El experto antidrogas con pies de barro

La historia de cómo uno de los consultores más citados para argumentar que la aspersión de glifosato no le hace daño a las comunidades ayudó a sustentar esa política de Estados Unidos y Colombia durante una década, resultó con sus hallazgos cuestionados y su integridad en la función pública hecha trizas. Ahora que el gobierno colombiano quiere revivir la fumigación de la coca por aire con herbicidas, vale la pena recordarla.

Andrés Bermúdez Liévano - María Teresa Ronderos - CLIP

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Paradojas

El eterno retorno a la aspersión con glifosato

11 / Junio / 2021

En su larga saga de guerra contra las drogas, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos le han dado un protagonismo especial a la fumigación aérea con glifosato de los cultivos de coca. Durante más de dos décadas en las que han asperjado anchos territorios colombianos buscando destruir las plantas, que procesadas producen la cocaína que consumen los estadounidenses, han argumentado con ahínco que los herbicidas que dispersan por el aire no causa daño a las comunidades y los territorios donde éstos caen.

“Al principio no había ciencia cierta que contradijera esta apreciación de que el glifosato no hacía daño”, dijo el ex director de la Policía de Colombia, el general Óscar Naranjo, a este equipo periodístico. Por el contrario, los gobiernos de los dos países citaban con frecuencia, como si fuera la palabra definitiva en la materia, a la opinión experta de Camilo Uribe Granja, un prestigioso médico toxicólogo colombiano. Proveniente de una familia dueña de la Clínica de Toxicología Uribe Cualla, Uribe Granja además era perito experto en juicios que involucraban envenenamientos.

En 2001, la embajada de Estados Unidos en Bogotá lo contrató para conducir un estudio en el terreno en Putumayo, al sur del país. Con un resultado favorable a la aspersión, pues concluyó que la lluvia de glifosato no enfermaba a los seres humanos sobre los que caía, este informe fue central en la evidencia con la cual los dos estados avalaron dicha estrategia al menos hasta 2010.

El Estado colombiano -el único en el mundo que fumiga cultivos ilícitos- acudió regularmente al informe de consultoría de Uribe Granja para defender la aspersión forzada ante tribunales colombianos, en sus disputas con Ecuador e incluso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

El experto sin embargo no resultó tan sólido. Como lo revela esta investigación, su estudio, que en su momento no fue revisado ni avalado por pares científicos, fue cuestionado años después por las peculiares circunstancias en que se hizo (cinco meses después de la última fumigación en la comunidad estudiada).

Además, el toxicólogo fue condenado penalmente en 2010 y 2011 en dos procesos distintos que llegaron incluso a la Corte Suprema de Justicia, por delitos contra la administración pública y por estafa que cometió en 2002 y 2001 respectivamente. Es decir, que ocurrieron justo después de que Uribe Granja realizara su trabajo de consultoría y al tiempo que los dos gobiernos lo circulaban. Aunque estas condenas no se relacionan con su trabajo científico, dejan dudas sobre sus calidades éticas como experto citado por el gobierno.

Este hecho, que esta alianza periodística revela por primera vez, cobra relevancia en momentos en que la aspersión aérea con glifosato –un debate que marcó la política antidrogas de Colombia durante casi dos décadas- está de vuelta sobre el tapete.

El presidente colombiano Iván Duque insiste en el retorno de la fumigación aérea con glifosato para reducir las 154.000 hectáreas de cultivos de coca que existían en el país a finales de 2019, según el más reciente censo anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Para hacerlo, su gobierno tendrá que demostrar que asperjar la coca no causa impactos en la salud a las comunidades aledañas ni al ambiente, de acuerdo a los requisitos que le impuso la Corte Constitucional en 2017.

Estas reglas de juego más estrictas son, en parte, el resultado de un debate sobre los posibles efectos negativos del glifosato en la salud que se ha agudizado en años recientes en el mundo entero. Sobre todo desde que en 2015 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (Iarc) –brazo de investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- lo reclasificó como una sustancia probablemente cancerígena, lo que llevó al gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos a suspender su uso de manera preventiva.

El caso de Uribe Granja –quien hoy está detenido en la Cárcel La Picota de Bogotá y postuló sin éxito a la justicia transicional resultante del acuerdo de paz- permite cuestionar la legitimidad de uno de los expertos principales, cuyo trabajo fue avalado y usado por Colombia y Estados Unidos para defender políticas hoy cuestionadas, pese a que su autor estaba siendo en ese mismo instante investigado penalmente por corrupción y fraude.

Tras hablar con una veintena de personas, entre médicos, salubristas públicos, especialistas en consumo de drogas, ex funcionarios de la ONU, investigadores de política de drogas, líderes indígenas y cuatro ex ministros de relaciones exteriores, resulta evidente que Uribe Granja se benefició del baño de reconocimiento que le dio ese trabajo para obtener otros contratos de consultoría e incluso para ser postulado por el gobierno colombiano -y elegido- a un prestigioso cargo de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) de Naciones Unidas en Viena.

Uribe Granja renunció a su cargo en una agencia de las Naciones Unidas aduciendo “motivos personales”, según informaron fuentes a esta alianza periodística. En el momento de su renuncia, Uribe Granja ya contaba con antecedentes penales, sin que ese hecho fuese jamás revelado por el gobierno colombiano o publicado en medios. El experto llevaba años con los pies untados de barro, pero nadie se había dado cuenta.

Las viejas preocupaciones por el glifosato

Corría 2000. En medio de un turbulento cierre de siglo y de un fallido proceso de paz que tanto la guerrilla de las FARC como el Estado colombiano usaron para fortalecerse militarmente, el presidente colombiano Andrés Pastrana negoció con Estados Unidos un paquete de ayuda económica y militar -bautizado como Plan Colombia- para fortelecer la democracia en riesgo y luchar contra el narcotráfico. En la práctica, el plan se volvió una estrategia militar para impedir que las FARC se financiaran con los réditos del cultivo y tráfico ilicíto.

Uno de sus ejes fue el incremento de la aspersión aérea de coca con avionetas, una estrategia que se había intentado en Colombia en las dos décadas anteriores de manera intermitente y, con mayor brío, desde 1995. El gobierno aceleró la fumigación y creó un censo anual para ‘medir’ la coca, pero sus decisiones crearon tensiones con los campesinos cultivadores, quienes resentían que los asperjaban desde el aire y les destruían su sustento a la fuerza, pero no les daban apoyo alguno para desarrollar alternativas legales de subsistencia.

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Pablo Ángel Cuaran y los campesinos de Coopalmito en la vereda El Placer de Valle de Guamuez son una de muchas comunidades que sustituyeron coca en el frecuentemente fumigado municipio de Putumayo. En su caso lo hicieron por el palmito, muy apetecido en Francia. Foto: Andrés Bermúdez Liévano

El debate sobre qué hacer con la coca fue tan intenso que, en un momento, el mismo gobierno Pastrana consideró una propuesta de Estados Unidos de usar un hongo llamado Fusarium como control biológico de plagas, idea que terminó desechando por las alarmas que encendió en el sector ambiental en el país y en el exterior, según recordaron un experto en drogas y un ex ministro.

En esos momentos surgieron algunas de las primeras voces científicas que alertaron sobre posibles efectos del glifosato en la salud humana. Entre ellas estuvo la epidemióloga Dyva Revelo, funcionaria de la Secretaría de Salud de Putumayo (entonces llamada Dasalud), que recorrió tres municipios de ese departamento amazónico, fronterizo con Ecuador, en busca de datos y realizó dos estudios epidemiológicos de tipo descriptivo.

Tras recoger y evaluar 1400 formatos de quejas puestas entre noviembre de 2000 y febrero de 2001, Revelo concluyó que había un aumento estadísticamente significativo de varios síntomas médicos posterior a la fumigación de coca y recomendó la creación de un sistema de vigilancia epidemiológica para detectar posibles intoxicaciones con plaguicidas. La voz sobre sus hallazgos se regó y ella terminó presentándoselos primero a la embajadora estadounidense Anne Patterson -quien luego sería subsecretaria en el Departamento de Estado en dos ocasiones- en Bogotá y, luego, a funcionarios del Departamento de Estado y asesores del Congreso en Washington.

La suma de esas preocupaciones públicas llevaron a la embajada de Estados Unidos a decidir que contrataría a un experto independiente para evaluar los potenciales riesgos de la aspersión de coca a la salud humana.

Entrada en escena de un experto pro glifosato

Sin que sea claro cómo sucedió, el elegido fue Camilo Uribe Granja, quien era una figura conocida en el mundo médico desde hacía al menos una década y que con frecuencia hablaba en medios y conferencias.

Médico de la Universidad del Rosario y especialista en toxicología de la de Buenos Aires, Uribe Granja había combinado durante años trabajos en el sector público, médico y académico. Había sido -sumando datos dispersos de diversas fuentes- director del hospital de San Martín (Meta) y de toxicología en la Clínica de Marly, director de programas de salud de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), profesor de las universidades del Rosario y Javeriana, miembro de la Academia Nacional de Medicina y presidente de la Asociación Latinoamericana de Toxicología (Alatox). Sobre todo se le conocía como director científico del Centro de Asesoramiento Toxicológico Guillermo Uribe Cualla –luego rebautizado, más sucintamente, Clínica de Toxicología Uribe Cualla- cuyo nombre honraba a su abuelo pionero de la medicina forense en Colombia y director del Instituto de Medicina Legal.

“Era de los toxicólogos más importantes del país y muy activo en la Academia Nacional de Medicina”, recuerda el médico y salubrista público Jaime Arias Ramírez, quien fue ministro de Salud en los años ochenta y coincidió con él en la asociación médica.

Aunque Uribe Granja no era un experto en salud pública o conocido por hacer estudios en terreno, ya había tenido una conexión con temas de política de drogas. Por su trabajo como toxicólogo, había atendido muchos casos de emergencia por sobredosis y, gracias a eso, era citado con frecuencia como experto en adicciones y consumo problemático.

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Uribe Granja en el congreso regional de toxicología clínica en Pasto, en mayo de 2015. Video: Universidad Cooperativa de Colombia

Sin embargo, su mayor impacto en la política de drogas no lo tuvo en el campo de la dependencia a éstas.

La embajada de Estados Unidos -a través de su Sección de Asuntos Narcóticos (NAS)- terminó eligiendo a Uribe Granja, quien había hecho una ficha toxicológica del glifosato y estaba en ese momento realizando otro informe sobre aspersión pagado por los estadounidenses en el municipio nariñense de Tablón de Gómez, que por muchos años tuvo cultivos de amapola usados para producir heroína.

En ese primer informe de septiembre de 2001, el médico analizó los historiales clínicos de 21 personas que habían sido atendidos por problemas de salud durante la segunda mitad del año anterior, cuando el montañoso resguardo indígena de Aponte había sido fumigado al menos 15 veces. Sin visitar Tablón de Gómez, aunque entrevistando a cuatro profesionales de la salud en Pasto y al médico rural que compiló los casos por teléfono, Uribe Granja concluyó que la mayoría no tenía relación con la aspersión y que únicamente en cuatro no se podía descartar la exposición a pesticidas, aunque -a su juicio- la información sugería otras causas. (Paradójicamente, en el resguardo estudiado no parecen conocerlo. “Del informe nunca había oído, ni de él ni de la clínica. Sí recuerdo al médico rural, José Tordecilla, que mostró preocupación de que la aspersión podía estar afectando a niños, pero no le creyeron”, dice Hernando Chindoy, el ex gobernador de los inga que dos años después lideró la premiada transición de su resguardo de la amapola al café especial).

