El cacique de Colón ha perdido su fuero

El diputado Óscar Nájera admite que Honduras es un narcoestado. Lo sabe, porque lleva tres décadas representando a una provincia prominente en el corredor de la cocaína. Lo sabe porque es y ha sido, en sus propias palabras, amigo de los principales capos del departamento de Colón. Su nombre está incluido en todas las listas de sanciones de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y corrupción pero él, maestro de la sobrevivencia, es uno de los pocos señalados que no está preso en Estados Unidos. Pero su carrera política acaba de llegar a su fin, con la derrota en la elección del mes pasado. El septuagenario cacique de Colón ha perdido su fuero.

Carlos Dada - El Faro

test — Fotografías de Víctor Peña - El Faro

Paradojas

La simbiosis del narcotráfico y el estado

honduras

09 / Diciembre / 2021

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El diputado Óscar Nájera acaba de perder su primera elección en treinta años y está furioso. Dispara veneno contra sus compañeros del Partido Nacional; responsabiliza al presidente Juan Orlando Hernández de la estrepitosa derrota electoral. Se le cierran tres décadas en el Congreso y cuatro en la vida política hondureña. Apenas un día antes de la elección, me dijo que sus números le daban bastante ventaja. Le mintieron o me mintió, porque ni siquiera fue el candidato más votado del Partido Nacional en el departamento de Colón, que aporta cuatro candidatos al Congreso. Y su partido perdió. ¡Una vapuleada! Perdió la presidencia de la República de Honduras y la mayoría en el Congreso y también las principales alcaldías del país, incluyendo la capital, Tegucigalpa, y la ciudad más rica, San Pedro Sula. Y él, Óscar Nájera, perdió mucho más que su curul en la Asamblea. Ha perdido, en sus propias palabras, millones de lempiras en la campaña política. Ha perdido el poder político que le permitía navegar entre terratenientes y narcotraficantes. Pero este hombre, Óscar Ramón Nájera, el self made man del norte de Honduras, el septuagenario cacique de Tocoa, cuyo nombre aparece vinculado al narcotráfico en la lista Engels, en la lista Magnitsky, en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en los testimonios de las cortes de Nueva York y en la lista de sancionados por el gobierno británico, acaba de perder algo mucho más importante: la inmunidad que acompaña por ley a los diputados. El cacique de Tocoa está herido. Ha perdido. ¡Ha perdido! Eso nunca le había pasado. “Este es el fin de mi carrera política”, me dice por teléfono cuatro días después de la elección. Tiene la voz apagada. No la del perdedor, sino la de quien sufre un dolor inesperado. Un dolor de traición. Un dolor grande. Esta historia es sobre él. Y sobre acuerdos entre políticos y narcos y policías y terratenientes y militares y las líneas que los separan pero que se borran en esta parte de Honduras. Sobre cómo se hace política en una provincia controlada por el narcotráfico. Pero es preciso, primero, hablar del río.

tocoa — Hay una comunidad desolada sobre la carretera que conduce al municipio de Trujillo. La semiótica hondureña como una paradoja de la profunda crisis política que Honduras atraviesa desde los últimos ocho años de mandato de Juan Orlando Hernández. Foto de El Faro: Víctor Peña.

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El Aguán atraviesa la mitad septentrional de Honduras como una cicatriz en carne viva que corre de sur a norte y de oeste a este, con sus aguas a veces azules y a veces verdes y a veces rojo marrón, llenas de abundantes minerales que se desbordan con las tormentas tropicales.

A su paso alimenta el valle del Aguán, una de las mayores zonas agrícolas de América Central. Antigua plantación bananera de la United Fruit y hoy principal cultivo de palma africana del país, la nueva planta de oro de la que se extrae la oleína, como se le llama al aceite de palma que se utiliza en todo el mundo para la fabricación de alimentos procesados y cosméticos y biocombustibles. El río Aguán desemboca en el mar Caribe, junto a la comunidad garífuna de Santa Rosa, en el departamento de Colón.

