A lo largo de su carrera de 35 años en la Policía Nacional de Colombia, desde subteniente hasta general de cuatro soles, Óscar Naranjo Trujillo vivió muy de cerca la lucha contra las drogas. Hizo cursos antinarcóticos y de prevención del delito en Estados Unidos y de seguridad aduanera en Inglaterra. Como jefe de las direcciones de Inteligencia, de Investigación Criminal y Director General de esa institución persiguió el narcotráfico durante décadas, participando en múltiples estrategias para intentar derrotarlo y llevando a la práctica las políticas trazadas por el mundo desde hace más de 50 años.

Su fama transcendió fronteras, y el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo nombró asesor en seguridad y para promover la cultura de la legalidad. Aunque su paso por México fue corto y no estuvo libre de polémica, le permitió tener una visión comparada del tráfico de drogas en los dos países.

Su carrera tuvo luego un giro político inusual porque, poco después de retirarse como director de la Policía, el presidente Juan Manuel Santos lo nombró negociador en representación del gobierno que finalmente selló un Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, que condujo a la desmovilización de esta guerrilla. Además Santos lo nombró vicepresidente del país desde marzo de 2017 hasta que terminó su gobierno en agosto de 2018.

En días pasados, el general retirado publicó el libro Se creían intocables, sobre cómo bajo su liderazgo, fueron capturados diez narcotraficantes peligrosos. “Hoy, cuando se multiplican los argumentos para hablar de una guerra fallida contra las drogas, es un buen momento para rendirles tributo a las víctimas del narcotráfico y rescatar un nuevo enfoque para superar el problema que quedó plasmado en el Acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC”, escribe Naranjo en su libro.

Por contar con una combinación de experiencias tan particular, la visión de Naranjo sobre la guerra contra las drogas resulta reveladora. Esta investigación transfronteriza y colaborativa Una guerra adictiva, 50 años combatiendo las drogas lo entrevistó en profundidad por video y aquí presentamos algunos apartes de la conversación.

-- Ahora que cumple medio siglo esta guerra contra el narcotráfico, ¿qué políticas cree que deberíamos abandonar pues no funcionaron y cuáles, en cambio, se deberían ampliar o rectificar?

Óscar Naranjo: Después de estos últimos 50 años, que han estado marcados por la política prohibicionista, yo comparto la idea de que en términos de la producción, la demanda y el consumo de drogas, estamos frente a lo que se ha llamado una guerra fallida contra el narcotráfico. Sin embargo, Colombia tiene argumentos para decir que ese enfrentamiento al narcotráfico no fue estéril en términos de asegurar valores democráticos y derrotar a quienes han querido imponer un narco-estado.

Pero, francamente, después de 50 años, veo que hay una disfuncionalidad de la política antidrogas. Los decisores políticos no contaron -y no cuentan- con suficientes insumos provenientes desde la ciencia para tomar decisiones certeras. Escuchamos distintas versiones alrededor de la marihuana -que era adictiva, que no era adictiva, que era saludable- y la ciencia dejó al mundo político en una incertidumbre. Cuando se clarifican científicamente los efectos que produce la sustancia, la certeza para tomar decisiones políticas realmente empieza a aparecer.

--Pero también se han acumulado muchos fracasos…

Óscar Naranjo: La evolución de esta lucha se ha basado en lecciones de fracaso. Cuando se declara esta guerra contra el narcotráfico en los años setenta, se creía que era determinante confiscar drogas. Las autoridades en el mundo salimos a confiscar cargamentos de drogas ilícitas por montón. Con los años, nos dimos cuenta que no producía ningún impacto.

Entonces hubo una segunda decisión: hay que capturar a los jefes de las organizaciones de narcotraficantes. Y se dio esa batalla tan cruenta para neutralizar a Pablo Escobar, para capturar a los Rodríguez Orejuela. En México también se dio y en el mundo entero. Eso tampoco dio resultado. Entonces se dijo que hay que capturar a las organizaciones en general y las cárceles se nos llenaron de personas sindicadas o condenadas por narcotráfico. Y el problema persistió.

