intelligent child and in that phase where he repeats everything he hears," she says.

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Rosa with her newborn son in prison, in the city of Recife, 2017 | Photo: Priscia Urpia/Exposição Ovelhas

A road to hell paved with good intentions

By increasing the mass incarceration of the poor and black population, law 11.343 became the opposite of what it was intended to be.

Sanctioned by center-left president Luiz Inácio Lula da Silva, the new drug law was intended to be a progressive norm that would eliminate prison sentences for drug users. The intention was that users would be treated as persons needing care from the public health system and that drug dealers would have fewer resources to recruit youngsters into organized crime. The new law broke with a prohibitionist tradition that dated back to the 1930s and had gained strength in the 1970s, which created increasingly harsh punishments for everyone involved with drugs, including users, producers, and sellers.

The first drug law in the country was signed in 1921 by President Epitácio Pessoa, prohibiting "the sale of cocaine, opium, morphine and their derivatives”. In 1938, the government of dictator Getúlio Vargas issued a decree that, for the first time, also repressed the use of drugs, including marijuana. Possession and trafficking of narcotics were treated as crimes against public health from 1940 onwards.

The number of people imprisoned for drug-related crimes then increased during the military dictatorship that ruled Brazil from 1964 to 1985. Between 1964 and 1974, the total number of incarcerated people in Brazil went up from 19,771 to 30,683, according to the Statistical Yearbook of Brazil, published by IBGE. During this period, those arrested for involvement in drug trafficking or use increased from 517 to 2,135, a jump of 312%.

Brazil entered the war on drugs in 1976, with Law 6.368, that instituted "measures to prevent and repress illicit traffic and misuse of narcotic substances or substances that cause physical or psychic dependence”. This position was in line with policy adopted by the U.S. since 1971 under the Nixon administration, which made drugs the number one internal enemy of the country.

"The North American policy of repression was exported to all of Latin America. In Brazil, the military government took advantage of this moment to change the law by making users criminals. Before only the suppliers of drugs were considered offenders. This was certainly influenced by the United States," explains historian Athos Vieira, coordinator of the “Drugs How Much Prohibition Costs” project, from the Center for Studies on Security and Citizenship (CESeC) at Candido Mendes University.

In the 1980s, with the popularization of cocaine and the growth of its cocaine trade, together with the emergence of the first organized groups of drug traffickers in the country, the government began to further intensify the repressive character of drug policy. The Brazilian Constitution of 1988, implemented after the end of the dictatorship, defined drug trafficking as a "crime that cannot be punished by grace or amnesty", together with torture and terrorism.

The 2006 drug law sought to break with the punitive escalation of previous legislation by establishing the end of imprisonment for drug users. At the time, the proposal was considered too progressive by the most conservative wing of the National Congress. "The new anti-drug law that President Lula will sanction is very bad in relation to the drug user and the drug addict, because there is no punishment whatsoever. You can smoke. It is as if they had legalized drugs in Brazil," cried the pastor and gospel singer turned Senator Magno Malta, from the rostrum of the Federal Senate one day before Lula signed the law.

In fact, article 28 of the law states that drug users can only be punished with warnings, community service, or the obligation to attend educational programs or courses. Traffickers, however, fall under article 33, with sentences ranging from 5 to 15 years in prison. However, by not establishing clear criteria, such as the quantity of drugs, to differentiate users from traffickers, the legal text left room for stricter interpretations of the law.

In practice, differentiation has been made by police, prosecutors, and judges based on biases of race and social class. Researchers and activists point out that the police and the criminal justice system have begun to frame poor black drug users as drug dealers, turning the law into a tool to control the black population.

"This law was supposed to reduce the number of people in prison, but something that seemed like it would be good has turned into something bad because of this drug war environment that we live in," says judge and researcher Luiz Carlos Valois.

For lawyer and researcher Dina Alves, coordinator of the Department of Justice and Public Safety of the Brazilian Institute of Criminal Sciences (Ibccrim), the war on drugs has always persecuted black and poor people in Brazil, but the practice expanded after the 2006 law. "The policy of repression has been hitting this population for a long time. The image of this is the tragedy of mass incarceration. The new drug law of 2006 made the number of people arrested for the crime of trafficking increase a lot. This happens because of an intersection between race, class, and gender that drastically influences the number of prisoners that we have today in Brazil," he says.

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Prisoners crowded in Lucélia prison, in the state of São Paulo, after a rebellion, in 2018 | Photo: Ponte Jornalismo

Former president Lula, who sanctioned the drug law in 2006, has never publicly regretted the norm. When asked by this journalistic alliance, through his press office, he declined to comment. None of the presidents who came after him - Dilma Rousseff, of the same party as Lula, the right-wing Michel Temer, and the extreme right-wing Jair Bolsonaro - made any mention of changing it.

A lawsuit that seeks to modify the 2006 law and fully decriminalize drug use has been before the Supreme Court, Brazil's supreme court, since 2015, but the process has stalled. After six years, only three of the 11 justices have voted on the action, all in favor of decriminalization. Since 2019, the trial has been stalled and has no date to return to the court's agenda.

A Brazilian Jim Crow law

Lawyer Roberto Tardelli, who is white and for 31 years worked as a prosecutor in São Paulo’s Public Ministry, acknowledges that the application of the drug law follows racist criteria.

"There is one law and several interpretations, because it results from a sum of social stereotypes. If I'm caught with 30 grams of marijuana, nobody will think that I'm dealing, because I can say that this marijuana is for me. Now, if the same situation occurs in Capão Redondo [a poor, mostly black neighborhood in the outskirts of São Paulo], with a black person carrying the same amount, he or she will certainly be charged for trafficking," he explains.

The racist bias begins in the approaches made by the police on the streets, which originate most of the arrests and disproportionately affect the black population. 42% of low-income black men say that they have been the target of abusive approaches by the police, a percentage that falls to 34% among white men, according to research by the Locomotiva Institute. Concerning this, the commander of a Military Police elite unit in São Paulo has already declared that approaches in poor neighborhoods of white majority have to be "different" from the ones made in the black peripheries of the cities.