Paréntesis. El departamento se llama Colón porque, en 1502, desembarcó en estas costas el navegante genovés en su cuarto viaje. El mar sigue igual de manso, las arenas igual de ardientes y el cielo igual de amenazante incluso cuando está limpio. Fecunda y hermosa, la provincia podría ser un jardín de las delicias. Pero Colón es otra cosa: una tierra gobernada por cuatreros y narcos y latifundistas donde la historia de los últimos cincuenta años se cuenta con nombres de cárteles: Los Licenciados, los Ganaderos, los del Coque, los Cachiros, los Grillos… Colón es la provincia donde se encuentran todos los males de Honduras.

Para llegar aquí desde la capital, Tegucigalpa, hay que tomar la carretera hacia Olancho y después desviarse en una y otra y otra calle más. Siete horas de caminos entre densa vegetación hasta alcanzar el primero de dos retenes policiales que marcan la entrada a Tocoa, principal urbe de Colón.

Ubicada al sur del río, Tocoa es hogar de unas cien mil personas, entre ellas la familia del diputado saliente Óscar Nájera. Es una ciudad de calles polvosas que presume su inserción en el mundo globalizado con un Wendy’s y supermercados y boutiques y un centro comercial.

Visité Tocoa en septiembre pasado y me hospedé en el San Patricio, un hotel a tres cuadras del parque que cuenta con una pequeña piscina, en la que chapoteaban unos niños. A su alrededor colgaban carteles que indican que está prohibido fumar en esa área, usar cremas bronceadoras y meterse a la piscina con armas de fuego.

La plaza central es un parque con juegos para niños –en los que hay niños jugando–, rodeado por la iglesia y la alcaldía, con grandes árboles que sirven de sombra a vendedores ambulantes de joyas, cinturones, protectores de teléfonos, cargadores, ropa, fruta y agua.

–Aquí la vida es tranquila -me dijo uno de los vendedores-. Casi siempre.
–¿Qué tan “casi”?
–A veces se pone caliente, pero hace días que está tranquilo. Mire a los niños. Aquí es sano.
–Ahorita
–Sí, ya tiene días así.
–¿Desde cuándo?
–Desde que se fueron los señores aquellos, ya no hay mucho por aquí. En otros barrios sí hay problemas, pero es cosa de no ir para allá.

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Los señores aquellos son los hermanos Rivera Maradiaga, jefes del llamado Cartel de los Cachiros y señores de Tocoa hasta 2015 cuando se entregaron a la justicia estadounidense. Para entonces, según las autoridades de ese país, el cartel controlaba el 90 % del narcotráfico aéreo en Honduras.

Ese fue el último de los grandes cárteles en caer. Los hermanos Rivera están presos en Nueva York, pero el cártel aún opera en Colón. La droga sigue entrando muy oronda por la costa o aterriza entre las plantaciones de palma.

Los pobladores de Colón llevan décadas viviendo bajo el control de los señores de la droga o los señores de la palma. Lo normal en las zonas controladas por el narcotráfico, en Honduras o en Guatemala o en México o Colombia, es que las autoridades (policías, militares, alcaldes, regidores y hasta bomberos) o no se meten con las organizaciones criminales o trabajan para ellas. O son una organización criminal. Esto pensé cuando pasamos los dos retenes policiales para entrar a Tocoa.

El pasado 6 de noviembre, la policía militar capturó a seis agentes de la Dirección Policial de Investigaciones en una casa del barrio Tamarindo de esta ciudad. Resguardaban 50 kilogramos de cocaína. Los policías, dice la nota, días antes realizaron un operativo en la aldea costera de Limón, a pocos kilómetros de Farallones, contra una banda de narcotraficantes a los que les “decomisaron” la coca. Pero aquel no fue un operativo oficial sino un tumbe para robar, no para decomisar, la droga de los narcos.

La prensa local informó que los policías detenidos son investigados por vínculos con Los Cachiros. El cártel sigue activo.

Pregunté a varias personas en Tocoa qué pensaban de Los Cachiros, habida cuenta de que sus confesiones en Nueva York revelan un cártel violento que ejercía un férreo control sobre el narcotráfico.

Pocos se quejaron de ellos. No encontré a nadie que me dijera que estaba peor cuando ellos ejercían aquí sus dominios. Como si su ascenso y caída fuera un ciclo de la naturaleza.