Luego al final se dijo, con bastante sentido común, que hay que atacar las finanzas y el lavado de activos provenientes de ese narcotráfico. Yo creo que esa es una vía correcta, pero es demasiado poroso el mundo para producir acciones efectivas que permitan luchar contra el lavado de activos. Y mientras todo eso ha pasado, hay una gran paradoja: creció la producción de drogas, creció el consumo, creció la violencia asociada al narcotráfico y creció la corrupción. Por lo tanto, estamos en un punto de inflexión para replantear nuevos paradigmas que permitan avanzar con el tema de drogas.

--También vemos que fue un problema que empezó en dos o tres países y ya prácticamente se volvió uno de todos los países de América Latina...

O.N.: Sí, creo que desde hace unos diez años hay una explosión de crimen organizado recurriendo a economías ilegales que compiten con los Estados y con la empresa legal. No solamente veo una proliferación de estructuras mafiosas alrededor del narcotráfico, sino que veo unos holdings criminales, donde se entremezclan la minería ilegal, el tráfico de personas, el narcotráfico o el contrabando, que hacen parte de una misma lógica criminal que -dada la incapacidad los Estados para atender las necesidades básicas de los ciudadanos- aparecen como competidores del Estado, no sólo lucrándose sino haciendo un gran esfuerzo por legitimarse ante la ciudadanía.

--¿Eso es verdad sobre todo en Colombia, no?

O.N.: En muchos lugares. Con motivo de la pandemia, en Italia, por ejemplo, volvieron a aparecer los “Robin Hoods” ofreciendo mercados. Lo de México con la organización del Chapo fue descomunal, ofrecirndo mercados marcados con su etiqueta. En Colombia, el Clan del Golfo procuró al principio hacer lo mismo, con poca visibilidad, pero lo hizo. Y en Argentina o Perú eso apareció también.

--Hablando específicamente de una política, la de aspersión con glifosato en Colombia, ¿recuerda quiénes fueron los que impulsaron esa idea? ¿Por qué hubo tanto énfasis en que la erradicación fuera con glifosato, aérea y forzada?

O.N.: El contexto de esa decisión estaba fundamentado en que no había condiciones en tierra, frente a un conflicto armado en el que había un crecimiento exponencial de la guerrilla, especialmente de las FARC, promoviendo los cultivos ilícitos y cuando el control territorial por parte de la fuerza pública era muy precario. Pensar que uno llegaba a esos territorios a erradicar manual y forzosamente o a erradicar con fines de sustitución de cultivos, era realmente imposible.

Lo otro es que se empezó a notar una proliferación de cultivos que combinaban la siembra de arbustos de coca con la siembra de amapola. Y en esa situación, digamos, la visión que teníamos las autoridades era que Colombia quedaba en el peor de los mundos: en las zonas de cordillera, a más de 1600-1800 metros de altura, estaban los cultivos de amapola y, en los valles, en la altillanura y en las riberas de los ríos, quedábamos a merced de los cultivos de coca. La incapacidad de la cobertura de la fuerza pública era grande. Por lo tanto, fue una decisión, en mi opinión, de contención de los cultivos. No apareció como una solución definitiva.

-- Muy pronto se vio que la aspersión con glifosato podía estar afectando el agua, dañando otros cultivos y además que la coca que se había erradicado volvía a ser sembrada rápidamente. ¿Entonces por qué se siguió insistiendo en la aspersión?

O.N.: En el año de 2007, siendo Ministro de Defensa Juan Manuel Santos y yo director de la Policía, se conoció la publicación del estudio de Daniel Mejía de la Universidad de los Andes, que llegó a la conclusión de que es mucho más efectiva -produce más impacto- la interdicción que la fumigación. Y a partir de ese momento, al interior de la Policía, le dimos mucho énfasis al tema de la incautación y de la destrucción de los laboratorios.