Living in a poor neighborhood, by itself, is accepted as proof in the courts that a person may be a trafficker rather than a drug user. In the state of Rio de Janeiro, in 75% of convictions over trafficking and association to trafficking, judges used the justification that the suspect was in a favela, a place they described as "dominated by a criminal faction," according to research by the Public Defender's Office of the State of Rio de Janeiro.

The numbers of drug seizures show that the vast majority of people arrested under the 2006 law are mere drug users or, at most, small dealers. In the state of São Paulo, half of the people arrested for marijuana trafficking carry up to 40 grams of the drug, according to a study by the NGO Sou da Paz. In Rio de Janeiro, 28% of cocaine "dealers" were carrying up to 20 grams of the drug, according to the Public Defender's Office.

Whoever is black and poor can be arrested for drug trafficking even without any drugs, as discovered, in 2019, by salesman Rogério Xavier Salles, then 32 years old. Arrested by military police officers while selling candies at a traffic light in the city of Osasco, in the metropolitan area of Sao Paulo, Salles was reported to the criminal justice system for carrying a substance that looked like cocaine. Even after tests showed that the substance was not a drug, the black vendor spent 28 days in jail. "Because they know that we are poor, that we live in the periphery, the police see us with different eyes," says Salles' mother, Maria Inês Xavier, who went to authorities and journalists to denounce the injustice and didn't rest until she saw her son free.

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Salles spent 28 days in prison on a false drug trafficking charge | Photo: Caio Castor / Ponte Jornalismo

Prosecutor Rodrigo César Coccaro, who indicted Salles for the crime of drug trafficking without drugs, said he had no regrets about the decision and reaffirmed that his indictment was correct, due to the fact that the defendant had previous trafficking convictions and because he was arrested in a city where drug trafficking is a "very frequent offense”.

Police officers need no evidence other than their own word to validate the arrest of a poor black person for drug trafficking. Three different studies conducted by the Center for the Study of Violence at the University of São Paulo, by the Public Defender's Office of the State of Rio de Janeiro, and by the judge and researcher Luís Carlos Valois pointed out that in 62% to 74% of drug trafficking convictions, the only witnesses heard throughout the entire process were the police officers responsible for the defendant's arrest.

Knowing how easily their word is accepted as the truth by courts when it comes to black and poor suspects, corrupt policemen carry drug portions in their cars that they use to "plant" with people they approach on the streets. If they agree to pay a bribe, called "arrego", they are released. If they don't want or can't pay, they are charged under article 33 of the drug law and answer for trafficking, facing sentences of up to 15 years. This happens with a little help from prosecutors and judges who have become accustomed to accepting the police's version of events without questioning it.

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"Red-handed kit" of drugs seized in police car, in 2017 | Photo: Ponte Jornalismo

Police departments have also seen cases of police officers arrested and expelled after being caught with drugs destined for extortion, known as "red-handed kits”. Last year, a São Paulo Military Police soldier caught with a "red-handed kit" admitted that he intended to "use the drug in occurrences”.

Black Brazilians targeted

Created with the goal of protecting public health, the drug law did harm to the health of many people. This was the case of Gabriel Prazeres Gomes, who died at the age of 19, on September 28, 2019, victim of a meningitis he contracted at the Provisional Detention Center of Osasco, where he was being held on suspicion of drug trafficking. Before being arrested, he had just realized his dream of buying a motorcycle and with it he had started working as a courier, struggling to realize a second dream, that of marrying his girlfriend. He didn't have time.

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Gomes died at age 19, of meningitis, in prison, without being tried | Photo: Gabriel Gomes' Family / Ponte Jornalism

According to his sister, Gomes was a frequent target of police approaches. "It was always the same policemen. Gabriel was very playful and didn't take things very seriously, and I think this irritated the police officers, maybe because he laughed at the wrong time," she says. She says that the policemen who approached Gomes threatened to "frame" the young black and poor man. This is a kind of threat that has been used often by police officers in the peripheries after the 2006 drug law: to frame young black men for drug trafficking by "planting" small amounts of drugs with them.

On July 31 of that year, according to the family, police officers carried out their threat and took Gomes to a police station. They said they had found 131.8 grams of drugs on him. The evidence was accepted by a prosecutor and a judge. He was taken to prison, where he died less than two months later, before being tried.

Although the Brazilian Constitution provides that pre-trial detention without a trial should be applied only in exceptional cases, in practice this type of detention has become the rule for poor and black young people. About 30% of the people in prisons are provisional detainees still awaiting trial. People like Gomes.

The enormous number of prisoners without trial makes the situation in Brazilian prisons even worse, as they usually hold twice as many people as there are vacancies available - in some northern states, such as Amazonas and Roraima, the capacity can be up to three or four times higher than the number of vacancies. The situation in the prisons is so precarious that it resembles those of an extermination camp. Between 2015 and 2018, an average of 1,550 people died in their cells, according to data from National Council of the Public Prosecutor's Office, most of them of "natural causes," that is, diseases caused by prison conditions, which one Justice Minister called "medieval."

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Interior of a prison in the Brazilian state of Acre | Credit: National Council of Justice

Thus, the deaths inside prisons add to those committed by the police on the streets, which in 79% of the cases affect only black people, to make up what several researchers, such as the actor and activist Abdias Nascimento, who died in 2011, call the genocide of the black Brazilian.

"There is no war without an enemy, and the goal of any combat is to eliminate the enemy. I’ts just that when we talk about the war on drugs, that enemy has been created by social stereotypes built up over years. And who is this enemy? It has always been those who are different from those in power. In Brazil those in the periphery," analyzes Roberto Tardelli.

This is what could explain how a law that was thought to imprison fewer people became yet another one used to repress the country’s black population, just like several others Brazil adopted since it abolished slavery in 1888.

Brazil was the country with the largest number of enslaved blacks in the Americas. Officially, the slave regime lasted 338 years and it is estimated that 4.8 million people were captured in Africa to be exploited during this period. This population suffered the harshest punishments and torture ever committed in Brazilian territory. These marks of punitivism and repression are present in society to this day.

After the abolition of slavery in Brazil, a mass of poor blacks without occupation continued to be persecuted by the State, even if they were free persons. The practice of capoeira, a mixture of martial art and dance practiced by former slaves, was made a crime by the criminal code promulgated in 1890, only two years after the signature of the Golden Law, the document which extinguished the slavery system in the country, and remained so until 1936. The same code introduced the crime of vagrancy, which was used until the 1980s as a tool to repress and imprison blacks and poor people who could not prove an occupation.