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Indígenas inga del resguardo de Aponte -cuyo impacto en la salud por aspersión Uribe Granja estudió, sin ir- celebran el Atun puncha, festival en que le piden perdón a la tierra por el daño que le hicieron cultivando amapola. Foto: Andrés Bermúdez Liévano

Entre el 10 y el 20 de junio de 2001, un mes después de visitar Pasto para el otro estudio, el toxicólogo y su equipo viajaron a los municipios de San Miguel, Orito y Valle del Guamuez en Putumayo, cerca a la frontera con Ecuador. Recorrieron nueve veredas donde los pobladores habían instaurado quejas, convocándolos a brigadas de salud y pidiéndole a 488 de ellos que llenaran cuestionarios médicos. También tomaron 206 pruebas de sangre y 489 de orina, para detectar la presencia de glifosato y paraquat.

En su estudio bilingüe de 60 páginas, titulado “Supuestos efectos del glifosato en la salud humana”, Uribe Granja concluyó que “no pueden establecer que las aspersiones aéreas con glifosato realizadas por la DIRAN (la Policía Antinarcóticos) entre diciembre de 2000 y febrero de 2001 son las causales de las enfermedades y otros problemas de salud informados por la población el Putumayo”. Entre las razones que cita están el hecho de que las tasas de prevalencia de enfermedades no habían cambiado en el tiempo allí (ni en comparación con dos municipios similares no fumigados), que las pruebas de sangre arrojaron niveles promedio de colinesterasa y que quienes dijeron haber estado expuestos al glifosato asperjado estuvieron a más de cinco metros de distancia (que, según el informe, es el alcance máximo de la deriva de las avionetas). De hecho, anotó, “los datos muestran que existen muchos otros factores que contribuyen a los problemas de salud en esta área”, sobre todo el uso indiscriminado de otros herbicidas más tóxicos, en muchos casos en los mismos cocales.

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Informe de Uribe Granja estuvo publicado en la página de la Embajada de Estados Unidos al menos hasta 2016, según confirma el Internet Archive Wayback Machine.

Sin embargo, el propio informe advierte sobre sus limitaciones: que, por haberse hecho el trabajo de campo cinco meses después de las fumigaciones, no puede ser prospectivo -el ideal- sino retrospectivo. Este tipo de estudio posterior, explica, “no permite al investigador establecer ni descartar una relación entre la exposición a una sustancia dada y las manifestaciones clínicas debidas a su exposición, y tampoco la formulación de una hipótesis plausible para la explicación de un fenómeno de morbilidad atribuible a los efectos de introducción de una sustancia química de bajo potencial tóxico como es el herbicida glifosato”.

Quien llevó a campo a Uribe Granja y su equipo fue justamente Dyva Revelo. Por petición de la embajada de Estados Unidos, la epidemióloga pidió permiso en su trabajo y los acompañó, ya que conocía la zona y a los promotores de salud rural que estaban a su cargo. Dos décadas después, Revelo le contó a esta alianza periodística que, pese a haber sido una de las primeras personas en alertar sobre posibles riesgos, jamás recibió copia del informe cuyo trabajo de campo ella misma facilitó. Se enteró que existía, recuerda, en Washington un año después.

A pesar de la reputación de Uribe Granja como toxicólogo y experto en lidiar con casos de sobredosis, tres médicos coinciden en que ese trabajo requería un esfuerzo de vigilancia epidemiológica sostenido en el tiempo y un equipo interdisciplinario más amplio.

“Yo no cuestiono su idoneidad, pero el estudio no daba para eso”, dice Luis Jorge Hernández, médico salubrista y director epidemiológico del proyecto Covida de la Universidad de los Andes. “Adolece de debilidades conceptuales, de diseño tanto metodológico como epidemiológico y de interpretación de resultados, por lo que al final no permite generar evidencia”.

“Él era reconocido como toxicólogo clínico, no de salud pública”, dice el ex ministro Jaime Arias, quien estudió salud pública en Harvard y es hoy el rector de la Universidad Central. “Que yo sepa nunca había hecho trabajo de terreno”, añade Augusto Pérez, quien lideró el programa del gobierno Pastrana para afrontar el consumo de drogas y dirige la Corporación Nuevos Rumbos en esos mismos temas. Para él, Uribe Granja podría haber sido parte de un equipo más amplio dado que podía, por ejemplo, establecer el origen de manchas en la piel.

Para el epidemiólogo Hernández, el informe de Uribe Granja únicamente podría inscribirse en una ‘primera generación’ de estudios en salud pública: la que busca identificar a quienes murieron o enfermaron, para entender si había una incidencia del glifosato en la mortalidad y la morbilidad. Pero se queda corto en otras dos modalidades medulares: ni valora la exposición poblacional y ambiental a la sustancia, ni analiza muestras de tejidos -o biomarcadores- que permiten detectar anomalías.

“Es un estudio con limitaciones propias de la época en que se realizó. No era pertinente utilizarlo como evidencia para una decisión de política pública sobre glifosato, como en efecto ocurrió”, añade.

El informe empieza a viajar

Aunque el informe de Uribe Granja aparece fechado en diciembre de 2001, el gobierno de Colombia lo había usado antes fuera del país para respaldar su tesis de que la fumigación no era peligrosa.

El 15 de noviembre de 2001, el embajador colombiano en Ecuador, Eliseo Restrepo, le envió una carta a Galo Plaza Pallares, hijo de un ex presidente ecuatoriano del mismo nombre y por ese entonces ministro de agricultura y ganadería en el gobierno de Gustavo Noboa. “Este informe es muy importante porque presenta un análisis objetivo y ponderado sobre un problema que, desgraciadamente, ha sido objeto de juicios y desinformación”, escribió Restrepo, ex presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, en una carta que la Cancillería adjuntó traducida en la ‘contramemoria’ con la que respondió a la demanda de Ecuador años después en la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

Por “juicios y desinformación”, Restrepo se refería a las preocupaciones en Ecuador de que el glifosato pudiese, por efecto de la deriva de las avionetas que lo lanzaban y del viento, terminar cruzando la frontera, dañando cultivos de ecuatorianos o afectando su salud.

Dos años más tarde, el gobierno de Álvaro Uribe también acudió al informe de Uribe Granja para tranquilizar a Ecuador, esta vez a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 12 de noviembre de 2003, la canciller Carolina Barco se lo mandó a su homólogo Patricio Zuquilanda, junto con otros tres documentos, en respuesta a una solicitud del gobierno de Lucio Gutiérrez de recibir “copia de los estudios de impacto ambiental y epidemiológico, los informes posteriores a las fumigaciones e información relativa a las zonas fumigadas”, según consta en otra carta que Ecuador adjuntó en su ‘memoria’ a la corte en La Haya.

A pesar de que esos documentos oficiales fueron presentajos al tribunal internacional, la Cancillería colombiana aseguró a esta alianza periodística -en respuesta a un derecho de petición- que “no se encontró en los archivos e inventario documental del Ministerio documentos relacionados con el envío o distribución del citado estudio entre el año 2001 y el año 2021”.

En paralelo, el gobierno colombiano también usó el informe de Uribe Granja, para hacer frente a procesos judiciales en Colombia por el uso del glifosato. En la respuesta a una acción popular contra el Ministerio de Ambiente que instauraron los abogados ambientales Claudia Sampedro y Alfredo Suárez en 2003, que inicialmente fue fallada a su favor por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pero que al año siguiente fue desestimada por el Consejo de Estado, el Gobierno lo usó como baza para argumentar que no había efectos.

En su apelación a la primera decisión, la Dirección Nacional de Estupefacientes acudió al informe de Uribe Granja, a quien describió como “el científico más importante que hay en Colombia en asuntos de toxicología”. El argumento de la agencia gubernamental, según la transcripción que hizo el proyecto MamaCoca, era que el texto “no deja duda ninguna de que si la fumigación puede producir algunos síntomas menores de molestias en la piel o en los ojos, son moderados y pasajeros y en ningún caso afectan la salud humana”, pese a que eso no era lo que afirmaba el estudio.

El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada, también usó el informe de Uribe Granja buscando zanjar las controversias. En una columna publicada en El Tiempo, el diario de mayor circulación nacional, el embajador William Wood argumentó que “numerosos estudios científicos independientes han demostrado que no hay ningún efecto nocivo para la salud humana por parte del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia”.

Citó uno solo: el de Uribe Granja, que había financiado su propia embajada. “Así se demostró en el estudio realizado en el departamento de Putumayo en el año 2001 por la Clínica de Toxicología Uribe Cualla de Bogotá, dirigido por el doctor Camilo Uribe Granja, médico toxicólogo reconocido nacional e internacionalmente”, escribió Wood, quien sucedió a Anne Patterson como embajador durante la segunda fase del Plan Colombia.

Acto seguido, Wood explicó que él mismo usaba glifosato en su jardín en Washington y que, ocasionalmente, le caía en las manos y la cara sin causarle ningún daño.

Los líos legales del experto

Un mes antes de que apareciera publicado su informe y dos semanas antes de que Colombia lo mandara al gobierno ecuatoriano por primera vez, Uribe Granja ya había ascendido.

El 1 de noviembre de 2001, el gobierno de Andrés Pastrana lo nombró director del Invima, la agencia pública de regulación de medicamentos, en cuya comisión revisora de productos farmacéuticos ya había estado y que lideró hasta el 13 de agosto de 2002, cuando el nuevo gobierno de Álvaro Uribe lo reemplazó.

También empezó a cosechar los frutos de su trabajo, posicionándose como experto en política de drogas y ya no solo como toxicólogo. Varios documentos oficiales lo presentan como consultor externo de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) durante el gobierno de Uribe, que llevaba la batuta en casi todos los temas antidrogas.

En 2005, el mismo gobierno Uribe lo postuló como integrante de la Jife, un órgano independiente que monitorea la manera cómo los Estados cumplen con los tratados de control de drogas de Naciones Unidas y que tiene su asiento en Viena.

Sin embargo, para esa fecha sus problemas ya habían arrancado. Los hechos por los que recibió su segunda condena penal, en diciembre de 2011, comenzaron un par de semanas después de entregar su informe sobre los nulos efectos del glifosato en la salud, en un caso ligado a su paso por el Gobierno nacional.

El 31 de diciembre de 2001, cuando cumplía dos meses al frente del Invima, Uribe Granja pactó la compraventa de un edificio en Fontibón para trasladar la sede central de la entidad y, dos meses después, selló el negocio en una notaría por $4.000 millones de pesos, según la reconstrucción de los hechos que hace una sentencia del Consejo de Estado.

Sin embargo, el valor comercial de los tres lotes contiguos, conocidos como La Pielroja, resultó siendo de $1.981 millones. Eso determinó el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá, que le recriminó por haber pactado la compraventa usando el avalúo de una firma privada, cuando la ley le exigía un peritaje previo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) estatal por tratarse de una entidad pública. Uribe Granja adujo que solicitó ese avalúo, pero que había llegado demasiado tarde.