Tomamos también una decisión arriesgada que ya había tomado mi antecesor de manera un poco más reactiva: nos metimos a erradicar de manera manual. Eso significaba un costo muy grande porque hubo muchos muertos, heridos, mutilados en campos de erradicación. Pero, no obstante eso, dado que había una evolución en mejoría del control territorial y que ya se empezaba a notar a unas FARC, no replegándose, pero teniendo menos capacidad de movilización en el territorio, mi decisión fue: no nos vamos a conformar con la aspersión, sino que hay que llevar a erradicación manual.

-- ¿Por qué tomó esa decisión?

O.N.: La decisión se tomó en conjunto con el Ministro de Defensa, después de haber estado en campos cocaleros hablando con campesinos que me decían: “Usted vino a erradicarnos aquí con sus policías manualmente. Eso nos deja a nosotros aguantando hambre, pero se lo agradeceremos porque tenemos a alguien con quien hablar de este tema, porque llevamos veinte años en donde lo único que vemos son las avionetas que nos echan veneno y ¡no más!”.

Entonces a mí me pareció que la erradicación manual sí generaba una conexión para empezar a entender el problema. La aspersión aérea había llevado a las autoridades colombianas a una especie de zona de confort, donde los gobiernos tenían claro que esa no era la solución definitiva a las drogas, pero tomaban distancia del problema social con los campesinos y se refugiaban en el apoyo americano de la fumigación.

Durante mi administración salimos de la zona de confort. Salimos a ver a los campesinos y la verdad es que al final -ahí lo muestran las cifras- desde el 2007 que yo llegué al 2012 que salí se produjo la mayor disminución de extensión de cultivos ilícitos. Entregamos el país en 48 mil hectáreas. Yo se lo atribuyo a esa triple estrategia más un elemento, no controlado ni previsto, que fue la subida del precio del oro, que hizo que los campesinos mutaran a la explotación de minería ilegal y abandonaran los cultivos porque era más rentable el oro.

-- ¿También influyó el desmonte de la estructura paramilitar que existía y que producía y comerciaba cocaína en grandes cantidades?

O.N.: Sí, sí, hubo un impacto muy grande. El año 2008 fue el comienzo del derrumbe de algo que parecía inmanejable durante los últimos 30 años: se consolidó buena parte de las desmovilización paramilitar que había comenzado en 2006, se produjo el primer golpe al Secretariado de las FARC y se capturó a viejos y legendarios narcotraficantes que eran intocables. Y a partir de 2008, la dinámica cambió en el territorio. Claro, no del todo porque los reductos del paramilitarismo, que después bautizamos bandas criminales, hicieron una especie de diáspora por el territorio y mantienen viva aún hoy buena parte de la violencia.

-- Cuando dice que había una zona de confort, quiere decir que había una especie de inercia institucional frente a la aspersión de glifosato. Ya se sabía que podía hacer daño, que no era efectiva y, sin embargo, se siguió fumigando...

O.N.: Y volvemos a lo mismo. La discusión alrededor de los efectos del glifosato sigue sin dirimirse. Desde luego hoy son más sólidos los argumentos de que sí produce daño. Uno en el Gobierno, en esa época, estaba enfrentado a las dos tesis. Ahí había una batería de argumentos, que llegaban de Estados Unidos, que daban la certeza de que estábamos en lo correcto. Yo creo que los distintos gobiernos tomamos la decisión de fumigar sobre la base genérica de que el glifosato se usaba para todo y no había pruebas contundentes de que hiciera daño.

--¿Venía mucho desde la presión de Estados Unidos, entonces?

O.N.: Sí, claro. Cuando se nacionalizó el Plan Colombia y había que asumir el programa de aspersión, recuerdo que uno de los elementos de mayor discusión, controversia y concertación era cuál el componente molecular del herbicida que se iba a aplicar. Y eso terminó en que la FDA (la agencia estadounidense que vigila alimentos procesados y las drogas legales) solamente reconocía la partícula de Monsanto. No la china, ni otras.

-- ¿Por qué cree?

O.N.: Yo creo que no querían que una fórmula distinta, no conocida por ellos, llegara a producir daños, por fuera de su radar de control. También porque Monsanto ya había tenido el monopolio y era reconocida como la que más garantías daba al no daño.