Who mandates arrests

The transformation of the 2006 drug law into a tool that fosters racism can be further explained by the characteristics of Brazil's criminal justice system.

The relationship of the agents involved in drug policy in Brazil differs little from the slave system that has formed the character of Brazil since colonial times. Those who are punished today in Brazil have basically the same profile as those who were punished in centuries past. Blacks, poor and marginalized.

Those who punish also follow, almost in majority, the same social pattern as those who defined the course of the lives of those who had come from Africa. They are men, white, and from traditional families. 77% of prosecutors are white, according to a study made by the Center for Studies on Security and Citizenship. Among justices, whites are 80%, according to the National Council of Justice.

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Associate Justices of the Court of Justice of São Paulo, in 2015 | Credit: Public use

"We can affirm that there are people who are practically born with the guarantee of a position in the highest courts in the country," says lawyer and researcher Luciana Zaffalon, executive director of the Justa think tank, which studies the Brazilian Judiciary.

Data from Justa indicate that among judges who work in the first instance, there are 7.4 white men for every black woman. Among the judges of the second instance or appeals sections, with more power to make decisions and define the policies of the judiciary, the lack of diversity is even greater. For each black female judge, there are 37.8 white judges.

In the relationship between those who judge and those who are judged, these two groups live completely opposite realities and one substantially defines how the life of the other will be, former prosecutor Roberto Tardelli points out. These distortions, according to him, become clear in the punitive measures that are taken in relation to drug crimes in the country.

"Today we have a generation that has always lived with perks, studied in the best schools, and lived in gated communities. Many of them didn't even live in a neighborhood with ordinary people. These small everyday things, these different interpersonal relationships, shape our view of the world. They live in a world where everyone looks alike, has double names, travels abroad. These people have never seen a poor person for most of their lives," says Tardelli.

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An inmate in a prison in Guareí, São Paulo state, in 2020. Photo: Daniel Arroyo / Ponte Jornalismo

According to the Justa platform, all judges are among the top 0.08% wealthy people in the country. A prosecutor or judge earns more than double compared to judges and prosecutors in Germany, for example. An average magistrate costs the Brazilian coffers R$ 50,900 (around US 10,090), according to 2019 data from the National Justice Council, an amount 48.7 times higher than a minimum wage. "It is a budgetary choice to enrich a few people at the expense of guaranteeing rights for the vast majority of the population," says Zafallon.

To top it off, part of the funds used to pay magistrates, according to Justa's analysis, comes from state budgets in the form of additional credits - amounts that were not foreseen in the original budget, approved by the state deputies, and whose granting depends solely on the governor's will. "Governments transfer, behind closed doors, extra money to the institutions that should supervise and judge abuses and omissions by the same executive branch," says Zafallon.

According to the researcher, the close relationship between those responsible for the application of justice and governors, who oversee the police, helps explain why prosecutors and judges so easily accept the versions brought by police officers against young black men accused of drug trafficking, even if the latter have been "framed”. For her, the justice system's policy boils down to "protecting the elites and criminalizing the poor”

The price of repression

Every war has a high cost. Be it financial or in terms of number of lives lost. In light of this situation, the Center for the Study of Security and Citizenship elaborated the study "Drugs: How much does it cost to prohibit," which analyzes the amount of money that the State spends on to repress the use and trade of narcotics. The numbers are huge and show how expensive this fight is to the public treasury.

With data collected in São Paulo and Rio de Janeiro, states with the highest rates of people arrested for drugs in the country, the survey shows a billion-dollar cost paid for by these governments to try to contain the advance of banned substances in their territories. Together, the two public administrations spent R$5.2 billion (US $1 billion) in just one year on drug law enforcement, taking into account funds allocated to the police, the Public Ministry, the Court of Justice, the Public Defender's Office, the prison system, and the socio-educational system.

"We analyzed all the agencies that are part of the security system, starting with the police, going through the Public Prosecutor's Office and the Judiciary, all the way to the prison system. From this we found that in São Paulo, for example, R$ 4.2 billion was spent in 2017, and in the same period Rio de Janeiro used R$ 1 billion from public coffers," explains the study's coordinator, Athos Vieira.

The study compares how resources spent on drug enforcement could be invested in other basic needs of the population. In Rio de Janeiro, the same amount spent on repression could fund 252,000 high school students or benefit 145,000 families, over the course of a year, in a basic income program equivalent to the emergency aid paid during the pandemic. In São Paulo, it would be enough to keep two major state hospitals like the University of São Paulo's Hospital das Clínicas running or to build 462 new schools.

"In Rio de Janeiro the war on drugs has taken on the proportions of a civil war, but we know that in other places in Brazil drugs function as a capacity for economic development. What prohibition does is repress a commercial activity that has existed for centuries. When the State decides not to regulate this market, it leaves the administration of this business in the hands of groups that are outside the law," analyzes Athos.

Stigmas

Even though the number of people arrested for drug trafficking in Brazil sykrocketed, mainly among black persons, the 2006 drug law had no effect in restricting the consumption of illicit substances by the population.

According to the National Survey on Alcohol and Drugs conducted in 2012 by the Federal University of São Paulo, 6.8% of Brazilians had already consumed marijuana at least once in their lives. Five years later, the Oswaldo Cruz Foundation conducted a similar study and observed that the percentage of people who had consumed the herb was 7.7%.

In addition to failing to reduce consumption, the drug law also ruined the lives of many of the drug users it intended to protect by theoretically treating them with a public health approach rather than a policing one.

People like Camila de Vale Rossatto. Police went to the apartment where she was visiting her boyfriend, in downtown São Paulo, on August 19, 2020, following a reported domestic fight. According to the police report, she was confused and appeared to be under the influence of drugs. Thirty-eight small plastic bags containing methamphetamine and 3 grams of marijuana were seized at the scene. The evidence seemed to indicate that Rossatto had problems with drug abuse, but Judge Carla Kaari held her accountable for drug trafficking.