En junio de 2004, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por la compra del lote. Luego, en diciembre de 2006, la Contraloría General de la República falló en contra de Uribe Granja en un proceso de responsabilidad fiscal por 2.580 millones de pesos, según consta en el sistema de antecedentes fiscales de ese organismo de control.

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Cinco años más tarde, el 12 de diciembre de 2011, un juez lo condenó a 82 meses de cárcel y a pagar una multa de $2.000 millones de pesos, por peculado por apropiación y celebración de un contrato sin cumplimiento de los requisitos legales (en una decisión en la que también condenó al vendedor Esteban Rangel Vesga de Inversiones Rangel Amado). El Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo diez meses más tarde y la Corte Suprema de Justicia, en enero de 2014, no admitió una demanda de casación presentada por su abogado.

“Aun partiendo de que la actuación del señor Uribe Granja hubiera sido de buena fe –lo que está más que desvirtuado–, no es posible justificar que un gestor del presupuesto público, ante la palmaria diferencia en los valores de los avalúos conocidos procediera a pagar una suma que duplicaba la determinada por el IGAC como precio del inmueble adquirido”, dijo otra sentencia del Consejo de Estado, que en 2017 obligó al médico a reintegrar –junto con los otros condenados- la suma perdida. “Tan graves y patentes desconocimientos de los reglamentos de la gestión pública que se adelantaba, todos en detrimento económico de la entidad, no permiten conclusión distinta a la presencia de un acto de corrupción, en el que se pretendió y logró defraudar el patrimonio de la entidad que el señor Uribe Granja dirigía en suma superior a los $2.000.000.000 de la época”.

No había pasado un mes desde que Uribe Granja cerró la compraventa del Invima por la que terminaría condenado, cuando formó parte de otro negocio que fue llevado a la justicia por las autoridades locales de Bogotá: en este caso se trató de un negocio médico privado en el que, según determinó un juez, suplantó de manera fraudulenta a otra empresa socia.

Esa historia también comenzó en momentos en que el toxicólogo trabajaba en su informe de consultoría para la Embajada de Estados Unidos. En octubre de 2001, la Secretaría de Salud de Bogotá otorgó el edificio de la Clínica Fray Bartolomé de las Casas en el norte de la capital en arriendo al único proponente que se presentó a su invitación pública. Era una unión temporal integrada por cinco entidades: la Clínica Uribe Cualla de Uribe Granja, la Clínica Rada del médico Sergio Rada Rodríguez (conocido por su método para adelgazar), la empresa Asesorías Administrativas Hospitalarias Facsalud Ltda, el Centro de Especializaciones Neurológicas (CEN) Ltda y el Hospital El Tunal. Uribe Granja y Rada eran los representantes legales.

Ese negocio recibió un golpe en abril de 2002, cuando el Concejo de Bogotá expresó su preocupación de que el Hospital El Tunal -una entidad pública local- pudiera terminar respondiendo con sus recursos por las obligaciones de sus socios. A raíz de ese control político, Uribe Granja y Rada comenzaron a conversar con la empresa Fresenius Medical Care Colombia S.A., filial de una multinacional alemana del sector salud que en algún momento consideró asumir el 60% del consorcio, pero que terminó declinando cuando su junta directiva no lo aprobó.

En junio, la unión temporal entregó al gobierno bogotano documentos mediante los cuales Fresenius –especializada en servicios de diálisis para pacientes con problemas renales- reemplazaba al Hospital El Tunal como socio. Un mes después, la Secretaría de Salud aprobó la cesión y en septiembre les comunicó que faltaba el contrato de cesión, que Rada, como representante legal, les envió.

Las alarmas se prendieron cuando, en enero de 2003, la multinacional alemana buscó a la Secretaría de Salud para quejarse por un cobro de una empresa que no conocía y adujo no ser parte de la unión temporal de la clínica, según una reconstrucción de los hechos que aparece en la sentencia de revisión de la Corte Constitucional de 2014 que denegó una tutela del socio –también condenado- de Uribe Granja.

Al ver los documentos de la cesión, Fresenius señaló que la firma de su representante legal había sido falsificada y la Secretaría de Salud presentó una denuncia por la suplantación. El 25 de mayo de 2006, la Fiscalía acusó a Uribe Granja y a Rada como determinadores del fraude, revocando una resolución de preclusión de un año antes y atendiendo a una decisión de la Procuraduría.

El 31 de agosto de 2010, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá condenó a Uribe Granja y a Rada a 54 meses de cárcel por falsedad en documento privado y fraude procesal. Ese fallo fue confirmado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá el 15 de diciembre de 2010 y, seis meses, después la Corte Suprema de Justicia inadmitió las demandas de casación de ambos.

Adicionalmente, desde el 30 de junio de 2011, Uribe quedó inhabilitado para desempeñar cargos públicos por un período de 10 años, según se puede consultar en el registro de sanciones e inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación.

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Esta alianza periodística solicitó una entrevista con Uribe Granja al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desde el 19 de mayo. El 10 de junio nos respondieron que el interno no aceptó concederla.

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El rol estelar del informe Uribe en el pleito con Ecuador

A pesar de los problemas legales que involucraban a Uribe Granja, él y su informe jugaban un papel cada vez más protagónico.

En agosto de 2004, dos meses después de que la Procuraduría abriera una investigación disciplinaria en su contra, Uribe Granja fue uno de los ocho peritos que el gobierno colombiano envió a Quito como parte de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre Colombia y Ecuador, para estudiar las quejas de Ecuador por la deriva de la fumigación en el lado ecuatoriano. Colombia presentó al toxicólogo como “consultor externo de la Dirección Nacional de Estupefacientes”, según una nota diplomática de la Cancillería colombiana a la embajada ecuatoriana en Bogotá, incluida en la memoria de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia.

En realidad, sí era una comisión bien mixta. Había científicos, como el químico Héctor Hernando Bernal y el agrónomo Herberth Matheus, pero también hubo varios militares y policías: el coronel Luis Alfonso Plazas Vega (que dirigía la DNE y que, dos décadas atrás, había liderado la traumática y violenta retoma del Palacio de Justicia que dejó 94 personas muertas y desaparecidas, hechos por los que fue inicialmente condenado en primera y segunda instancia pero posteriormente absuelto por la Corte Suprema), el coronel Álvaro Velandia Hurtado (luego destituido por la desaparición forzada de Nydia Erika Bautista) y el capitán Miguel Tunjano (que fue coordinador ambiental de la Policía Antinarcóticos). (Una década después, la esposa de Plazas Vega, Thania Vega, seguía defendiendo públicamente los estudios de Uribe Granja, ya dos veces condenado, cuando ella era senadora del Centro Democrático y colega de bancada tanto del ex presidente Uribe como del actual presidente Duque).

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No es claro el rol que jugó Uribe Granja en la comisión científica bilateral, pero –según el documento- los expertos de ambos países solo lograron ponerse de acuerdo en que “las diferencias conceptuales y relativas a las fórmulas matemáticas nunca se resolverían en una pizarra”, sino mediante “un proceso de validación al que serían invitados (los expertos ecuatorianos), con el fin de verificar la deriva real del PECIG (programa de aspersión) sobre el terreno”. En esa reunión los ecuatorianos también presentaron su propuesta de hacer vigilancia epidemiológica a la exposición al glifosato en la frontera.

Cinco años después, en 2009, el presidente ecuatoriano Rafael Correa instauró una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, alegando que la aspersión en los departamentos fronterizos de Putumayo y Nariño producía impactos negativos de su lado de la frontera. Era un nuevo hito en su fuerte pelea política con Álvaro Uribe, subida de tono desde que el Ejército colombiano lanzó un bombardeo en marzo de 2008 que dio muerte al jefe guerrillero ‘Raúl Reyes’ de las FARC – en suelo ecuatoriano.

A lo largo del pleito, Colombia continuó acudiendo al estudio de Uribe Cualla. En su escrito principal ante el tribunal internacional, presentado en marzo de 2010, el Estado colombiano argumentó que no había evidencia científica que mostrara un impacto en la salud de la fumigación y que los estudios existentes concluyeron que esas preocupaciones eran infundadas.

Para este momento, el gobierno colombiano ya estaba centrando su argumento en otro estudio hecho por el toxicólogo ambiental canadiense Keith Solomon para la comisión antidrogas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y pagado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, que concluyó que los efectos del glifosato asperjado en la salud eran “entre pequeños y negligibles” y que el herbicida era de baja toxicidad.

En todo caso, el documento de posición colombiano insistió en que autoridades e instituciones científicas nacionales también habían probado que ese riesgo no existía. Incluyó el informe de Uribe Granja, que adjuntó como anexo y que, a su juicio, probaba que no había un aumento en la prevalencia de enfermedades en las zonas asperjadas. También enfatizó que el estudio mostraba que “los síntomas en cuestión podrían deberse a la exposición crónica de la población a los múltiples agroquímicos utilizados para el cultivo de la coca y que esos síntomas también podían ser el resultado de otras causas infecciosas y alérgicas”.

No mencionó, sin embargo, que el estudio mismo reconocía sus limitaciones para confirmar o descartar cualquier hipótesis sobre el impacto de la aspersión en la salud, o que se había realizado cinco meses después de las fumigaciones.

En septiembre de 2013, antes de que el tribunal internacional dictara un fallo, Correa y el presidente sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos, concluyeron que era mejor una solución amistosa. A cambio de que Ecuador retirara su demanda, el gobierno colombiano –que había priorizado reconstruir las relaciones con su vecino como parte de una estrategia diplomática más amplia que buscaba ambientar la negociación de paz con la guerrilla de las Farc- aceptó implícitamente que las preocupaciones de su vecino eran fundadas.

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En septiembre de 2013, los gobiernos de Juan Manuel Santos y Rafael Correa encontraron una solución amistosa que puso fin al pleito en el que Colombia usó el informe de Uribe Granja como evidencia. Foto: Presidencia.

Para que el pleito internacional desapareciera, Colombia se comprometió a pagar 15 millones de dólares a Ecuador, a no asperjar en una franja de 10 kilómetros en la frontera (que originalmente habían acordado en 2006, pero que el gobierno Uribe había incumplido) y a cumplir un protocolo riguroso que incluía fórmulas precisas desde para la mezcla del herbicida hasta para la altura y velocidad de las avionetas fumigadoras.

En esa decisión pesó la conciencia del gobierno Santos de que había evidencia. “Cuando nosotros negociamos con Ecuador el retiro de la demanda, teníamos conocimiento de muchos estudios que la Corte tenía contrarios a ese estudio de Uribe, que era [parte de lo] que tenía Colombia”, explicó a esta alianza periodística la ex Canciller María Ángela Holguín, bajo cuyo mandato se normalizaron las relaciones con Quito y se firmó el acuerdo que puso fin al pleito de cuatro años.

Colombia envía a Uribe Granja a Naciones Unidas

Mientras tanto, Uribe Granja siguió escalando, apoyado por el respaldo institucional y la red de contactos que le granjeó su informe.

En mayo de 2004, llegó al punto más alto de su carrera en política de drogas cuando el gobierno de Álvaro Uribe lo postuló y fue electo como uno de los 13 integrantes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) en Viena.