--Cuando asume estos gastos Colombia en 2011, ¿qué tanto pesó en el presupuesto de la Policía?

O.N.: No fue tan pesado. Ahí hubo una transición bastante programada y organizada. Pero hubo diferencias entre las entidades. En el Ministerio de Defensa había preocupación porque el presupuesto destinado a erradicar manualmente debía ser limitado, pues valía mucha plata. Estados Unidos quería asegurar que la fumigación se mantuviera. Y en la Policía decíamos que esto necesita combinar las distintas herramientas (aspersión y erradicación manual), más el apoyo y la liberación de los helicópteros para golpear los laboratorios.

Fue una pelea dura, que al final ganó el Ministerio de Defensa. Desmontó los grupos de erradicación manual y luego los cultivos empezaron a crecer.

-- El gobierno Santos suspendió la aspersión con glifosato porque apareció el estudio de la OMS que dice que puede ser cancerígeno. ¿Fue así?

O.N.: Yo creo que la decisión se la debemos al presidente Santos y a su Ministerio de Salud, que ofreció por primera vez una visión más realista, objetiva y cruda sobre el efecto del glifosato.

-- El argumento del actual gobierno de Iván Duque es que cuando se suspendió la fumigación de coca, los cultivos se crecieron. ¿Es verdad?

O.N.: Hasta el 2012, había una doble combinación de erradicación manual y por aspersión. Después gradualmente, a partir de 2013, se disminuyeron los grupos de erradicación manual y hubo una interrupción de la aspersión por razones técnicas. Los aviones que fumigaban fueron a reparación como seis meses para que les reforzaran el blindaje, porque hubo un par de incidentes de ataques a la fumigación. Y durante ese período se disminuyó radicalmente la aspersión y la erradicación manual.

--Ahora el gobierno dice que la solución es resucitar la aspersión con glifosato. ¿Se justifica volver a eso?

O.N.: Es que las cifras no dan. Buena parte de los cultivos están en parques nacionales, otros están en resguardos indígenas, otros en zonas de frontera y otros cultivos están mezclados con los proyectos productivos de sustitución. ¿Dónde fumigas?

Fumigar 26 mil hectáreas al año, como anunciaron, no va a arreglar del problema, pero sí va a ser el detonante para exacerbar a una población que se siente traicionada porque no se cumple el Acuerdo de Paz que les prometió llevarles sustitución. ¿Para qué meterse en eso? Estaría de acuerdo con fumigar si en tres meses acaban los cultivos en Colombia, pero eso no va a pasar. Es que ya probamos y, después de fumigar desde 1994 hasta 2015 1.8 millones de hectáreas, sobre la base de que había que acabar con 130 mil hectáreas, y a pesar de todo eso, no logramos acabarlas. En el mejor de los casos estaban en 48 mil y a los dos años estaban en 100 mil.

-- Otra política clásica de esta guerra adictiva fue la extradición de nacionales. ¿Esta política tiene sentido seguirla hoy? ¿Cree que está funcionando para reducir el tráfico y la violencia?

O.N.: Creo que fue totalmente válido, necesario y muy importante para enfrentar los carteles de Medellín, Cali y del Norte del Valle, frente a una justicia nuestra tan débil y frente a una capacidad tan grande de esas organizaciones de arrinconarla. Luego tuvo sentido, pues interrumpió las carreras criminales de quienes pretendían suceder a esos narcos legendarios. Fue importante lanzar esa señal de 2004 al 2010. Yo me siento responsable de haber promovido esa campaña de extradición muy fuerte.

Pero luego hemos entrado a una tercera etapa donde se aplica la extradición de manera indiscriminada a los narcotraficantes en Colombia. Es decir, se perdió de vista el enfoque estratégico de uso del instrumento. Entonces se extradita desde al señor que comercializa como mula heroína hasta al gran capo. Esa extradición indiscriminada le sigue sirviendo a nuestros gobiernos para presentar los números de cooperación importantes, pero el impacto estratégico sobre el negocio del narcotráfico se ha diluido. Por otra parte, las penas que se le aplican a muchos de ellos se reducen con la colaboración y están transmitiendo la señal a los narcotraficantes colombianos de que es mejor ser extraditado que capturado aquí.