El periodista Óscar Estrada, autor del libro Tierra de Narcos, me explicó las razones: “Regiones como Colón no tienen cabida en el capitalismo moderno, salvo que se les inyecte un capital como el del narco. No hay otra manera de que los jóvenes, por ejemplo, se integren en el mundo. Por eso en Colón nadie se queja del narcotráfico. Lo único que les molesta es la violencia, pero no el negocio”.

Los hermanos Rivera Maradiaga fueron a Tocoa lo que el Chapo a Sinaloa, guardando todas las proporciones. Eran uno de los principales motores económicos de la zona: Tenían plantaciones de palma, empresas ganaderas, gasolineras, constructoras y bienes raíces. Con la inyección del dinero del narcotráfico, producían una actividad tal que alimentaba otros negocios como restaurantes, bares, hoteles, ventas de automóviles y tiendas de ropa.

Justo atrás de la Megaplaza, el principal centro comercial de Tocoa, hay un alerón de concreto inacabado. El esqueleto de un gran proyecto hotelero que nunca pudo ser terminado. Era también propiedad suya.

Miembros de la generación de narcos post Pablo Escobar, que lo conocieron por las series de televisión, Los Cachiros tenían incluso un zoológico, que visité hace algunos años, con una enorme colección de tigres albinos y una jirafa que por las mañanas se acercaba con su cuello estirado a desayunar en el balcón elevado de la habitación de los hermanos.

“Los Cachiros eran gente muy querida, muy respetados por el pueblo. Llegaban a los restaurantes y pagaban la cuenta de todos”, dice el diputado del partido Libertad y Refundación, Pablo Ramón Soto, recientemente reelecto al Congreso. “Los patronatos pedían colaboraciones y se las daban. Arreglaban escuelas. Todo lo que el gobierno no hace”.

Soto, uno de los cuatro diputados que representan a Colón en el congreso nacional, es una personalidad en Tocoa. Nos reunimos en una taquería en el centro; conversamos interrumpidos por meseros y comensales que se acercaban a saludarlo. Él llegó en un vehículo sedan, acompañado de dos de sus hijos y nada más.

-¿No teme por su seguridad?
-¿Por qué me pregunta eso?
-Porque no anda usted ni guardaespaldas ni camioneta blindada ni armas. Y estamos en Tocoa.
-El que nada debe, nada teme.
-Yo me sé otro refrán: los cementerios están llenos de valientes
- Me quisieran hacer ya me habrían hecho

Su fama le viene de antes de meterse a la política: durante varios años llevaba el noticiero en el canal local de televisión. Le pregunto cómo se ejerce el periodismo local en un lugar controlado por el narco.

-Ellos (los Cachiros) no me imponían ningún límite. El periodista se autocensura cuando el pellejo de uno está en peligro. Hasta tiraba líneas discretas para defenderlos”.

-¿Cómo puede hablar de cariño y respeto sobre unas personas de las que teme que, si dice algo equivocado, le puede costar la vida?.

-Es que… Aquí, en Tocoa, que ellos fueran narcos es algo normal. Aquí la gente decía: a nosotros no nos afecta más que para bien. Aquí no había ningún político que no recibiera de ellos para sus campañas. Vivíamos una ‘normalidad’, entre comillas. Andaba mucha gente armada pero no se metían con uno… Los Cachiros no eran una organización violenta.

-¿Cómo no? Uno de los hermanos Rivera Maradiaga confesó haber participado en el asesinato de 78 personas.

-Ellos eran violentos en sus negocios. No con el pueblo.

Después de que se hiciera público que la justicia estadounidense los buscaba, los hermanos Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga pactaron su entrega a la DEA, antes de que alguien los asesinara para evitar que hicieran justo lo que hicieron al llegar a suelo norteamericano: acordar con la justicia de ese país una reducción de su pena a cambio de información y servir de testigos en los juicios de otros acusados. Sus testimonios han contribuido a entender cómo funcionaba (y funciona) el narcotráfico.