Poco conocida fuera del circuito de política de drogas, es un órgano independiente -pero con algunas funciones judiciales- que recibe el mote de ‘guardián de las convenciones’ porque se encargar de verificar que drogas legales no caigan en mercados ilícitos, de determinar qué sustancias químicas deberían regirse por un control internacional y de identificar las debilidades en las políticas antidrogas de cada país. Como Unodc, organismo con el que trabaja de cerca e incluso comparte funcionarios, ha recibido muchas críticas por su visión conservadora y su falta de transparencia.

De los primeros cinco años de Uribe Granja en Viena hay información pública sobre misiones oficiales a Argentina, Brasil, Perú, España, Angola y Vietnam.

En 2009, el gobierno de Álvaro Uribe lo postuló a un nuevo período de cinco años, a pesar de que para ese momento ya estaba acusado por la Fiscalía y aparecía reportado en el sistema de responsables fiscales de la Contraloría, actuaciones ligadas a dos casos penales distintos. Ahí aparecieron también las primeras críticas públicas a su reeleción: el Consorcio Internacional de Política de Drogas (IDPC) -una red de ongs que viene pidiendo un giro en el enfoque más prohibicionista- cuestionó su reelección por considerarlo demasiado cercano a la embajada de Estados Unidos, como recogió un cable del Departamento de Estado develado por Wikileaks.

El silencio sobre el segundo período de Uribe Granja es casi absoluto, más allá de visitas a Costa Rica, una felicitación al gobierno colombiano por sus avances y una entrevista en la revista Gente, todas del primer semestre de 2011. Sus últimas apariciones fueron una conferencia sobre cooperación policial antidrogas en la región andina en Bogotá en noviembre y, luego, una visita a Bolivia -en la que él y el presidente de la Jife, el iraní Hamid Ghodse, se reunieron con Evo Morales- entre el 15 y el 16 de diciembre. Es decir, tres días después de que un juez colombiano lo condenara por corrupción.

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Aunque nunca hubo un anuncio público, está claro que salió del organismo internacional sin cumplir su período, en algún momento entre diciembre de 2011 y febrero de 2012, cuando lo sucedió otro colombiano: el economista y experto en política de drogas Francisco Thoumi.

Y después de dos condenas penales.

“Según recuerdo, dimitió alegando razones personales”, le dijo a esta alianza una persona que coincidió con él en la Jife, que pidió omitir su nombre dada la regla de confidencialidad que rige el trabajo del organismo. Una segunda persona que trabajó allí -y que también pidió guardar su identidad para evitar problemas laborales- confirmó haber oído la misma explicación y añadió que, en línea con la cultura de opacidad que reinaba en la Jife en aquel entonces (y que ha disminuido en los últimos años), no quedó ningún registro escrito sobre su salida. También recuerda que Uribe Granja no estuvo en Viena para la tradicional reunión de la junta en febrero.

El gobierno colombiano no dijo nada públicamente sobre su salida y en Cancillería no hay muchas respuestas. Carolina Barco, la ministra que lo nominó por primera vez (y envió su informe a Ecuador), le dijo a esta alianza periodística que no lo recuerda y añadió que “siempre se solicitaba recomendaciones de expertos para esos nombramientos”. Jaime Bermúdez, canciller cuando fue postulado para reelegirse, tampoco recuerda su nombre. Y María Ángela Holguín, ministra en la fecha de su salida, solo recuerda haber postulado a su reemplazo.

A pesar de que los integrantes de la Jife trabajan a título personal y no en representación de sus países, son sus gobiernos quienes los nominan (con excepción de tres miembros, que postula la Organización Mundial de la Salud) y el Consejo Económico y Social de la ONU quien los elige.

Eso significa que nominar a un candidato cuestionado refleja también fallas en la diplomacia de ese país, afirmaron a esta alianza periodística tres ex diplomáticos y funcionarios de la ONU. En el caso de Uribe Granja, la cronología muestra que el gobierno de Álvaro Uribe nominó –al menos para su reelección- a una persona que ya había sido acusada por la Fiscalía y que estaba ad portas de ser condenado penalmente por fraude. Esto podría reflejar posibles negligencias en la debida diligencia o motivaciones políticas.

Esta alianza periodística pidió a la Cancillería detallar el proceso de debida diligencia que sigue cuando presenta una nominación de un ciudadadano colombiano a una instancia de Naciones Unidas, incluyendo si consulta a los organismos de control sobre inhabilidades para ejercer funciones públicas o antecedentes fiscales, pero a la fecha de publicación no había respondido. Tampoco lo hizo a la pregunta sobre en qué momento tuvo el gobierno noticias de la renuncia de Uribe Granja a la Jife, cuando le restaban tres años de su período, o las razones que la motivaron.

“En términos generales, durante mucho tiempo la política exterior colombiana ha estado en una lucha descarnada entre una visión política y una técnica y profesional, que no hemos superado. Este caso lo ilustra”, dice Camilo Reyes, quien trabajó durante más de tres décadas en la Cancillería y ha sido el único ministro de relaciones exteriores de carrera diplomática.

Reyes, que no recuerda a Uribe Granja a pesar de haber sido vicecanciller en esa época, lo atribuye a que la Cancillería jugaba un rol secundario en las decisiones del Consejo Nacional de Estupefacientes, frente a los Ministerios de Defensa, Justicia e Interior, además de la Presidencia. Eso fue algo aún más marcado, añade, en la era Uribe.

Al final, la Cancillería se dedicó a defender la política de aspersión fijada por varios gobiernos, sin generar ningún conocimento sobre ésta o pensarla con una visión más amplia -y global- de cómo resolver el problema del narcotráfico. Como dice Francisco Thoumi, “desde hace mucho tiempo, Colombia no ha tenido una estrategia de relaciones exteriores. Tiene políticas exteriores, pero no un marco que explique -como sí tienen México, Chile, Argentina o Perú- lo que el país quiere y qué lugar ocupa en el mundo”.

Entre tanto, un Uribe Granja condenado penalmente continuó en la ONU.

Condenado pero experto

A pesar de sus dos condenas penales, de su inhabilidad para ser funcionario público y de su renuncia obligada a la Jife, Uribe Granja reapareció en escena en agosto de 2014.

Lo hizo cuando el viceministro de salud Fernando Ruiz Gómez –hoy el ministro al frente de la respuesta a la pandemia- anunció que el toxicólogo lideraría una comisión interdisciplinaria para estudiar las quejas de pobladores de Carmen de Bolívar de que la vacuna contra el virus del papiloma humano había supuestamente causado efectos negativos en la salud de adolescentes. Unos días después, apareció –sentado al lado de Ruiz- en la conferencia de prensa en la que el ministro Alejandro Gaviria insistió en la seriedad de esa vacuna. Uribe Granja, presentado como director de toxicología del Hospital Infantil Universitario de San José, también habló.

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Uribe Granja (quinto), sentado con el entonces viceministro Fernando Ruiz y el entonces ministro Alejandro Gaviria en 2014. Foto: Ministerio de Salud.

Paradójicamente, seis meses después, fueron Gaviria y Ruiz quienes alertaron de la necesidad de tomarse en serio el informe de la Iarc -luego publicado en la reconocida revista médica The Lancet- sobre el riesgo cancerígeno del glifosato, que terminó llevando a la suspensión preventiva de la fumigación y a la histórica sentencia de la Corte Constitucional avalando esa decisión.

“Estuvo en dos reuniones sobre VPH. Fernando Ruiz lo conocía. No recuerdo más. Después de esas reuniones no volví a verlo”, le dijo a esta alianza Gaviria, quien no conocía ni sus líos legales ni su informe sobre aspersión. “No participó en el tema de glifosato. Nunca leí ninguna opinión ni fue citado en ninguna reunión”.

No solo a funcionarios del gobierno se les pasaron las condenas de Uribe Granja. En septiembre de 2015, a pesar de que la propia institución que lideraba había prohibido a Uribe Granja ocupar cargos públicos, el Procurador General Alejandro Ordóñez lo invitó a un foro sobre el consumo de drogas, donde citó su experiencia para subrayar sus propias posturas conservadoras frente a lo que llamó “la apología al consumo” en Colombia.

Ese día varias críticas de Ordóñez se dirigieron contra un programa de atención al consumo problemático en Bogotá, a cuyo alcalde Gustavo Petro él había destituido e inhabilitado dos años atrás, pero quien había sido restituido en su cargo por orden judicial y a raíz de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

“El tema era encontrar gente con experticia en drogas que atacara el programa de reducción de daños desarrollado por los centros de atención médica a drogadictos (Camad). Uribe era uno de ellos”, recuerda el médico psiquiatra Pablo Zuleta, que en esa época era asesor de la Secretaría de Salud de Bogotá en salud mental y adicciones. “Fui uno de lo que dio las explicaciones técnicas del Camad. Claramente no estuve de acuerdo con su presentación”, añade Zuleta, quien hoy lidera el área de consumo de drogas y salud pública del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes.

Ordóñez también reservó varios dardos para la decisión del gobierno Santos de suspender la aspersión, citando a Uribe Granja – aunque sin hacer referencia a su informe de consultoría.

“En los días anteriores a ese debate me reuní varias horas con el doctor Camilo Uribe, presidente de la Sociedad de Toxicología, reflexionando sobre estos temas. Porque uno de los efectos de la suspensión de la fumigación con glifosato va a ser precisamente el fortalecimiento del microtráfico y del microconsumo. La droga estará a disposición de los nuevos consumidores y de los adictos”, advirtió en su discurso central Ordóñez, sin aportar evidencia.

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Uribe Granja (derecha) en un foro sobre consumo de drogas, invitado por el Procurador General Alejandro Ordóñez (centro) en abril de 2010, cuando era integrante de la Jife. Foto: Procuraduría

La suerte de Uribe Granja se acabó en julio de 2016, cuando finalmente fue capturado por la Policía. Después de eso, los rastros de su trabajo fueron desapareciendo: el enlace a su informe –que había estado disponible en la página web de la embajada de Estados Unidos en Bogotá- no funciona ya. Una consulta al Internet Archive Wayback Machine confirma que estuvo público al menos hasta diciembre de 2016.

En 2017, Uribe Granja intentó un último recurso para resolver sus problemas legales: solicitó ser admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el órgano judicial de la justicia transicional colombiana nacida tras el Acuerdo de paz un año atrás con la guerrilla de las FARC. Lo hizo argumentando que sus delitos como director del Invima guardan relación con el conflicto armado, por lo que pidió ser considerado ‘agente del Estado no integrante de la fuerza pública’ y clasificar a una sanción más leve, como la suspensión de la ejecución de su pena o la libertad condicional.

“Considero que el conflicto armado hace parte de toda una sociedad y que todos los colombianos tuvimos parte en este conflicto como sociedad, es decir nuestras familias y nuestros semejantes, y que de una manera u otra todo nuestro desempeño y todas las conductas desplegadas se encuentran dentro del conflicto interno, y obvio son por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, le dijo al tribunal.