-- ¿Cómo lo vio en México, cuando estuvo allá asesorando al gobierno de Peña Nieto?

O.N.: Yo en México debo decir que valoré mucho el espacio que le dio a la extradición Felipe Calderón. México tenía que quedar cubierto y blindado frente a un delito como el narcotráfico, que es típicamente transnacional y que implica cooperación internacional. Me pareció bien que dieran los primeros pasos para extraditarlos. Pero creo que México no termina de creer en la extradición, entre otras cosas, porque la extradición como mecanismo de lucha contra el crimen transnacional ha entrado en decadencia por la figura europea -que es muy exitosa- de entrega inmediata. Cuando uno habla de extradición, lleva el mundo judicial al mundo diplomático y eso de da un estatus a esa delincuencia. Los europeos resolvieron eso con las entregas inmediatas. Usted está delinquiendo en mi país, lo capturo y se lo devuelvo allá a su país, sin problema.

--Su asesoría en México causó mucha polémica. ¿Es que allá por las dimensiones, se ve mejor, que las recetas que estamos aplicando para terminar el narcotráfico no están funcionando? ¿Después de lo aprendido en Colombia, qué pensaba que podría funcionar mejor en México?

O.N.: La experiencia que viví en México me llevó a la conclusión de que un problema grave que enfrentan es que operan a nivel local cerca de 1400 cuerpos de policía, más las policías de los estados, y que durante décadas no han consolidado una estructura de policía federal sostenible. En el gobierno de Calderón se fortaleció la policía federal. Luego en el gobierno de Peña Nieto se puso en marcha una gendarmería. Y en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador han empezado a desplegar una guardia nacional. Los tres modelos están muy caracterizados por una estructura militar.

Adicionalmente los desarrollos para estructurar cuerpos de inteligencia y de investigación antinarcóticos se han interrumpido periódicamente. El despliegue actual de la guardia nacional con un enfoque de presencia masiva en el territorio no es suficiente para enfrentar los carteles que, por años, han demostrado una gran capacidad basada en la aplicación indiscriminada de la violencia y la corrupción.

Creo que probablemente el mayor desafío que enfrenta México es consolidar su arquitectura funcional para luchar contra el crimen organizado, apoyada en servicios de inteligencia y de investigación judicial que se articulen. Por otra parte, la organización federal del Estado mexicano supone generar una gran capacidad de coordinación entre estados que en muchas ocasiones responden a los intereses de sus gobernadores.

De manera particular, por los celos entre las secretarias de Defensa, Marina e Interior, llegué a pensar que por momentos, bloqueaban la posibilidad de direccionar integralmente la estrategia antinarcóticos.

Dadas las características de la estructura de seguridad, y específicamente en materia policial, el propósito de homologar en términos profesionales y de integridad al más de millar de cuerpos de policía existentes, hace casi imposible ejercer una vigilancia preventiva sobre los funcionarios para evitar la corrupción.

-- Otra de las políticas es que Estados Unidos gastó millones en entrenar gente, pero muchas de esas figuras terminaron trabajando para los narcos o incluso integraron grupos de narcotraficantes, como por ejemplo Los Zetas. ¿Cuáles fueron para ustedes los casos más frustrantes donde eso pasó?

O.N.: Yo no creo que haber elevado la capacidad operacional de la fuerza pública y de fiscales y de jueces hubiese abierto una compuerta para la corrupción o para que el propio narcotráfico se valiera de esa capacitación contra los Estados e incrementar su capacidad para delinquir. Yo creo que hay casos, frustrantes, pero son excepcionalísimos. Si la policía colombiano no hubiera empezado ese proceso, yo creo que esta institución hubiera sucumbido a la corrupción estructuralmente. Ahí nació como una mística especial, ¿no? No soy muy objetivo porque hice parte de eso.

--Claro que sería absurdo decir que los entrenaron para los narcos, pero a sabiendas que esta es una guerra un poco perdida, como lo estamos viendo, pues lo obvio es que al entrenar gente, muchos terminen allá.