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Camila Rossatto took her own life after being arrested for drug trafficking | Photo: Facebook

After a month in jail, she was released on probation and began to wait for her trial. The impact of the arrest on Rossatto was great. "She was a person who was not involved in crime, she was just a drug user, who ended up being arrested because she was involved with this boyfriend. After she got out of jail, she seemed scared and apprehensive. She always asked me, anxiously, if she’d be arrested again," says her lawyer, Vinícius Bento. Two months ago, on April 20, she committed suicide. She was 22 years old.

Created in the name of preserving the Brazilian family, the drug law generated a process of mass incarceration that has left deep scars on countless families. Rosa Maria da Silva, of whom we spoke at the beginning of this story, says that, today, she only has contact with her youngest son, who accompanied her in prison. The four older ones reject her because she is an ex-convict. Her past behind bars is also one of the reasons that prevents her from getting a job in her field.

"I am a cook, but I can only get jobs currently as a cleaner, day laborer or when I get some laundry. I have to take whatever service comes up. It's hard enough to get work for those with no background, and for people with dirty backgrounds, it's worse."

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Rosa and the son she was in prison with, today: she fights against the stigma of being an ex-convict | Photo: Rosa Maria da Silva / Ponte Jornalismo

Guerra às drogas, guerra aos negros

Criada por um governo de centro-esquerda para diminuir o número de pessoas presas por delitos ligados às drogas, lei de 2006 foi usada por policiais, promotores e juízes para estimular o encarceramento em massa da população negra, tornando-se uma lei Jim Crow em versão brasileira

Gil Luiz Mendes – Ponte Jornalismo

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Paradoxo

A guerra que aprisionou negros e pobres

11 / Junho / 2021

O oitavo, dos 10 filhos, de Natália Monteiro da Silva já nasceu condenado. Mesmo antes de vir ao mundo, foi colocado atrás das grades pela guerra às drogas. Seus primeiros dias de vida se passaram dentro de uma cela da Colônia Penal Feminina da cidade de Recife, no Brasil. No dia 15 de agosto de 2017, policiais civis foram até a casa da sua mãe e a levaram sob acusação de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Natália tinha 31 anos e estava no sétimo mês de gestação.

“Logo após o parto, toda mulher quer receber o carinho dos parentes e eu não tive isso. Não tive nenhum familiar comigo naquele momento. Quem estava ao meu lado logo após o nascimento do meu filho foi um agente penitenciário”, lembra Natália. Ela ao menos escapou de ser algemada no momento do parto, prática que atingia diversas presas e que só foi abolida por uma lei federal sancionada no ano em que Natália foi presa. Ela ganhou a liberdade condicional depois de passar um ano e três meses dentro do sistema prisional. Até hoje, seu processo ainda está em andamento, sem data para um julgamento.

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Natalia Monteiro na Colônia Penal Feminina de Recife, com o filho que nasceu na prisão, em 2017. Crédito: Priscia Urpia/Exposição Ovelhas

Natália alega que nunca teve envolvimento com o tráfico e que foi presa por morar na mesma casa onde seu ex-companheiro, e pai do filho que nasceu na prisão, escondia os entorpecentes. Para o pesquisador e juiz de execuções penais Luís Carlos Valois, autor de “O Direito Penal da Guerra às Drogas”, casos como o dela são os mais comuns quando se tratam de prisão de mulheres por crimes de tráfico. “Essa proporção de mulheres presas por crimes de drogas é porque a mulher passa mais tempo em casa. Se fizer uma pesquisa só de processos com invasão de domicílio vai se perceber o grande número de prisões de mulheres em relação a homens. A polícia chega e não encontra o filho ou o marido, que são os donos da droga, quem vai presa é a mulher”, afirma.

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Infográficos: Antonio Junião - Ponte Jornalismo
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As fontes oficiais divergem sobre os números de presos no Brasil, mas todas as análises apontam para a atual lei de drogas, a 11.343, aprovada em 2006, como um dos principais fatores para a aceleração do processo de encarceramento em massa da população brasileira. Desde a aprovação da lei, a população carcerária aumentou em 254%, chegando ao atual número de 755.274 pessoas privadas de liberdade no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do think tank Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número de pessoas presas por delitos ligados às drogas aumentou em 156%. Se até 2005 as pessoas presas por crimes ligados às drogas eram 9%, hoje o número chega a 29%.

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Infográficos: Antonio Junião - Ponte Jornalismo

Mulheres negras, como Natália, foram especialmente afetadas pelo encarceramento em massa impulsionado pela guerra às drogas. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), embora correspondam a 5% do total de prisioneiros, 65% das mulheres presas foram parar atrás das grades com base na lei de drogas de 2006. As pessoas negras, que no Brasil representam 56% da população, compõem 67% dos encarcerados. Antes da atual lei de drogas, os negros eram 58%, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um aumento de 378% na população carcerária negra, enquanto o número de presos brancos subiu 239,5% no mesmo período.

Embora as leis brasileiras e as Regras de Bangkok, da Organização das Nações Unidas, recomendem que mulheres grávidas e com filhos pequenos recebam prisão domiciliar, é comum que a Justiça brasileira decida manter mães, gestantes e lactantes atrás das grades. Foi o caso de Rosa Maria da Silva. Seu quinto filho tinha apenas um mês quando a mãe foi levada para o mesmo presídio onde estava Natália e o seu bebê. Negra, ainda lactante e presa pela venda de pedras de crack aos 38 anos, ela entrou na cela com a blusa molhada do leite que saia dos seus seios.

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Rosa com o filho recém-nascido na prisão, na cidade de Recife, em 2017 | Crédito: Priscia Urpia/Exposição Ovelhas

Seu filho teve que ir para a cadeia poucos dias depois. Apesar de relatar que o bebê teve amparo médico e condições razoáveis de higiene no período que estiveram na prisão, Rosa afirma que o confinamento deixou sequelas na criança que até hoje, quatro anos depois, ainda reverberam no dia a dia da criança.

"Às vezes os avós dele comentam algo desta época. E ele vem me perguntar se eu estava presa. Me mostra a foto dele bebê e pergunta se ele estava preso comigo. Eu digo que não, mas vez por outra ele escuta isso da avó. Ele vai fazer quatro anos ainda, mas é uma criança muito inteligente e está naquela fase que repete tudo o que ouve”, conta.