Sus confesiones involucran a políticos desde el nivel local hasta tres de los últimos cuatro presidentes del país; altos mandos militares y policiales; y los hombres más ricos de Honduras. Han aportado información clave para la condena de Tony Hernández, hermano del aún presidente Juan Orlando Hernández; y de Fabio Lobo, hijo del ex presidente Porfirio Lobo; así como de los empresarios y ex ministros Yankel y Yani Rosenthal, miembros de la familia más rica del país, que confesaron lavar dinero para el narcotráfico; es decir, para ellos; y a varios oficiales policiales y militares.

Las pistas clandestinas también son lugares en los que convergen las dos regiones de Colón: la costa caribeña y las plantaciones alimentadas por el Aguán.

En estas plantaciones, la mayoría de ellas pertenecientes a la familia Facussé, una de las más poderosas de Honduras, y a los agroindustriales René Morales y Reynaldo Canales, hay desde hace varias décadas un conflicto por la tierra entre terratenientes y campesinos que se ha vuelto muy violento.

En estas plantaciones también, entre las palmas africanas, se esconden pequeñas pistas de aterrizaje que son utilizadas por el narcotráfico. Recientemente, el periodista estadounidense Jon Lee Anderson, de la revista New Yorker, sobrevoló la zona con uno de los miembros de la familia Facussé y vio las pistas. El empresario, Miguel Facussé, admitió que los narcotraficantes construían pistas en algunas de sus propiedades, pero negó haberlas autorizado.

Nadie que haya leído la historia de Anderson en Colón se habrá sorprendido de las revelaciones. Si los grandes señores del departamento son los narcotraficantes y los terratenientes, lo extraño sería que no tuvieran ninguna relación entre ellos. O que no establecieran, al menos, reglas claras de convivencia para no terminar todos muertos.

En 2015, la DEA apretaba en la zona porque andaba tras los Cachiros y tras la familia presidencial y tiraron una red tan amplia que les permitió seguir pescando en la corte de Nueva York. En el juicio contra Antonio “Tony” Hernández, el hermano del presidente, uno de los Cachiros reveló que movían la droga con ayuda del diputado Óscar Nájera, quien coordinaba con ejército y policía el traslado de retenes para facilitar el paso de la droga. Eso fue el origen de las sanciones contra el congresista y su inclusión en todas las listas de corruptos. Ya en la administración Trump, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, designó a Óscar Nájera en la lista de personas sancionadas. Pompeo dijo: “Nájera se involucró y benefició de corrupción pública relacionada con la organización de narcotráfico Los Cachiros”. Pompeo también incluyó en la lista a uno de los hijos de Nájera, Óscar Roberto. Eso fue en 2017. Nájera ganó por amplio margen la siguiente elección para diputado por Colón.

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“A mí, Pompeo me la pela”. Esa respuesta, en televisión, le valió al diputado Óscar Nájera el más mentado de sus apodos: El diputado Melapela. Nájera desafió al secretario de Estado norteamericano a que mostrara pruebas de sus acusaciones. Lo más decente que le dijo fue “mentiroso”. Pompeo había cometido un grave error al incluir en su lista de sancionados al hijo de Nájera, quien murió ahogado en el año 2015. No había siquiera lugar a una confusión con otro de sus hijos, porque los dos mayores ya habían muerto también: uno asesinado en 1992 y el otro en un accidente, pocos años después.

Nájera parece de esos jugadores de póker que redoblan su apuesta sin importar lo que tienen en la mano. Contrario a lo que dictaría el sentido común -y contrario a lo que hicieron todos los políticos de Honduras cuando iniciaron los juicios en Nueva York contra narcotraficantes hondureños-, él no se distanció de Los Cachiros ni entonces ni después, cuando apareció su nombre en todas las demás listas. Continuó declarando que conocía a los hermanos Rivera Maradiaga desde pequeños y que eran amigos. Y lo sigue diciendo a quien se lo pregunte.

En agosto pasado, ya en campaña por su reelección, le pedí una entrevista y aceptó, siempre y cuando fuera en persona. Le llamé una semana de mediados de septiembre para decirle que estaba en Tocoa y que deseaba verlo. “Llámeme el miércoles”, me dijo. Le recordé que el miércoles era 15 de septiembre, justo el día de la celebración del bicentenario de la independencia de Honduras. ¿No estaría ocupado ese día con actividades oficiales? “Mire, yo no soy historiador. Soy promotor de inversiones”, me dijo.