O.N.: Pues mientras no cambie la ley, mientras los paradigmas alrededor del narcotráfico no cambien, a un policía, un fiscal o un juez no puede pedírsele que sean quienes estén buscando nuevos paradigmas. Porque si se ponen a hacer valoraciones de si la ley es efectiva o no, dejan de cumplir con la aplicación de la ley. El único camino que tienen las policías es que, mientras la ley no cambie, hay que seguirla cumpliendo.

-- Pero hay países, como Brasil, donde la ley no penaliza el consumo personal de algunas drogas ilícitas y, sin embargo, miles han terminado encarcelados por poseer esas dosis personales o por pequeño menudeo en los barrios. Es decir la gente que paga cárcel es quien menos se puede defender. ¿No hay ahí una responsabilidad de quién la aplica?

O.N.: En caso colombiano y en otros países, aún sin que cambiara el paradigma que hoy soporta la lucha contra el narcotráfico, se podrían hacer cosas con una política criminal alejada del populismo punitivo que tenemos en una orilla y, en el otro extremo, alejada de la visión de que en América Latina se delinque porque la gente es pobre. Las dos, en mi opinión, son incorrectas. Una por decir que el delito se combate metiendo gente a la cárcel y que se pudra allí y la otra por decir que no hay que meterla en la cárcel porque hay una pobreza y delinquen por hambre.

-- ¿Entonces cuál sería una mejor aplicación del actual paradigma de combate a las drogas?

O.N.: Hay como tres niveles en esa tarea. Uno es disminuir la oferta a gran escala de drogas, eso hay que hacerlo. Otro es ver cómo esa oferta de drogas no produce violencia en el consumo interno y se mantiene dentro de unos límites tolerables y controlados de consumo. Y otro, ver como esos dos fenómenos no atacan la integridad institucional y corrompen la autoridad. Ese es el triple desafío. Y aquí, en cambio, terminamos metiendo al pequeño jíbaro a la cárcel.

-- El narcotráfico no se ha quedado quieto en estos 50 años. Se ha adaptado con gran flexibilidad para seguir operando, cambiando de productos de tráfico, camuflándose en guerras locales de índole ideológica y encontrando nuevas maneras de lavar sus réditos. No obstante, las políticas son las mismas: fumigación, extradición, cortar cabezas de capos. ¿Qué tendríamos que cambiar para enfrentar al crimen que se desprende de que vender drogas sea hoy ilegal?

O.N.: La política antinarcóticos sigue pensando que esto es simplemente un tema de unos criminales que se lucran del tráfico. La gran mentira de la política antidrogas es que se centra en un combate casi exclusivamente concentrado en drogas naturales, cuando realmente todas las evaluaciones muestran que el gran problema de las drogas son los fármacos y, al lado, las drogas sintéticas o de diseño. Pero esas parecerían intocables, al punto que Estados Unidos enfrentó esta tragedia de los opioides y sólo se dio cuenta tardíamente.

Llevo más de diez años viendo que el consumidor de drogas naturales es un consumidor vergonzante –ahora menos con la marihuana porque se ha legalizado en varios estados –, mientras que el consumidor de fármaco o de sintético no es vergonzante. Se tomó la pastilla y no pasa nada. No tiene que irse al baño a inyectarse heroína, no tiene que irse a aspirar cocaína debajo la mesa. Y no ser vergonzante en el consumo es lo que marca el paso definitivo para la legalización de facto de las drogas. Las drogas se están legalizando a pedazos.

-- No pareciera que los réditos de esos nuevos negocios de tráfico de drogas sintéticas, ni los viejos negocios de procesar drogas naturales hayan sido realmente perseguidos con la saña con la que se persigue a los pequeños traficantes, consumidores y campesinos cocaleros...

O.N.: Los informes que se hacen públicos desde hace 20 años hablan de billones de dólares que nadie sabe dónde están, ni cómo ingresan a las corrientes legales del sistema financiero. Ahí hay una gran casilla vacía.