Um inferno cheio de boas intenções

Ao aumentar o encarceramento em massa da população pobre e negra, a lei 11.343 virou o contrário do que pretendia ser. Sancionada pelo presidente de centro-esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, a nova lei de drogas pretendia ser uma norma progressista, ao eliminar as penas de prisão para os usuários de drogas. A intenção era que o usuário fosse tratado como alguém que precisa ser amparado pelo sistema de saúde público e os traficantes teriam menos recursos para recrutar jovens para entrar para o crime organizado. A nova lei rompia com uma tradição proibicionista que vinha desde os anos 30 e que havia ganhado força na década de 70, que criava punições cada vez mais duras para todos os envolvidos com as drogas, incluindo consumidores, produtores, vendedores.

A primeira lei de drogas do país havia sido assinada em 1921 pelo presidente Epitácio Pessoa, proibindo “a venda de cocaína, ópio, morfina e seus derivados”. Em 1938, o governo do ditador Getúlio Vargas promulgou um decreto que, pela primeira vez, reprimia também o uso de entorpecentes, incluindo a maconha. A posse e o tráfico de entorpecentes passaram a ser tratados como crimes contra a saúde pública a partir de 1940.

Mas o número de pessoas presas por crimes relacionados a drogas aumentou durante a ditadura militar que dominou o Brasil de 1964 a 1985. Entre 1964 e 1974, o número total de encarcerados no Brasil aumentou de 19.771 para 30.683, segundo o Anuário Estatístico do Brasil, publicado pelo IBGE. Neste período, os presos por envolvimento com tráfico ou uso de entorpecentes aumentaram de 517 para 2.135, um crescimento de 312%.

O Brasil entra de fato na guerra às drogas em 1976, com a Lei 6.368, que institui “medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica”. Essa posição se alinhava à política adotada pelos Estados Unidos desde 1971, no governo Nixon, que fez as drogas passarem a ser o inimigo local número um do país. “A política de repressão norte-americana foi exportada para toda a América Latina. No Brasil, o governo militar aproveitou desse momento para alterar a lei colocando o consumidor como criminoso. Antes só os fornecedores de drogas eram colocados como infratores. Isso certamente foi uma influência dos EUA aqui”, explica o historiador Athos Vieira, coordenador do projeto “Drogas Quanto Custa Proibir”, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), da Universidade Candido Mendes.

A partir dos anos 1980, com o crescimento do comércio e popularização da cocaína, aliados ao surgimento dos primeiros grupos de narcotraficantes organizados no país, o governo passa a intensificar ainda mais o caráter repressivo da política de drogas. A Constituição brasileira de 1988, implantada após o fim da ditadura, definiu o tráfico de entorpecentes como “crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia”, ao lado da tortura e do terrorismo.

A lei de drogas de 2006 buscou romper com a escalada punitivista das legislações anteriores ao estabelecer o fim da pena de encarceramento para os usuários de drogas. Na época, a proposta foi considerada progressista demais pela ala mais conservadora do Congresso Nacional. “A nova lei antidroga que o Presidente Lula vai sancionar é muito ruim com relação ao usuário e ao dependente de drogas, porque não há punição nenhuma, absolutamente. Pode-se fumar. É como se houvessem legalizado as drogas no Brasil”, bradava, da tribuna do Senado Federal, o pastor e cantor gospel eleito senador Magno Malta, um dia antes da sanção da lei pelo presidente Lula.

De fato, o artigo 28 da lei prevê que os consumidores de entorpecentes só podem ser punidos com advertência, prestação de serviços à comunidade ou obrigação de comparecer em programas ou cursos educativos. Os traficantes, porém, são enquadrados no artigo 33, com penas que variam de 5 a 15 anos de prisão em regime fechado. Porém, ao não estabelecer critérios claros, como quantidade de drogas, para diferenciar usuários de traficantes, o texto legal deixou margem para interpretações mais rígidas da lei.

Na prática, a diferenciação passou a ser feita por policias, promotores e juízes com base em vieses de raça e classe social. Pesquisadores e ativistas apontam que a polícia e o sistema de justiça criminal passaram a enquadrar usuários de drogas pobres e negros como traficantes, transformando a lei em uma ferramenta de controle da população negra. “Essa lei era para diminuir o número de pessoas encarceradas, mas uma coisa que parecia que seria boa se transformou em algo ruim em razão desse ambiente de guerra às drogas que a gente vive”, define o juiz e pesquisador Luiz Carlos Valois.

Para a advogada e pesquisadora Dina Alves, coordenadora do Departamento de Justiça e Segurança Pública do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (Ibccrim), a guerra às drogas sempre perseguiu pessoas pretas e pobres no Brasil, mas a prática se expandiu com a lei de 2006. “A política da repressão atinge essa população há muito tempo. O retrato disso é a tragédia do encarceramento em massa. A nova lei de drogas de 2006 fez com que aumentasse muito o número de pessoas presas pelo crime de tráfico. Isso se dá através de uma interseccionalidade entre raça, classe e gênero que influencia drasticamente no número de presos que temos hoje no Brasil”, afirma.

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Presos aglomerados em presídio de Lucélia, no estado de São Paulo, após rebelião, em 2018 | Foto: Ponte Jornalismo

O ex-presidente Lula, que sancionou a lei de drogas em 2006, nunca se arrependeu publicamente da norma. Procurado, por meio da sua assessoria de imprensa, ele não quis comentar. Nenhum dos presidentes que veio depois dele — Dilma Rousseff, do mesmo partido de Lula, o direitista Michel Temer e o extrema-direitista Jair Bolsonaro — fez menção de modificá-la.

Uma ação que busca modificar a lei de 2006 e descriminalizar totalmente o uso de drogas corre no Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema brasileira, desde 2015, mas o processo está parado. Passados seis anos, apenas três dos 11 ministros do STF votaram na ação, todos favoráveis à descriminalização. Desde 2019, o julgamento está parado e sem data para voltar à pauta do tribunal.