El miércoles por la mañana le llamé y me dio indicaciones incompletas para vernos: “Váyase para Trujillo y, cuando llegue, le llama a Varela. Le voy a dar el número. Él le dará indicaciones de allí en adelante”. Varela es su jefe de seguridad personal.

Trujillo está a hora y media de Tocoa, en la costa norte del país. El cambio del paisaje es absoluto, no solo porque se pasa en pocos minutos de los palmares a las ensoñadoras aguas caribeñas, sino por su población, mayoritariamente garífuna, y sus casas de madera con patios y balcones. Trujillo fue la primera capital de Honduras y aún conserva la fortaleza construida por los colonizadores españoles para defender su sitio de los ataques de piratas. Aquí está enterrado el filibustero norteamericano William Walker, quien gobernó Nicaragua en 1856. Depuesto y retornado a Estados Unidos, intentó volver a sus tiempos de aventuras con una incursión por Trujillo. Aquí mismo lo capturaron y fusilaron. Por su historia, su cultura, su música y gastronomía garífunas y por su belleza natural, Trujillo podría ser uno de los principales destinos turísticos del istmo centroamericano. Pero su difícil acceso y la falta de interés del gobierno central la mantienen en la decadencia de unas ruinas que casi nadie visita y que terminaron fuertemente golpeadas por las tormentas Eta e Iota hace un año. Trujillo sigue siendo la cabecera departamental de Colón, pero es un pueblo al que Tocoa ha robado el protagonismo regional.

Frente a la fortaleza, acompañado por el fotoperiodista Víctor Peña, llamamos a Varela. Nos dijo que llegáramos hasta donde termina la carretera y siguiéramos por la calle de tierra que lleva a Santa Fe. “Camine por allí varios kilómetros, hasta que vea a su derecha una entrada que dice NJOI”.

Esperábamos una casa de mar, pero lo que encontramos, al cabo de varios kilómetros por la calle de tierra, fue la entrada a un complejo que pertenecía a otro lugar: una rotonda y arcos de concreto de varios metros de altura, impecablemente blancos, enmarcaban la caseta de seguridad. Varela nos esperaba justo allí. Esperamos varios minutos hasta que el personal de seguridad de la caseta recibió autorización para nuestro ingreso, y seguimos a Varela por una calle de cemento con un cuidado camellón en medio. Desde abajo, al pasar junto a la primera loma, vimos a un hombre mayor en su piscina, calvo, bien alimentado, con un vaso en la mano, viendo hacia el horizonte. Era Nájera. Nos desviamos de la calle principal para llegar a la entrada de la casa. Abrió la puerta un mayordomo garífuna, uniformado con pantalón y chaleco negro con rayas doradas y un corbatín de palomita coronando su impecable camisa blanca. Se presentó con una sonrisa muy formal y nos dio la bienvenida. Nos sentamos en la sala, con muebles de cuero, adornada por un barco de madera y una enorme televisión. Frente a nosotros, a través de los ventanales, vimos a aquel septuagenario presumiéndonos todo su poder, de pie, en su piscina infinita, que se fundía en el horizonte con el mar Caribe. “El señor los está esperando”, nos dijo el mayordomo. En la piscina.

Lo saludamos desde la orilla y nos invitó a meternos. Rechazamos su oferta, aclarándole que no traíamos bañadores. Eso no era un buen argumento para el diputado. Él nadaba en ropa interior. De todos modos, nos quedamos afuera. Le pedimos permiso para tomar fotos y aceptó, “pero no me vayas a sacar en calzoncillos”.

De no haber sido por el broche prendado a su chaleco nunca habríamos sabido el nombre del mayordomo, porque Nájera le llamaba simplemente “mi negro” y le estiraba la mano cuando su vaso, de vino y hielo, se iba vaciando, lo cual sucedía cada pocos minutos. Eran las diez de la mañana.

-Pregunte lo que quiera, por donde quiera, no me va a agarrar.