Su explicación, sin embargo, no convenció a la magistrada Sandra Jeannette Castro, que el 19 de julio de 2019 rechazó su solicitud, determinando que “se trata no solo de delitos comunes, sino que la motivación fue la obtención de beneficio personal para [él] y para un tercero, eventos expresamente excluidos del conocimiento de la JEP”.

El riesgo del único experto

El caso de Uribe Granja pone sobre la mesa varias preguntas interesantes en el debate sobre cómo resolver el problema del narcotráfico, que en Colombia –y buena parte de América Latina- se ha esgrimido con argumentos más ideológicos que científicos.

Claramente tenía prestigio cuando fue elegido para hacer el informe y cuando éste empezó a circular, pero también había muchas alarmas que habrían podido levantar las cejas de la Cancillería, el Ministerio de Salud y todas las instituciones del Estado que le ayudaron a seguir escalando profesionalmente. Pero más grave aún es que usaran las opiniones de alguien cuya integridad ya estaba cuestionada y cuya investigación -ya era claro- no tenía los alcances científicos que le atribuían para defender una política que sí podría estar causando daños a las comunidades. Al menos desde 2006, cuando la Fiscalía General de la Nación lo acusó de fraude procesal y falsedad en documento, el gobierno colombiano habría podido repensar si su informe debía ser evidencia en un pleito internacional.

El propio Camilo Uribe se refirió una vez en público a sus problemas legales. “No puede despojarse a un profesional médico-científico de su capacidad de opinar válidamente sobre un aspecto de su experticia y conocimiento, incluso si alguna vez hubiera sido juzgado en razón de situaciones precedentes que nada tienen que ver con el motivo de su saber”, escribió a El Espectador en 2012, en respuesta a una nota sobre su rol en la política de medicamentos.

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Uribe Granja (izquierda) en el congreso regional de toxicología clínica en Pasto, en mayo de 2015. Foto: Universidad Cooperativa de Colombia

Al margen de sus condenas, varios especialistas en salud pública sienten que el informe de Uribe Granja se quedaba corto porque miraba una foto puntual de un momento -cinco meses después de las aspersiones- y, sobre todo, porque no era parte de una vigilancia constante de la salud de las comunidades, como la que exige la Corte Constitucional para retomar las fumigaciones.

“Veinte años después, seguimos con el mismo lío: el Estado no se ha tomado en serio el tema, sino como un requisito administrativo. No se ha montado un sistema de vigilancia epidemiológica: apenas hay uno de detección de personas muertas y enfermas por intoxicaciones agudas, cuando la vigilancia en salud ambiental hoy es anticipatoria y preventiva”, dice Luis Jorge Hernández, quien trabajó durante 12 años en vigilancia epidemiológica en la alcaldía de Bogotá. “Es lo mismo que ha pasado con otros temas, como el fracking, el mercurio o el asbesto: termina habiendo un uso político de la epidemiología”.

Personas que llevan años trabajando en política de drogas ven otros problemas en su trabajo. “Me impresiona que un informe de consultoría pueda convertirse en caballito de batalla de un gobierno sin siquiera ser sometido a una evaluación de pares, un sistema que no es perfecto pero sí más objetivo”, dice María Alejandra Vélez, directora del Cesed de la Universidad de los Andes y una economista que ha investigado las dinámicas entre comunidades étnicas y cultivos ilícitos.

Quizás por eso el informe no aparece publicado en su perfil académico de Cvlac, del Ministerio de Ciencias, que sí menciona otras investigaciones sobre el uso de metadoxilo para tratar intoxicaciones alcohólicas agudas o sobre accidentalidad vial por consumo de alcohol y drogas.

O quizás sencillamente en la política de drogas había menor necesidad de estudios más profundos.

“El tema de drogas hasta hace poco sólo se basaba en la visibilidad pública y en la imagen de los expertos. Tenemos muchos vacíos de conocimiento y se pretende hablar desde certezas y evidencias que no tenemos. Por ejemplo, la atención del consumo problemático ha tenido infinidad de expertos en creencias sobre la drogas, mas no en conocimiento. Y hace 10 años eso era la norma”, dice el psiquiatra Pablo Zuleta, que lleva dos décadas trabajando en temas de salud mental y adicciones.

Es otras palabras, ¿cómo escogen nuestros líderes políticos en qué evidencia creen? ¿Cómo consolidan el prestigio de un experto? ¿Cómo validamos –o no- sus hallazgos para entender si simplemente estaba tocando la música que los oídos oficiales querían oír y confirmando sus sesgos?

Aunque sucede en el pasado, la historia de Camilo Uribe Granja revela que varios gobiernos recientes no han sido tan responsables en detenerse a evaluar la información científica que les permita definir si realmente se puede fumigar con glifosato, sin faltar a su deber de proteger la salud pública de sus ciudadanos.

Los meses que vendrán mostrarán si los estudios que presenta ahora el gobierno de Iván Duque, en su intento por resucitar la fumigación, han aprendido de esta lección.

Una Guerra Adictiva es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre las paradojas que han dejado 50 años de política de drogas en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Dromómanos, Ponte Jornalismo (Brasil), Cerosetenta (Colombia), El Faro (El Salvador), El Universal y Quinto Elemento Lab (México), IDL-Reporteros (Perú) y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

The anti-drug expert with feet of clay

The story of how one of the consultants most often quoted to argue that spraying glyphosate does not harm communities helped sustain that U.S.-Colombian policy for a decade, to then end up with his findings questioned and his integrity as a public official in tatters. Now that the Colombian government wants to revive aerial fumigation of coca with herbicides, it is worth remembering.

Andrés Bermúdez Liévano - María Teresa Ronderos - CLIP

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Paradox

The eternal return to spraying with glyphosate

June / 11 / 2021

In their long saga of the war on drugs, the governments of Colombia and the United States have given special prominence to the aerial spraying of coca crops with glyphosate. For more than two decades in which they have sprayed wide swaths of Colombian territory to destroy the plants, which when processed produce the cocaine consumed by Americans, they have argued strenuously that the herbicides they disperse through the air do not cause harm to the communities and territories where they fall.

“At the beginning there was no certain science to contradict this assessment that glyphosate did no harm,” former director of Colombia’s National Police, General Oscar Naranjo, told this journalistic team. On the contrary, the governments of the two countries frequently cited, as if it were the definitive word on the matter, the expert opinion of Camilo Uribe Granja, a prestigious Colombian toxicologist. Hailing from a family that owned the Uribe Cualla Toxicology Clinic, he was also an expert witness in trials involving poisonings.

In 2001, the U.S. Embassy in Bogota hired Uribe Granja to conduct a field study in Putumayo, in the south of the country. With a favorable result for spraying, as it concluded that glyphosate drizzling did not make the humans it fell on sick, this report was central to the evidence with which the two countries endorsed this strategy at least until 2010.

The Colombian state - the only one in the world that sprays illicit crops - regularly relied on Uribe Granja's consulting report to defend forced spraying in Colombian courts, in its disputes with Ecuador and even before the International Court of Justice in The Hague.

The expert, however, was not so solid. As this investigation reveals, his study, which at the time was neither reviewed nor endorsed by scientific peers, was questioned years later due to the peculiar circumstances in which it was done (five months after the last spraying in the community studied).

In addition, the toxicologist was criminally convicted in 2010 and 2011 in two different processes that even reached the Supreme Court of Justice, for crimes against the public administration and for fraud, committed in 2002 and 2001 respectively. That is to say, they occurred just after Uribe Granja carried out his consulting work and at the same time that the two governments were disseminating it. Although these convictions are not related to his scientific work, they leave doubts about his ethical qualities as an expert cited by the government.

This fact, which this journalistic alliance reveals for the first time, becomes relevant at a time when aerial spraying with glyphosate - a debate that marked Colombia’s drug policy for almost two decades - is back on the table.

Colombian President Iván Duque is insisting on the return of aerial spraying with glyphosate to reduce the 154,000 hectares of coca crops that existed in the country at the end of 2019, according to the most recent annual census by the UN Office on Drugs and Crime (UNODC). To do so, his government will have to demonstrate that spraying coca does not cause health impacts to surrounding communities or the environment, according to requirements imposed by the Constitutional Court in 2017.

These stricter ground rules are, in part, the result of a debate about the potential negative health effects of glyphosate that has intensified in recent years around the world. Especially since 2015, when the International Agency for Research on Cancer (IARC) - a research arm of the World Health Organization (WHO) - reclassified it as a probably carcinogenic substance, prompting the government of then-President Juan Manuel Santos to preemptively suspend its use.

The case of Uribe Granja - who is currently detained in Bogota’s La Picota Prison and unsuccessfully applied to the transitional justice stemming from the 2016 peace agreement – raises questions about the legitimacy of one of the main experts whose work was endorsed and used by Colombia and the U.S. to defend policies that are now disputed, despite the fact that its author was being criminally investigated for corruption and fraud at the time.

After speaking with more than 20 persons, including doctors, public health experts, drug consumption specialists, former UN officials, drug policy researchers, indigenous leaders and four former foreign ministers, it is clear that Uribe Granja benefited from the bath of recognition that this work gave him to obtain other consulting contracts and even to be nominated by the Colombian government - and elected - to a prestigious position on the United Nations’s International Narcotics Control Board (INCB) in Vienna.

Granja resigned from his position at a United Nations agency citing “personal reasons”, several sources told this journalistic alliance. At the time of his resignation, Uribe Granja already had a criminal record, without this fact ever being revealed by the Colombian government or published in the media. The expert had had his feet smeared with mud for years, but no one had noticed.

Old concerns about glyphosate

It was 2000. In the midst of a turbulent turn of the century and a failed peace process that both the FARC guerrillas and the Colombian state used to strengthen themselves militarily, Colombian President Andrés Pastrana negotiated with the U.S. an economic and military aid package - dubbed Plan Colombia - to strengthen democracy at risk and fight drug trafficking. In practice, the plan became a military strategy to prevent the FARC from financing itself with the proceeds of illicit crop cultivation and trafficking.

One of its pillars was the increase in aerial spraying of coca with light aircraft, a strategy that had been intermittently used in Colombia over the previous two decades and, more vigorously, since 1995. The government accelerated fumigation and created an annual census to ‘measure’ coca, but its decisions created tensions with peasant farmers, who resented that they were being sprayed from the air and seeing their livelihoods forcibly destroyed, but were not given any support to develop legal alternatives.

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Pablo Angel Cuaran and the farmers of Coopalmito in the village of El Placer in Valle de Guamuez are one of many communities that substituted coca in the oft-sprayed municipalities of Putumayo. In their case for the palm heart that is highly sought after in France. Photo: Andrés Bermúdez Liévano

The debate on what to do with coca was so intense that, at one point, the Pastrana government itself considered a proposal from the U.S. to use a fungus called Fusarium as a biological pest control, an idea it ended up discarding due to the alarms it raised in the environmental sector in the country and abroad, as recalled by a drug expert and a former minister.

At that time, the first scientific voices began warning about the possible effects of glyphosate on human health. Among them was the epidemiologist Dyva Revelo, an official in Putumayo’s Health Secretariat (then called Dasalud), who visited three municipalities in that Amazonian department, bordering Ecuador, in search of data and carried out two descriptive epidemiological studies.