Uma lei Jim Crow brasileira

O advogado Roberto Tardelli, que é branco e por 31 anos atuou como promotor no Ministério Público de São Paulo, reconhece que a aplicação da lei de drogas obedece a critérios racistas. “Existe uma lei e ela tem diversas aplicações, porque ela resulta de uma soma de estereótipos sociais. Se eu for pego com 30 gramas de maconha, ninguém vai pensar que eu estou traficando, porque eu posso dizer que essa maconha é pra mim. Agora, se a mesma situação se der no Capão Redondo [bairro pobre, de maioria negra, na periferia da cidade de São Paulo], com uma pessoa negra, portando a mesma quantidade, ela certamente será autuada por tráfico”, explica.

O viés racista começa nas abordagens feitas pela polícia nas ruas, que originam a maior parte das prisões e atingem desproporcionalmente a população negra. Mesmo entre pessoas pobres, 42% dos homens negros contam que já foram alvo de abordagens abusivas da polícia, porcentagem que cai para 34% entre os homens brancos, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva. Sobre isso, o comandante de uma unidade de elite da Polícia Militar de São Paulo já declarou que as abordagens nos bairros pobres, de maioria branca, têm de ser “diferentes” das que são feitas nas periferias negras das cidades.

Morar num bairro pobre, por si só, é aceito como prova, nos tribunais, de que a pessoa pode ser um traficante, e não um usuário de drogas. No estado do Rio de Janeiro, em 75% das condenações pelo Judiciário que somaram os crimes de tráfico e associação para o tráfico, os juízes usaram a justificativa de que o suspeito estava em uma favela, descrita como “local dominado por uma facção criminosa”, segundo uma pesquisa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Os números das apreensões de drogas mostram que a grande maioria das pessoas presas com base na lei de 2006 são meros usuários de drogas ou, no máximo, pequenos traficantes. No Estado de São Paulo, metade das pessoas presas por tráfico de maconha levam até 40 gramas da droga, segundo um estudo da ONG Sou da da Paz. No Rio de Janeiro, 28% dos “traficantes” de cocaína estavam com até 20 gramas da droga, conforme a Defensoria Pública.

Quem é negro e pobre pode ser preso por tráfico de drogas mesmo sem droga nenhuma, como descobriu, em 2019, o vendedor Rogério Xavier Salles, então com 32 anos. Detido por policiais militares quando vendia balas em um semáforo na cidade de Osasco, Salles foi denunciado à Justiça por carregar uma substância que parecia cocaína. Mesmo depois que os exames mostraram que a substância não era droga, o vendedor negro passou 28 dias preso. “Porque sabem que a gente é pobre, que a gente mora em periferia, os policiais veem a gente com outros olhos”, desabafa a mãe de Salles, Maria Inês Xavier, que procurou autoridades e jornalistas para denunciar a injustiça e não descansou até ver o filho livre.

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Salles passou 28 dias preso por causa de uma falsa acusação de tráfico de drogas | Crédito: Caio Castor/Ponte Jornalismo

O promotor Rodrigo César Coccaro, que denunciou Salles pelo crime de tráfico de drogas sem drogas, disse que não se arrependia da decisão e reafirmou que sua denúncia estava correta, pelo fato de o réu ter passagens anteriores por tráfico e por ter sido preso em uma cidade onde o tráfico de drogas é um “delito muito frequente”

Os policiais não precisam de outras provas, além da própria palavra, para conseguir validar a prisão de uma pessoa negra e pobre por tráfico de drogas. Três estudos diferentes, conduzidos pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e pelo juiz e pesquisador Luís Carlos Valois apontaram que, em 62% a 74% das condenações por tráfico de drogas, as únicas testemunhas ouvidas em todo o processo foram os policiais responsáveis pela prisão do réu.

Sabendo da facilidade com que sua palavra é aceita como verdade pelos tribunais quando se trata de suspeitos negros e pobres, policiais corruptos levam em suas viaturas porções de droga que usam para “plantar” com pessoas que abordam nas ruas. Se aceitam pagar um suborno, chamado de “arrego”, são liberadas. Caso não queiram ou não possam pagar, são enquadradas no artigo 33 da lei de drogas e respondem por tráfico, podendo encarar penas de até 15 anos. Isso com uma pequena ajuda de promotores e juízes que se acostumaram a aceitar sem contestar as versões policiais.

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“Kit flagrante” de drogas apreendido em viatura de policiais, em 2017 | Foto: Ponte Jornalismo

As polícias registram casos de policiais presos e expulsos da corporação por terem sido pegos com essas porções de drogas destinadas à extorsão, chamadas de “kit flagrantes”. No ano passado, um soldada da Polícia Militar de São Paulo, pego com um “kit flagrante”, admitiu que pretendia “usar a droga em ocorrências”.

Genocídio negro

Criada com o objetivo de proteger a saúde pública, a lei de drogas fez mal para a saúde de muita gente. Foi o caso de Gabriel Prazeres Gomes, que morreu aos 19 anos, em 28 de setembro de 2019, vítima de uma meningite que contraiu no Centro de Detenção Provisória de Osasco, onde estava preso por suspeita de tráfico de drogas. Antes de ser preso, havia acabado de realizar o sonho de comprar uma moto e com ela havia começado a trabalhar como motoboy, lutando para realizar um segundo sonho, o de casar com sua namorada. Não teve tempo.

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Gomes morreu aos 19 anos, de meningite, na prisão, sem ser julgado | Foto: Família de Gabriel Gomes / Ponte Jornalismo

Segundo sua irmã, Gomes era alvo frequente de abordagens policiais. “Eram sempre os mesmos policiais. O Gabriel era muito brincalhão e não levava as coisas muito a sério e eu acho que isso irritava os policiais, talvez por ele rir na hora errada”, conta. Ela conta que os policiais que abordavam Gomes ameaçavam “forjar” o jovem negro e pobre. Trata-se de um tipo de ameaça que passou a ser muito usada pelos policiais nas periferias após a lei de drogas de 2006: a de enquadrar jovens negros por tráfico “plantando” pequenas quantidades de drogas com eles.

Em 31 de julho daquele ano, segundo a família, os policiais cumpriram a ameaça e levaram Gomes para uma delegacia. Disseram que haviam encontrado 131,8 gramas de drogas com ele. A prova foi aceita por um promotor e um juiz. Alvo de uma prisão preventiva, foi levado ao cárcere, onde morreu em menos de dois meses, antes de ser julgado.