-¿Agarrar? ¿Usted cree que yo he venido aquí a preguntarle si usted es narcotraficante?

-Es lo que preguntan todos.

-Yo ya sé qué me responderá si le hago esa pregunta. ¿Para qué se la hago?

-¿Y entonces qué me quiere preguntar?

-¿Cómo se hace política en una región controlada por el narco?

-Mire, lleguemos de una vez. Los Cachiros son mis amigos. Hoy todo mundo los niega, pero todos hacían negocios con ellos. Yo no los niego. Somos amigos.

-¿Cómo se hicieron amigos?

-¡Mi relación con Los Cachiros es pijuda! Antes todos andaban de perros falderos con ellos. Ahora nadie los conoce. Yo sí. Somos amigos desde que eran niños. Su papá era mi amigo. El que diga ahora que no era amigo de Los Cachiros es un cobarde. Yo era y sigo siendo amigo de ellos. Y se lo digo. Total: tengo más de 70 años, no me pueden extraditar jajaja. Yo les deseo lo mejor. Les aconsejé desde temprano que se entregaran. Uno no escoge a la familia, pero sí a los amigos. Si mi amigo es ladrón yo no lo voy a ir a señalar.

-Ellos sí lo señalaron a usted. Dijeron en una corte federal de Nueva York que usted movía los retenes policiales y militares para que ellos pasaran la droga.

-¿Pero qué quería que dijeran si están haciendo un trato allá para salvar el pellejo? A mí me metieron a esa lista las oenegés. Cuando se fueron, la mayoría de los candidatos se quedaron sin dinero.

-¿Y usted?

-Yo financié a la mayoría de los diputados del Partido Nacional del primer periodo de Juan Orlando Hernández. Con él, no. Con él no me llevo muy bien.

-¿Con el presidente?

-Sí, con él.

-¿Por qué?

-No, no, no. De eso hablamos otro día. Pero él y yo pensamos distinto. Yo invierto en dos cosas: en negocios y en lo social. Yo regalo mucho dinero.

-¿Y de dónde lo saca?

-Pues mire, yo he tenido muchos negocios. Era el mayor proveedor de carne de Honduras y ahora ando metido en proyectos de tierras. Calculo que gano unos $60 millones de lempiras al año. ¡Y he perdido muchísimo!

Nájera fue electo diputado por primera vez en 1990. Para entonces, ya llevaba diez años en puestos gubernamentales. Hijo de una familia de campesinos radicados en el Aguán, su estilo campechano y su sentido del humor le fueron abriendo paso. Es casi una caricatura de los políticos de estas regiones: pícaro, dicharachero, siempre con un chiste a la mano para responder a cualquier pregunta. Nájera es el alma de la fiesta y el centro de atención. Aprobó programas para la reforma agraria y terminó convirtiéndose en terrateniente, en esta zona que sirve desde hace cinco décadas de puente entre Colombia y México para los grandes carteles del narcotráfico.

El 2 de agosto de 2018, Nájera se convirtió en el primer hondureño señalado en la llamada Lista Engels, que prevé sanciones para centroamericanos señalados por el Congreso de Estados Unidos como corruptos o vinculados a actividades criminales. También está en la lista de sancionados por la Ley Magnitsky del Tesoro de Estados Unidos y hasta en una del Reino Unido. Pero en Colón ganó diez elecciones al hilo. Hasta esta.

Óscar Estrada, el periodista autor de Tierra de Narcos, sostiene que Nájera es uno de los políticos hondureños más importantes de la segunda mitad del Siglo XX y de lo que va del XXI. “Ha logrado reinventarse y se reconstruye a través de su relación con los militares, terratenientes y narcotraficantes. Es el señor feudal del departamento de Colón y lo sigue siendo”.

-¿Es usted el cacique de Colón, como lo llaman algunos?

-Yo no soy ningún cacique. Soy amigo del pueblo.