After collecting and evaluating 1400 complaint forms filed between November 2000 and February 2001, Revelo concluded that there was a statistically significant increase in several medical symptoms following coca spraying flights and recommended the creation of an epidemiological surveillance system to detect possible pesticide intoxications. Word of her findings spread and she ended up presenting them first to U.S. Ambassador Anne Patterson - who would later become Deputy Secretary at the State Department on two occasions - in Bogotá and then to State Department officials and congressional aides in Washington.

The sum of these public concerns led the U.S. embassy to decide on hiring an independent expert to assess the potential risks of coca spraying to human health.

Entry of a pro-glyphosate expert on the scene

In circumstances that are not clear, the chosen one was Camilo Uribe Granja, who had been a well-known figure in the medical world for at least a decade and who frequently spoke in the media and at conferences.

A physician from El Rosario University and a specialist in toxicology from the University of Buenos Aires, Uribe Granja had for years combined work in the public, medical and academic sectors. He had been - adding up scattered data from various sources - director of the hospital of San Martín (Meta) and of toxicology at the Marly Clinic, director of health programs at the Superior School of Public Administration (ESAP), professor at the Rosario and Javeriana universities, member of the National Academy of Medicine and president of the Latin American Association of Toxicology (ALATOX). Above all, he was known as scientific director of the Guillermo Uribe Cualla Toxicology Advisory Center -later renamed, more succinctly, Uribe Cualla Toxicology Clinic- named after his grandfather who had been a pioneer of forensic medicine in Colombia and former director of the country’s Forensic Medicine Institute.

“He was one of the most important toxicologists in the country and very active in the National Academy of Medicine,” recalls Jaime Arias Ramírez, a physician and public health specialist who was Health Minister in the 1980s and coincided with him in the medical association.

Although Uribe Granja was not a public health expert or known for doing field studies, he had already had a connection to drug policy issues. Because of his work as a toxicologist, he had seen many emergency overdose cases and, as a result, was often cited as an expert on addiction and problematic use.

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Uribe Granja at the regional congress of clinical toxicology in Pasto in May 2015. Video: Universidad Cooperativa de Colombia

However, his greatest impact on drug policy was not in the field of drug dependence.

The U.S. Embassy - through its Narcotics Affairs Section (NAS) - ended up choosing Uribe Granja, who had written a toxicological factsheet on glyphosate and was at the time working on another report on spraying paid for by the Americans in the municipality of Tablón de Gómez, in Nariño, which for many years had poppy crops used to produce heroin.

In that first report in September 2001, the doctor analyzed the medical records of 21 people who had been treated for health problems during the second half of the previous year, when the mountainous indigenous reservation of Aponte had been sprayed at least 15 times. Without visiting Tablón de Gómez, but interviewing four health professionals in Pasto and the rural doctor who compiled the cases by telephone, Uribe Granja concluded that most were unrelated to the spraying and that in only four cases could pesticide exposure not be ruled out, although - in his opinion - the information suggested other causes. (Paradoxically, in the indigenous reservation studied they do not seem to know about it. “I had never heard of the report, nor about him or the clinic. I do remember the rural doctor, José Tordecilla, who showed concern that the spraying could be affecting children, but they didn't believe him,” says Hernando Chindoy, the former governor of the Inga who two years later led the award-winning transition of his community from poppy to specialty coffee).

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Inga Indians from the Aponte reservation -whose health situation due to spraying Uribe Granja studied, without physically going there- celebrate the Atun Puncha, the festival in which they ask the land for forgiveness for the damage done to it by growing poppy. Photo: Andrés Bermúdez Liévano

Between June 10 and 20, 2001, a month after visiting Pasto for the other study, the toxicologist and his team traveled to the municipalities of San Miguel, Orito and Valle del Guamuez in Putumayo, near the border with Ecuador. They visited nine rural hamlets where villagers had filed complaints, convening health brigades and asking 488 of them to fill out medical questionnaires. They also took 206 blood tests and 489 urine tests to probe the presence of glyphosate and paraquat.

In his 60-page bilingual study, entitled ‘Reported human health effects from glyphosate’, Uribe Granja concluded that they “could not determine that DIRAN (Antinarcotics Police) aerial spraying with glyphosate between December 2000 and February 2001 was responsible for the complaints of illness and other health problems reported by inhabitants of Putumayo”. Among the reasons he cites are the fact that disease prevalence rates had not changed over time there (nor in comparison with two similar municipalities that were never sprayed), that blood tests showed average levels of cholinesterase, and that those who said they had been exposed to the sprayed glyphosate were more than five meters away (which, according to the study, is the maximum drift range of the planes). In fact, he noted, “the data show there are many other factors that contribute to health problems in this area,” especially the widespread use of other, more toxic herbicides, in many cases in the same coca fields.

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Uribe Granja's report was posted on the U.S. Embassy's website until at least 2016, as confirmed by the Internet Archive Wayback Machine.

However, the report itself warns of its limitations: that, because the fieldwork was done five months after the fumigations, it cannot be prospective -- the ideal -- but retrospective. This type of retrospective study, it explains, “does not permit the investigator to establish or rule out a correlation between exposure to a given substance and specific health complaints. Furthermore, it does not allow the investigator to formulate a plausible hypothesis to explain morbidity attributable to the effect of low-level exposure to a chemical substance of low potential toxicity such as glyphosate”.

It was Dyva Revelo who helped Uribe Granja and his team in the field. At the request of the U.S. Embassy, the epidemiologist asked for a leave from her job and accompanied them, since she knew the area and the rural health promoters working there. Two decades later, Revelo told this journalistic alliance that, despite having been one of the first people to warn about possible risks, she never received a copy of the report whose fieldwork she facilitated. She learned of its existence, she recalls, during her visit to Washington a year later.

Despite Uribe Granja's reputation as a toxicologist and an expert in dealing with overdose cases, three doctors agree that this work required a sustained epidemiological surveillance effort over time and a broader interdisciplinary team.

“I don't question his aptitude, but the study was not up to the task,” says Luis Jorge Hernández, a health physician and epidemiological director of the Covida project at the Los Andes University. “It has conceptual weaknesses, as well as regarding methodological and epidemiological design and interpretation of results. In the end it does not provide evidence”.

“He was recognized as a clinical toxicologist, not a public health toxicologist,” says former minister Jaime Arias, who studied public health at Harvard and is today the president of the Central University. “As far as I know he had never done field work,” adds Augusto Perez, who led the Pastrana government's program to tackle drug use and directs the Nuevos Rumbos center dealing with the same issues. For him, Uribe Granja could have been part of a larger team since he could, for example, establish the origin of skin blemishes.

For epidemiologist Hernández, Uribe Granja's report could only be part of a 'first generation' of public health studies: one seeking to identify those who died or became ill, to understand if there was an incidence of glyphosate in mortality and morbidity. But it falls short in two other core dimensions: it neither assesses population and environmental exposure to the substance, nor does it analyze tissue samples -or biomarkers- that allow for the detection of abnormalities.

“It is a study with limitations inherent to the time in which it was carried out. It was not relevant as evidence for a public policy decision on glyphosate, as indeed it was used,” he adds.

The report begins to travel

Although the Uribe Granja report is dated December 2001, the Colombian government had previously used it outside the country to support its thesis that fumigation was not dangerous.

On November 15, 2001, the Colombian ambassador to Ecuador, Eliseo Restrepo, sent a letter to Galo Plaza Pallares, son of a similary-named former Ecuadorian president and then minister of agriculture and livestock in Gustavo Noboa’s administration. “This report is very important since it presents an objective and weighted analysis about a problem that, unfortunately, has been subject to misjudgments and misinformation,” wrote Restrepo, a former president of the Society of Colombian Farmers, in a letter that the Foreign Ministry attached in the 'counter-memorial' with which it responded to Ecuador's lawsuit years later at the International Court of Justice in The Hague.

By “misjudgments and misinformation”, Restrepo was referring to concerns in Ecuador that the glyphosate could end up crossing the border due to the planes’ drift and the wind, damaging the crops of Ecuadorians or affecting their health.

Two years later, the government of Alvaro Uribe also turned to Uribe Granja's report to reassure Ecuador, this time through the Ministry of Foreign Affairs.

On November 12, 2003, Foreign Minister Carolina Barco sent it to her counterpart Patricio Zuquilanda, along with three other documents, in response to a request from Lucio Gutiérrez’s administration to receive “copies of the environmental and epidemiological impact studies, the reports following the fumigations and information regarding the fumigated areas,” according to another letter that Ecuador attached to its 'memo' to the Hague-based court.

In spite of the fact that these official documents were submitted to the international tribunal, the Colombian Foreign Ministry assured this journalistic alliance - in response to a FOIA request - that “no documents related to the sending or distribution of the mentioned study between 2001 and 2021 were found in the Ministry’s archives or documentary inventory”.

In parallel, the Colombian government also used the Uribe Granja report to address legal proceedings in Colombia over the use of glyphosate. In response to a popular action suit against the Ministry of Environment filed by environmental lawyers Claudia Sampedro and Alfredo Suarez in 2003, which was initially ruled in their favor by the Administrative Court of Cundinamarca but was dismissed the following year by the State Council, the Government used it as a trump card to argue that there were no negative effects.

In its appeal to the first decision, the National Narcotics Directorate turned to the report of Uribe Granja, whom it described as “the most important scientist in Colombia in toxicology matters”. The government agency’s argument, according to a transcription made by the MamaCoca project, was that the text “leaves no doubt that if fumigation can produce some minor symptoms of discomfort in the skin or eyes, they are moderate and transient and in no case affect human health”, even though that was not what the study stated.

The U.S. government, through its embassy, also used Uribe Granja's report in an attempt to settle the controversies. In an op-ed column published in El Tiempo, the largest-circulating national newspaper, Ambassador William Wood argued that “numerous independent scientific studies have shown that there is no harmful effect on human health due to the glyphosate used in the eradication of illicit crops in Colombia.”

He cited just one: that of Uribe Granja, which his own embassy had funded. “This was demonstrated in the study conducted in the department of Putumayo in 2001 by the Uribe Cualla Toxicology Clinic in Bogotá, directed by Dr. Camilo Uribe Granja, a nationally and internationally renowned toxicologist,” wrote Wood, who succeeded Anne Patterson as ambassador during the second phase of Plan Colombia.

Wood then explained that he himself used glyphosate in his garden in Washington and that it occasionally fell on his hands and face without causing him any harm.

The expert’s legal troubles

A month before his report was published and two weeks before Colombia sent it to the Ecuadorian government for the first time, Uribe Granja had already been promoted.

On November 1, 2001, the government of Andres Pastrana appointed him director of Invima, the country’s drug regulatory agency, on whose pharmaceutical review commission he had already served and which he headed until August 13, 2002, when the new government of Alvaro Uribe replaced him.

He also began to reap the fruits of his work, positioning himself as an expert in drug policy and no longer just as a toxicologist. Several official documents show him as an external consultant to the now-defunct National Narcotics Directorate (DNE) during the Uribe administration, which was in charge of almost all anti-narcotics issues.

In 2005, the Uribe government nominated him as a member of the INCB, an independent body that monitors how states comply with the United Nations drug control treaties and is based in Vienna.

By that time, however, his problems had already begun. The events for which he received his second criminal conviction, in December 2011, began a couple of weeks after delivering his report on the null effects of glyphosate on health, in a case linked to his time in national government.