Embora a Constituição brasileira preveja que a prisão cautelar, sem um julgamento, deva ser aplicada apenas em casos excepcionais, na prática esse tipo de prisão se tornou uma regra para jovens pobres e negros. Cerca de 30% das pessoas nos cárceres são presos provisórios que ainda aguardam um julgamento. Gente como Gomes.

A enorme quantidade de presos sem julgamento faz piorar ainda mais a situação das prisões brasileiras, que costumam amontoar duas vezes mais pessoas do que o número de vagas disponível — em alguns estados do norte, como Amazonas e Roraima, a lotação pode ser até 3 ou 4 vezes maior do que o número de vagas. A situação dos cárceres é tão precária que lembra as de um campo de extermínio. Entre 2015 e 2018, morreram em suas celas em média 1.550 pessoas, segundo dados do Conselho Nacional do Ministério Público, a maioria de “causas naturais”, ou seja, doenças causadas pela condições prisionais, que um ministro da Justiça já chamou de “medievais”.

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Interior de uma prisão no estado brasileiro do Acre | Crédito: Conselho Nacional de Justiça

Assim, as mortes dentro das prisões se somam àquelas praticadas pelas polícias nas ruas, que em 79% dos casos atingem somente pessoas negras, para compor o que diversos pesquisadores, como o ator e ativista Abdias Nascimento, falecido em 2011, chamam de genocídio do negro brasileiro.

“Não existe guerra sem inimigo, e o objetivo de qualquer combate é eliminar o inimigo. Só que quando falamos da guerra às drogas esse inimigo foi criado por estereótipos sociais construídos durante os anos. E quem é esse inimigo? É desde sempre aqueles que são diferentes dos que estão no poder. No Brasil são aqueles que estão na periferia”, analisa Roberto Tardelli.

Assim, uma lei que foi pensada para prender menos pessoas tornou-se mais uma lei usada para reprimir a sua população negra, a exemplo de várias outras que o país vem adotando desde que aboliu a escravidão, em 1888.

O Brasil foi o país que teve a maior quantidade de negros escravizado nas Américas. Oficialmente o regime escravocrata durou 338 anos e se tem a estimativa que 4,8 milhões de pessoas foram capturadas na África para serem exploradas durante esse período. Essa população sofreu as mais duras penas e torturas já cometidas no território brasileiro. Essas marcas de punitivismo e repressão estão presentes na sociedade até os dias atuais.

Após a abolição da escravidão no Brasil o que se se viu foi uma massa de negros pobres, sem ocupação e que continuaram perseguidos pelo Estado, mesmo sob a premissa de serem pessoas livres. A prática da capoeira, misto de arte marcial e dança praticada pelos ex-escravizados, foi transformada em crime pelo código penal promulgado em 1890, apenas dois anos depois da assinatura da Lei Áurea, documento que extinguiu o sistema escravista no país, e assim permaneceu até 1936. O mesmo código introduziu o crime de vadiagem, que foi usado até os anos 1980 como uma ferramenta para reprimir e encarcerar negros e pobres que não pudessem comprovar uma ocupação.

Quem manda prender

A transformação da lei de drogas de 2006 em uma ferramenta de dominação racista pode ser explicada, ainda, pelas características do sistema de justiça criminal do Brasil.

A relação dos agentes envolvidos na política de drogas no Brasil difere pouco do sistema escravocrata que formou a caráter do Brasil desde o tempo da colônia. Quem é punido atualmente no Brasil tem basicamente o mesmo perfil daqueles que eram penalizados em séculos passados. Pretos, pobres e marginalizados.

Os que punem também seguem, quase majoritariamente, o mesmo padrão social daqueles que definiam os rumos da vida daqueles que tinham vindo África. Homens, brancos e de famílias tradicionais. 77% dos promotores e procuradores são brancos, segundo um estudo

realizado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Entre os magistrados, os brancos são 80%, conforme o Conselho Nacional de Justiça.

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Desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2015: brancos que encarceram negros | Crédito: Divulgação

“A gente pode afirmar que existem pessoas que nascem praticamente com a garantia de um cargo nas mais altas cortes do país”, afirma a advogada e pesquisadora Luciana Zaffalon, diretora executiva do think tank Justa, que analisa o Judiciário brasileiro.

Dados do Justa indicam que, entre os juízes, magistrados que atuam na primeira instância, há 7,4 homens brancos para cada mulher negra. Entre os desembargadores, magistrados de segunda instância, com mais poder de decisão e de definir as políticas do Judiciário, a falta de diversidade é ainda maior. Para cada desembargadora negra, há 37,8 desembargadores brancos.

Na relação de quem julga e de quem é julgado, esses dois grupos vivem realidades completamente opostas e um define substancialmente como será a vida do outro, aponta o ex-promotor Roberto Tardelli. Essas distorções, segundo ele, ficam claras nas medidas punitivistas que são tomadas em relação aos crimes de drogas no país

“Temos hoje uma geração que sempre conviveu com regalias, estudou nos melhores colégios e moraram em condomínios fechados. Muitos deles nem moravam em bairro com pessoas comuns. Essas coisas pequenas do cotidiano, essas diferenças relações interpessoais, que vão moldando a nossa visão de mundo. Eles vivem num mundo onde todos são parecidos entre si, têm nomes duplos, fazem viagens para fora do país. Essas pessoas nunca viram um pobre em boa parte das suas vidas”, diz Tardelli.

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Um detento em uma prisão de Guareí, no estado de São Paulo, em 2020 - Crédito: Daniel Arroyo/Ponte Jornalismo

De acordo com a plataforma Justa, todos os juízes fazem parte das 0,08% pessoas ricas do país. Um promotor ou juiz recebe mais do que o dobro em relação a juízes e promotores da Alemanha, por exemplo. Um magistrado custa em média aos cofres brasileiros R$ 50,9 mil, segundos dados de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, valor 48,7 vezes maior do que um salário mínimo. “É uma opção orçamentária de enriquecer poucas pessoas às custas da garantia de direitos para a grande maioria da população”, afirma Zafallon.

Para completar, parte dos valores usados para remunerar os magistrados, segundo a análise do Justa, entra no orçamento dos estados na forma de créditos adicionais — valores que não estavam previstos no orçamento original, aprovado pelos deputados estaduais, e que dependem unicamente da vontade do governador para serem concedidos. “Os governos transferem, a portas fechadas, dinheiro a mais para as instituições que devem fiscalizar e julgar abusos e omissões do próprio Executivo”, afirma Zafallon.