Otro aspecto donde no se ha avanzado nada es en el mundo de los precursores químicos. Lo que han hecho los productores a gran escala para el procesamiento del clorhidrato de cocaína es producir su propia combinación de químicos. Desvían químicos que provienen de empresas legales y que terminan en esos laboratorios de producción artesanal. En Colombia por ejemplo, con la gasolina o el cemento, han logrado acelerar todo el procesamiento a una altísima calidad y ya el empleo de los ácidos es muy complementario. Eso está fuera de control.

-- El otro eslabón perdido, que nadie parece querer perseguir, son las armas, sobre las que se impone el imperio criminal. ¿Qué pasa ahí?

O.N.: Yo creo que en el caso latinoamericano, desde México hasta Argentina, el gran vacío son las armas. Hace como tres años les pedí, como gobierno, a otros países que me dieran la información sobre los traficantes de armas a gran escala que estaban condenados o sindicados. No conseguí ningún nombre. Una de mis grandes frustraciones es que no conseguimos judicializar y castigar a los grandes traficantes de armas.

-- ¿Por qué fue tan difícil?

O.N.: Porque hay una frontera un poco invisible con los países que producen en eso. Cuando aquí incautábamos un fusil austríaco, chino, ruso o americano y hacíamos la pregunta para la trazabilidad, la respuesta era inexistente o llegaba después de un año. Hay como un celo de los países productores de las armas, muy acompañados de sus autoridades. Y son esos países los que saben qué tanto desvío puede haber de armas y que tanto tráfico ilegal puede haber.

Pero esa información se comparte muy poco con América Latina. Aquí logramos hacia 2006 montar un centro de identificación de armas con ATF (la autoridad que regula las armas, el tabaco y los explosivos en Estados Unidos). El tema estaba tan poco atendido que ni siquiera teníamos el inventario y los especialistas para identificar las armas.

-- ¿Y con ese centro se ha podido controlar más la circulación de armas hacia criminales ya internamente en Colombia?

O.N.: Nosotros estamos en el peor mundo. Ni somos un país a lo americano, con su enmienda que permite portar armas, ni somos un país a la europea que prohíbe el porte de armas. Está probado de donde los particulares no tienen armas, la violencia, los homicidios caen dramáticamente.

-- ¿Cuándo la Policía o el Ejército le incauta un arma a un delincuente después se la subasta a cualquiera que la compre?

O.N.: Yo recuerdo mis cifras. La Policía en un año –más o menos el promedio entre 2007 y 2012 – sacaba de las calles cerca de 40 mil armas ilegales por año. Si uno calcula que lo que incauta normalmente la autoridad es el 20 por ciento del mercado negro que hay de cualquier producto, pues imagine cuantas armas andan circulando año a año. La pregunta era: estamos incautando las armas, pero no las municiones; de esas son mínimas. Mi pelea en la Policía fue, ¿dónde están las municiones para esas 40 mil armas?

-- Para cerrar, mirando el problema de las drogas en su conjunto, ¿al final qué cree que se puede hacer real y efectivamente para terminar los emporios criminales que viven de traficar con sustancias prohibidas como la cocaína?

O.N.: No es perfecto -y se le pueden hacer críticas- pero la solución al tema de las drogas en el Acuerdo de Paz que firmamos con las FARC en La Habana plantea una fórmula en la vía correcta. Allí no solamente nos referimos al tema de la sustitución de cultivos, sino de la necesidad de romper la cadena de valor del tráfico de drogas y especialmente de llevar capacidades judiciales al territorio, que es algo estructural y deficitario en América Latina. En esta región las unidades judiciales o policiales que combaten el narcotráfico se despliegan desde el nivel central, llegan al territorio y salen, pero realmente no hay una capacidad instalada permanente allí.

El Acuerdo además incluye el compromiso de perseguir más intensamente el lavado de activos y tener un enfoque de derechos humanos y salud pública para consumo. A mí me parece que el Acuerdo es lo suficientemente robusto como para poner en marcha una política, mientras no se resuelva globalmente el paradigma prohibicionista.