On December 31, 2001, when he had been head of Invima for two months, Uribe Granja agreed to the purchase of a building in the Fontibon sector of Bogota in order to move the agency’s headquarters there. Two months later, he sealed the deal in a notary's office for 4 billion pesos, according to the reconstruction of the facts made by a State Council ruling.

However, the commercial value of the three contiguous plots, known as La Pielroja, turned out to be 1,9 billion pesos. This was established by the Second Criminal Court of Bogota’s Decongestion Circuit, which reproached him for having agreed to the deal using the appraisal of a private firm, when the law required an appraisal with the government’s Agustin Codazzi Geographic Institute (IGAC) given that Invima was a public entity. Uribe Granja argued that he did request the appraisal, but that it had arrived too late.

In June 2004, the Inspector General's Office opened a disciplinary investigation over the building’s purchase. Then, in December 2006, the Comptroller General's Office ruled against Uribe Granja in a fiscal responsibility process for 2,5 billion pesos, according to that public body’s database of fiscal records.

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Five years later, on December 12, 2011, a judge sentenced him to 82 months in prison and to pay a fine of 2 billion pesos, for embezzlement and signing a contract without meeting the legal requirements (in a decision in which he also convicted salesman Esteban Rangel Vesga of Inversiones Rangel Amado). The Superior Court of Bogota upheld the ruling ten months later and the Supreme Court of Justice, in January 2014, did not admit an appeal filed by his lawyer.

“Even assuming that Mr. Uribe Granja's actions had been in good faith -which is more than disproved-, it is not possible to justify that a person managing a public budget, faced with the obvious difference in value of the said appraisals proceeded to pay a sum that doubled the amount determined by the IGAC as the price of the property acquired,” said another ruling by the State Council, which in 2017 ordered the doctor to reimburse -along with the other condemned- the missing sum. “Such serious and patent disregard for the regulations of the public administration, to the economic detriment of the entity, do not allow any conclusion other than the presence of an act of corruption, intended to defraud the assets of the entity that Mr. Uribe Granja directed in an amount exceeding 2 billion pesos of the time.”

Not a month had passed since Uribe Granja closed the purchase of Invima’s headquarters for which he would end up convicted, when he was part of another deal brought to justice by the Bogota’s local authorities: in this case it was a private medical deal in which, as a judge determined, he fraudulently impersonated another partner company.

That story also began at a time when the toxicologist was working on his consulting report for the U.S. Embassy. In October 2001, Bogota’s Secretariat of Health leased the building of the Fray Bartolome de las Casas Clinic in the north of the capital to the only bidder to its public call. The winner was a joint venture comprising five companies: the Uribe Cualla Clinic of Uribe Granja, the Rada Clinic of physician Sergio Rada Rodríguez (known for his slimming method), the company Facsalud Hospitalary Management Consulting Ltd, the Center for Neurological Specializations (CEN) Ltd and the El Tunal Hospital. Uribe Granja and Rada were the legal representatives.

That deal received a blow in April 2002, when Bogotá’s city council expressed its concern that El Tunal Hospital - a local public entity - could end up responding for the obligations of its partners with its endowment. As a result of this political control, Uribe Granja and Rada began talks with Fresenius Medical Care Colombia S.A., a subsidiary of a German multinational healthcare company that at one point considered taking over 60% of the consortium, but ended up declining when its board of directors did not approve it.

In June, the joint venture submitted documents to the Bogota government by which Fresenius, which specializes in dialysis services for kidney patients, replaced El Tunal Hospital as a partner. A month later, the Secretariat of Health approved the transfer and in September informed them that the cession contract was missing, which Rada, as legal representative, sent them.

Alarm bells went off when, in January 2003, the German multinational sought out the Secretariat of Health to complain about a charge from a company it did not know and claimed it was not part of the clinic’s joint venture, according to a reconstruction of the facts that appears in the 2014 Constitutional Court review ruling that denied a protection action filed by Uribe Granja’s also convicted partner.

Upon seeing the cession documents, Fresenius pointed out that the signature of its legal representative had been forged and the Secretariat of Health filed a complaint. On May 25, 2006, the Prosecutor's Office charged Uribe Granja and Rada as perpetrators of the fraud, revoking a preclusion resolution from a year earlier and following a motion by the Inspector General's Office.

On August 31, 2010, the Fourth Criminal Court of Bogota’s Decongestion Circuit sentenced Uribe Granja and Rada to 54 months in prison for falsification of private documents and procedural fraud. That ruling was upheld by the Superior Court of Bogota on December 15, 2010 and, six months later, the Supreme Court of Justice rejected appeals from both of them.

Additionally, as of June 30, 2011, Uribe was disqualified from holding public office for a period of 10 years, as can be seen in the sanctions and disqualifications database of the Inspector General's Office.

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This journalistic alliance requested an interview with Uribe Granja via the National Penitentiary and Prison Institute (INPEC) since May 19. On June 10 they responded that the inmate did not agree to grant the interview.

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Uribe’s report in a starring role in Ecuador lawsuit

Despite Uribe Granja’s legal problems, he and his report played an increasingly prominent role.

In August 2004, two months after the Inspector General's Office opened a disciplinary investigation against him, Uribe Granja was one of eight experts that the Colombian government sent to Quito as part of the Joint Commission for Technical and Scientific Cooperation between Colombia and Ecuador the latter's complaints about fumigation drift on its side of the border. Colombia presented the toxicologist as an “external consultant to the National Narcotics Directorate”, according to a diplomatic note from the Colombian Foreign Ministry to the Ecuadorian embassy in Bogota, included in Ecuador's brief to the International Court of Justice.

It was indeed a very mixed commission. There were scientists, such as the chemist Héctor Hernando Bernal and the agronomist Herberth Matheus, but there were also several military and police officers: Colonel Luis Alfonso Plazas Vega (who headed the DNE and who, two decades earlier, had led the traumatic and violent retaking of the Palace of Justice that left 94 people dead and missing, facts for which he was initially convicted in the first and second instance but subsequently acquitted by the Supreme Court), Colonel Alvaro Velandia Hurtado (later dismissed for the forced disappearance of Nydia Erika Bautista) and Captain Miguel Tunjano (who was environmental coordinator of the Anti-Narcotics Police). (A decade later, Plazas Vega's wife, Thania Vega, still publicly defended the studies of the twice-convicted Uribe Granja, when she was a senator for the Democratic Center and a fellow party member of both former President Uribe and current President Duque).

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It is not clear what role Uribe Granja played in the bilateral scientific commission, but - according to the document - the experts from both countries only managed to agree that “the conceptual differences and those related to the mathematical formulas would never be resolved on a blackboard”, but through “a validation process to which they (the Ecuadorian experts) would be invited, in order to verify the real drift of the PECIG (spraying program) on the ground”. At that meeting, the Ecuadorians also presented their proposal to carry out epidemiological surveillance of glyphosate exposure near the border.

Five years later, in 2009, Ecuadorian President Rafael Correa filed a lawsuit against Colombia before the International Court of Justice, alleging that spraying in the neighboring departments of Putumayo and Nariño was having negative impacts on his side of the border. It was a new low point in his fierce political fight with Alvaro Uribe, which had escalated since the Colombian army launched a bombing raid in March 2008 that killed FARC guerrilla leader 'Raul Reyes' - on Ecuadorian soil.

Throughout the proceedings, Colombia continued to turn to Uribe Cualla's report. In its main brief to the international tribunal, filed in March 2010, the Colombian state argued that there was no scientific evidence showing a health impact from the spraying and that existing studies concluded that those concerns were unfounded.

By this time, the Colombian government was already centering its argument on another study carried out by Canadian environmental toxicologist Keith Solomon for the Organization of American States (OAS)’s anti-narcotics commission and paid for by the Colombian and U.S. governments, which concluded that the health effects of sprayed glyphosate were “small to negligible” and that the herbicide was of low toxicity.

In any case, the Colombian position paper insisted that national authorities and scientific institutions had also proven that this risk did not exist. It included the Uribe Granja report, which it annexed and which, in its opinion, proved that there was no increase in the prevalence of diseases in the sprayed areas. It also emphasized that the study showed that “the symptoms in question could be due to the chronic exposure of the population to the multiple agrochemicals used for growing coca, and that those symptoms could also result from other infectious and allergic causes”.

The brief did not mention, however, that the study itself acknowledged its limitations in confirming or ruling out any hypotheses about the health impact of aerial spraying, or that it was conducted five months after fumigations.

In September 2013, before the international tribunal reached a verdict, Correa and Uribe's successor, Juan Manuel Santos, concluded that an amicable solution was in their best interest. In exchange for Ecuador withdrawing its lawsuit, the Colombian government - which had prioritized rebuilding relations with its neighbor as part of a broader diplomatic strategy that sought to favor peace negotiations with the FARC guerrilla - implicitly accepted its neighbor's concerns had a basis.

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In September 2013, the governments of Juan Manuel Santos and Rafael Correa found an amicable solution that put an end to the lawsuit in which Colombia used the Uribe Granja report as evidence. Photo: Presidency.

In order for the international suit to disappear, Colombia pledged to pay 15 million dollars to Ecuador, not to spray within a 10-kilometer strip around the border (originally agreed in 2006, but which the Uribe government had not complied with) and to comply with a rigorous protocol that included precise formulas from the herbicide mixture to the height and speed of the fumigation planes.

This decision was influenced by the Santos government's awareness that there was evidence. “When we negotiated with Ecuador the withdrawal of the lawsuit, we were aware of many studies that the Court had contrary to that Uribe study, which was [part of what] Colombia had,” former Foreign Minister María Ángela Holguín, under whose watch relations with Quito were normalized and the agreement that put an end to the four-year lawsuit was signed, explained to this journalistic alliance.

Colombia sends Uribe Granja to the UN

Meanwhile, Uribe Granja continued to move up, supported by the institutional backing and network of contacts that his report garnered him.

In May 2004, he reached the pinnacle of his career in drug policy when Alvaro Uribe’s government nominated him and he was elected as one of 13 members of the International Narcotics Control Board (INCB) in Vienna.

Little known outside the drug policy circuit, it is an independent body - with some judicial functions – known as the ‘watchdog of the conventions’ because it is in charge of verifying that legal drugs do not fall into illicit markets, determining which chemical substances should be governed by international control and identifying weaknesses in the anti-drug policies of each country. Like UNODC, a body with which it works closely and even shares staff, it has been widely criticized for its conservative views and lack of transparency.

From Uribe Granja's first five years in Vienna there is public information on official missions to Argentina, Brazil, Peru, Spain, Angola and Vietnam.

In 2009, Uribe’s government nominated him for a new five-year term, despite the fact that by that time he was already accused by the Attorney General's Office and was reported in the Comptroller's Office's fiscal responsibility database, actions linked to two different criminal cases. The International Drug Policy Consortium (IDPC) - a network of NGOs that has called for a shift in the more prohibitionist approach - questioned his re-election for his links to the US embassy, as revealed in a State Department cable made public by Wikileaks.