Segundo a pesquisadora, a relação íntima entre os responsáveis pela aplicação da Justiça com os governadores, responsáveis pelas polícias, ajuda a explicar porque promotores e juízes aceitam com tanta facilidade as versões trazidas por policiais contra jovens negros acusados de tráfico de drogas, mesmo que tenham sido “forjados”. Para ela, a política da justiça se resume em “blindar as elites e criminalizar os pobres”.

O preço da repressão

Toda guerra tem um custo alto. Seja financeiro ou em número de vidas perdidas. Diante dessa situação, o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania elaborou o estudo Drogas: Quanto Custa Proibir, que analisa o montante de dinheiro que o Estado gasta para reprimir o uso e o comércio de entorpecentes. Os números são grandiosos e mostram como é caro ao erário público esse embate.

Com dados coletados em São Paulo e Rio de Janeiro, estados com os maiores índices de pessoas presas por drogas no país, o levantamento mostra um custo bilionário empregado por esses governos para tentar conter o avanço das substâncias proibidas em seus territórios. Juntas, as duas administrações públicas gastaram R$ 5,2 bilhões em apenas um ano na aplicação da lei de drogas, levando em conta os gastos com polícias, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, sistema penitenciário, sistema socioeducativo.

“Analisamos todos os órgãos que fazem parte do sistema de segurança, começando nas polícias, passando pelo Ministério Público e o Judiciário, até chegar no sistema prisional. A partir disso verificamos que em São Paulo, por exemplo, foi gasto R$ 4,2 bilhões, em 2017, e nesse mesmo período o Rio de Janeiro utilizou R$ 1 bilhão dos cofres públicos”, explica o coordenador do estudo, Athos Vieira.

O levantamento faz um comparativo de como esses recursos gastos com a lei de drogas poderiam ser investidos em outras necessidades básicas para a população. No Rio de Janeiro o mesmo valor gasto com a repressão poderia custear 252 mil alunos em escolas do ensino médio ou beneficiar 145 mil famílias, ao longo de um ano, num programa de renda básica equivalente ao auxílio emergencial pago durante a pandemia. Em São Paulo daria para manter em funcionamento dois hospitais estaduais de referência como o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo ou construir 462 novas escolas.

“No Rio de Janeiro a guerra às drogas tomou uma proporção de guerra civil, mas a gente sabe que em outros lugares do Brasil as drogas funcionam como uma capacidade de fomento econômico. O que o proibicionismo faz é reprimir uma atividade comercial que existe há séculos. Quando o Estado decide não regulamentar esse mercado, ele deixa nas mãos de grupos que estão à margem da lei a administração desse negócio”, analisa Athos.

Estigma

Apesar de ter feito explodir o número de pessoas presas por tráfico de drogas no Brasil, principalmente negras, a lei de drogas não teve qualquer efeito na restrição do uso de substâncias ilícitas pela população.

De acordo com o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas feito em 2012 pela Universidade Federal de São Paulo, 6,8% dos brasileiros já haviam feito uso de maconha pelo menos uma vez na vida. Cinco anos depois, a Fundação Oswaldo Cruz fez um estudo semelhante e observou que a porcentagem de pessoas que fizeram uso da erva era de 7,7%.

Além de não diminuir o consumo, a lei de drogas também arruinou a vida de muitos dos consumidores de drogas que ela pretendia proteger, ao trata-los como uma questão de saúde pública, e não de polícia. Gente como Camila do Vale Rossatto. A polícia foi até o apartamento onde ela estava visitando o seu namorado, no centro da cidade de São Paulo, em 19 de agosto de 2020, após uma denúncia sobre uma briga de casal. Segundo o relato dos policiais, ela se mostrou confusa e aparentava estar sob efeito de drogas. No local, apreenderam 38 pequenos sacos plásticos com metanfetamina e 3 gramas de maconha. Os indícios pareciam indicar que Rossatto tinha problemas com o uso abusivo de drogas, mas a juíza Carla Kaari a enquadrou como traficante, com base na lei de 2006.

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Camila Rossatto tirou a própria vida após ser presa por tráfico de drogas | Crédito: Facebook

Após um mês presa, ela conseguiu liberdade provisória e passou a aguardar, apreensiva, pela conclusão do processo. O impacto da prisão sobre Rossatto foi grande. “Era uma pessoa que não tinha envolvimento com crime, era apenas uma usuária, que acabou entrando nessa por estar envolvida com esse namorado. Depois que saiu da prisão, ela aparentava estar sempre com medo e apreensiva. Ela sempre me perguntava, angustiada, se ela ia ser presa novamente”, relata o seu advogado, Vinícius Bento. Em 20 de maio, ela se matou. Tinha 22 anos.

Criada em nome da preservação da família brasileira, a lei de drogas produziu um processo de encarceramento em massa que produz marcas profundas que vem destruindo incontáveis famílias. Rosa Maria da Silva, de quem falamos no início desta reportagem, conta que, hoje, só tem contato com o filho mais novo que a acompanhou na prisão. Os outros quatro mais velhos a rejeitam por ser uma ex-presidiária. Seu passado atrás das grades também é um dos motivos que a impede de conseguir um emprego na sua área de atuação.

“Já é difícil arrumar emprego para quem não tem nenhum antecedente, e pra gente que tem a ficha suja é pior. Eu sou cozinheira, mas só consigo trabalhos atualmente como faxineira, diarista ou quando arrumo algumas roupas para lavar. Eu tenho que pegar qualquer serviço que aparece. Para não voltar a vender drogas.”

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Rosa e o filho com que esteve presa, hoje: ela luta contra o estigma de ex-presidiária | Foto: Rosa Maria da Silva/Ponte Jornalismo

Una Guerra Adictiva é um projeto de jornalismo colaborativo e transfronteiriço sobre os paradoxos deixados por 50 anos de política de drogas na América Latina, do Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Dromómanos, Ponte Jornalismo (Brasil), Cerosetenta (Colombia), El Faro (El Salvador), El Universal e Quinto Elemento Lab (México), IDL-Reporteros (Perú) e Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).