The silence surrounding Uribe Granja's second term is almost absolute, beyond visits to Costa Rica, a congratulatory note to the Colombian government for its progress and an interview in Gente magazine, all in the first half of 2011. His last appearances were a conference on anti-narcotics police cooperation in the Andean region in Bogota in November and then a visit to Bolivia - in which he and then INCB president, Iranian Hamid Ghodse, met with Evo Morales - between December 15 and 16. That is, three days after a Colombian judge convicted Uribe Granja of corruption.

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Although there was never a public announcement, it is clear that he left the international body without serving out his term, sometime between December 2011 and February 2012, when he was replaced by another Colombian: economist and drug policy expert Francisco Thoumi.

He did so after two criminal convictions.

“As I recall, he resigned, citing personal reasons,” said a person who coincided with him at the INCB and who asked to omit his name given the confidentiality rule governing the agency's work. A second person who worked there - and who also asked to remain anonymous to avoid work problems - confirmed hearing the same explanation and added that, in line with the culture of opacity that reigned at the INCB at the time (and which has improved in recent years), there was no written record of his departure. He also recalls that Uribe Granja was not in Vienna for the traditional board meeting in February.

The Colombian government said nothing publicly about his departure and there is little information in the Foreign Ministry. Carolina Barco, the foreign minister who first nominated him (and sent his report to Ecuador), told this journalistic alliance that she does not remember him, adding that “expert recommendations were always requested for these appointments”. Jaime Bermúdez, minister when he was nominated for re-election, does not remember his name either. And María Ángela Holguín, foreign minister at the time of his departure, only remembers having nominated his replacement.

Although the members of the INCB serve in their personal capacity and not on behalf of their countries, they are nominated by their governments (with the exception of three members, who are nominated by the WHO) and elected by the UN Economic and Social Council.

This means that nominating a questionable candidate also reflects poorly on a country’s diplomacy, according to three former diplomats and UN officials this journalistic alliance spoke to. In Uribe Granja’s case, the chronology shows that the government of Álvaro Uribe nominated - at least for his re-election - a person who had already been indicted by the Attorney General's Office and who was on the verge of being criminally convicted for fraud. This could reflect possible negligence in due diligence or political motivations.

This journalistic alliance asked the Foreign Ministry to detail the due diligence process it follows when submitting the nomination of a Colombian citizen to a United Nations body, including whether it consults watchdog agencies about existing inabilities to perform public functions or fiscal responsibilities, but as of the date of publication it had not responded. It also did not answer the question about when the government had news of Uribe Granja's resignation from the INCB, when he still had three years left, or the reasons for it.

“In general terms, for a long time Colombian foreign policy has been in a stark struggle between a political vision and a technical and professional one, which we have not overcome. This case illustrates that,” said Camilo Reyes, who worked for more than three decades in the Foreign Ministry and has been the only foreign minister who was a career diplomat.

Reyes, who does not remember Uribe Granja despite having been deputy foreign minister at the time, attributes it to the fact that the Foreign Ministry played a secondary role in the decisions of the National Narcotics Council, overshadowed by the Ministries of Defense, Justice and Interior, as well as the Presidency. This was even more marked, he adds, during the Alvaro Uribe era.

In the end, the Foreign Ministry defended the aerial spraying policy during various governments without generating any knowledge about it or thinking about it with a broader - and more global - perspective of how to solve the drug trafficking problem. As Francisco Thoumi says, “Colombia has not had a foreign relations strategy for a long time. It has foreign policies, but not a framework that explains -as Mexico, Chile, Argentina or Peru do- what the country wants and what place it occupies in the world”.

Meanwhile, a criminally convicted Uribe Granja continued at the UN.

Convicted but still an expert

Despite his two criminal convictions, his inability to be a public official and his forced resignation from the INCB, Uribe Granja reappeared on the scene in August 2014.

He did so when Deputy Health Minister Fernando Ruiz Gomez - now the minister in charge of the response to the Covid-19 pandemic - announced that the toxicologist would lead an interdisciplinary commission to study complaints from residents of Carmen de Bolivar, concerning the alleged negative health effects caused by the human papillomavirus vaccine on teenagers. A few days later, he appeared - seated next to Ruiz - at the press conference in which Minister Alejandro Gaviria insisted on the quality of the vaccine. Uribe Granja, introduced as director of toxicology at the University Children's Hospital of San José, also spoke.

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Uribe Granja (fifth), seated with then vice minister Fernando Ruiz and then minister Alejandro Gaviria in 2014. Photo: Ministry of Health.

Paradoxically, six months later, it was Gaviria and Ruiz who warned of the need to take the IARC report -later published in the renowned medical journal The Lancet- on the carcinogenic risk of glyphosate seriously, a move that led to the preemptive suspension of spraying and the landmark Constitutional Court ruling endorsing that decision.

“He was in two meetings on HPV. Fernando Ruiz knew him. I don't remember anything else. After those meetings I never saw him again,” Gaviria, who knew neither about his legal problems nor about his report on spraying, told this alliance. “He did not participate in glyphosate discussions. I never read any opinion from him nor was he cited in any meeting.”

It was not only government officials who missed Uribe Granja's convictions. In September 2015, despite the fact that the very institution he led had banned Uribe Granja from holding public office, Inspector General Alejandro Ordóñez invited him to a forum on drug consumption, where he cited the doctor’s experience to underscore his own conservative stances against what he called “the incitement of consumption” in Colombia.

That day, Ordóñez's leveled several critiques against a program to address problematic drug use in Bogotá, whose mayor Gustavo Petro he had dismissed and disqualified two years earlier, but who had been reinstated by a court order and as a result of precautionary measures of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR).

“The idea was to find people with an expertise in drugs to attack the harm reduction program developed by the medical care centers for drug addicts (known as Camad). Uribe was one of them,” recalls Pablo Zuleta, a psychiatrist who advised Bogota’s Health Secretariat on mental health and addiction at the time. “I was one of those who gave technical explanations of who Camad actually worked. I clearly did not agree with his presentation,” adds Zuleta, who today heads the drug use and public health area at the Center for the Study of Security and Drugs (CESED) at Los Andes University.

Ordóñez also reserved several darts for the Santos government's decision to suspend fumigations, citing Uribe Granja - although without referencing his consultancy report.

“In the days prior to this debate I spoke for several hours with Dr. Camilo Uribe, president of the Society of Toxicology, and reflected on these issues. Because one of the effects of suspending glyphosate spraying will be precisely the strengthening of local drug trafficking and use. Drugs will be available to new consumers and addicts,” Ordóñez warned in his keynote speech, without providing evidence.

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Uribe Granja (right) at a conference on drug use, invited by Inspector General Alejandro Ordóñez (center) in April 2010, when he was a member of the INCB. Photo: Attorney General's Office

Uribe Granja's luck ran out in July 2016, when he was finally arrested by the police. After that, traces of his work disappear: the link to his report - which had been available on the website of the US Embassy in Bogota - no longer works. A query to the Internet Archive Wayback Machine confirms that it was public at least until December 2016.

In 2017, Uribe Granja attempted a last resort to solve his legal problems: he applied for admission to the Special Jurisdiction for Peace (JEP), the judicial arm of Colombia's transitional justice born after the peace agreement a year earlier with the FARC guerrilla. He argued that his crimes as Invima’s director were related to the armed conflict, for which he asked to be accepted as a ‘State agent who is not a member of the military or police’ and to be considered for a more lenient sanction, such as the suspension of execution of his conviction or conditional release.

“I consider that the armed conflict is part of an entire society and that all Colombians were a part in this conflict as a society, that is to say our families and our peers, and that in one way or another all our conducts and behaviors fall within the internal conflict, and therefore obviously hold a direct or indirect connection to the armed conflict,” he wroteto the court.

His explanation, however, did not convince justice Sandra Jeannette Castro, who on July 19, 2019, rejected his request, determining that “there are not only ordinary crimes, but their motivation was to obtain personal a benefit for [him] and for a third party, events expressly excluded from the JEP’s jurisdiction.”

The risk of the single expert

Uribe Granja’s case raises several interesting questions about the debate on how to solve the drug trafficking problem, which in Colombia - and much of Latin America - has involved more ideological than scientific arguments.

Clearly he had prestige when he was chosen to write the report and when it began to circulate, but there were also many alarms that could have raised eyebrows at the Foreign Ministry, the Ministry of Health and all the state agencies that helped him climb professionally. But even more serious, these public institutions used the opinions of someone whose integrity was already called into question and whose research –it was already clear- did not have the scientific scope given to it to defend a policy that could be causing harm to communities. At least since 2006, when the Attorney General's Office accused him of procedural fraud and document forgery, the Colombian government could have reconsidered whether his report should be presented as evidence in an international lawsuit.

Camilo Uribe himself once referred to his legal problems publicly. “A medical-scientific professional cannot be stripped of his capacity to give a valid opinion on an aspect of his expertise and knowhow, even if he were convicted due to preceding situations that bare no relation with his knowledge,” he wrote to El Espectador in 2012, in response to a newspaper story about his role in pharmaceutical policy.

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Uribe Granja (left) at the regional congress of clinical toxicology in Pasto, May 2015. Photo: Universidad Cooperativa de Colombia

Aside from his convictions, several public health specialists feel that Uribe Granja's report fell short because it looked at a specific snapshot of a moment - five months after fumigations - and, above all, because it was not part of a constant monitoring of communities’ health, as required by the Constitutional Court to resume spraying.

“Twenty years later, we’re still in the same mess: the State has not taken the issue seriously, only as an administrative requirement. An epidemiological surveillance system has not been set up: we only have one to detect persons who have died or fallen ill due to acute intoxications, even though environmental health surveillance today is preemptive and preventive,” says Luis Jorge Hernández, who worked for 12 years in epidemiological surveillance in the Bogotá’s local government. “The same has happened with other issues, such as fracking, mercury or asbestos: we end up seeing a political use of epidemiology”.

Those working on drug policy for years see other problems in Uribe Granja’s work. “I am shocked that a consultancy report can become the trump card of a government without it even being subjected to a peer review, a system that is far from perfect but more objective,” says María Alejandra Vélez, director of Los Andes University’s CESED and an economist who has researched the dynamics between ethnic communities and illicit crops.

Perhaps that is why the report does not appear in Uribe Granja’s academic profile in the Science Ministry’s database, which does mention other research on the use of methadoxyl to treat acute alcohol intoxication or on road accidents due to alcohol and drug use.

Or perhaps there was simply less need in drug policy for more in-depth studies.

“Until recently the debate on drug was solely based on public visibility and experts’ image. We still have many gaps in knowledge, yet we see people seeking to speak with certainties and evidence that we don't have. For example, attention to problematic drug use has had an infinite number of experts in beliefs about drugs, but not in knowledge on it. Teh years ago that was the norm,” says psychiatrist Pablo Zuleta, who has worked on mental health and addictions for two decades.

In other words, how do our political leaders choose what evidence they believe in? How do they strengthen an expert’s standing? How do we validate -or not- their findings to understand if they were simply playing the music the official ears wanted to hear and confirming their biases?

Although it happens in the past, the story of Camilo Uribe Granja reveals that several recent governments have not been so responsible in evaluating the scientific information that allows them to define whether it really is possible to spray glyphosate, without failing in their duty to protect the public health of their citizens.

The coming months will show whether the studies presented by Iván Duque’s government, in its attempt to resurrect fumigation, have learned from this lesson.