Nájera comenzó su carrera política en 1974. Tres años antes, el presidente estadounidense, Richard Nixon, declaraba el inicio de una “guerra contra las drogas” que medio siglo después no parece haber ganado muchas batallas. Esta guerra implicó no solo la prohibición de las drogas sino asistencia militar e incluso presencia de militares y agentes estadounidenses en los países productores o de tránsito. En 1973, Nixon fundó la Agencia de Combate a las Drogas, o DEA, que encabezó su guerra.

Honduras se incorporó al corredor del narcotráfico justo entonces, sirviendo de puente desde Colombia hasta Estados Unidos. El primer caso que mereció portadas de periódicos, y que reveló las dimensiones del narcotráfico en Honduras, fue el secuestro por agentes policiales de los esposos Mario y Mary Ferrari, empresarios y socios de militares, en diciembre de 1977. Sus cuerpos fueron encontrados meses después y los exámenes forenses determinaron que fueron asesinados a tubazos. Investigaciones posteriores, consignadas en el libro de Estrada, determinaron que su asesinato fue planificado en las oficinas de la inteligencia militar por el narcotraficante Roberto Matta Ballesteros, socio del colombiano Pablo Escobar. El matrimonio Ferrari era parte de la operación de Matta, junto con altos mandos militares hondureños.

Matta cayó preso algunos años después, tras participar en el asesinato del agente estadounidense Enrique González Camarena en México. Aún guarda prisión en Estados Unidos. Escobar terminó muerto en los techos de Medellín, huyendo de una unidad élite compuesta por agentes militares y policiales colombianos y agentes de la DEA. Pero la droga siguió pasando de Colombia a Honduras y de Honduras a México y de México a Estados Unidos. Y los agentes de la DEA y los militares mantuvieron su presencia en Honduras y los gobiernos estadounidenses mantuvieron su apoyo a los gobiernos hondureños para que les ayudaran a combatir a los sandinistas de Nicaragua y los militares hondureños seguían pasando droga. Y lo siguen haciendo medio siglo después, como ha quedado demostrado en los juicios de Nueva York.

-¿Qué piensa usted de la guerra contra el narcotráfico?(Nájera se ríe. Su bigote cano se levanta. Arquea las cejas y luego las frunce. Mantiene la sonrisa. Señas inequívocas del sarcasmo. Responde con otra pregunta)

-¿Conoce usted a algún capo gringo que esté preso?

-¿Es Honduras un narcoestado?

-¡Sí, hombre! Lo que está a la vista ni se pregunta.

Miro a mi alrededor. Lo único que parece incorruptible aquí es el mar que se pierde en el horizonte. Lo demás, esta piscina y esta casa y este diputado cacique y este mayordomo garífuna y Varela y lo de aquí para la izquierda y para la derecha y para atrás, es Honduras. Eso que está a la vista y no se pregunta.

Ya llevábamos más de media hora de conversación, y varios vasos de vino con hielo vaciados por el diputado y rellenados por el mayordomo, cuando Óscar Nájera me hizo saber que me había investigado. Le pregunté de dónde sacaba la información sobre mí, que era parcialmente cierta.

- Tengo quién me cuente cosas en El Salvador y en Honduras. Solo en Tocoa tengo mil teléfonos.

-¿Y qué le dicen por esos mil teléfonos?

-Todo me cuentan. Ayer me enviaron la foto de un tipo al que le cortaron el pene. Había violado a un niño de cuatro años. Les dije que por qué no le quitaban la (cabeza) de arriba.

-¿Y qué le respondieron?

-Me dijeron que ya lo habían matado. Más tarde le enseño los mensajes que están en otro teléfono.

Nájera nunca me enseñó esos mensajes y no pude confirmar que lo que me decía era cierto. No lo sé. Pero yo me pregunté, y me sigo preguntando, por qué el diputado Óscar Nájera, que se tomó la molestia de investigarme, decidió contarme algo así; por qué un político que se dice representante del pueblo, amigo del pueblo, un hombre de origen humilde y campesino, tomó deliberadamente la decisión de recibirme en su piscina en una residencial exclusiva, con vista al mar caribe, bebiendo desde las diez de la mañana, con un agente de seguridad en la sala que en la cintura lleva visible una nueve milímetros, y con un mayordomo garífuna uniformado llenándole el vaso de vino cada diez minutos. ¿Qué imagen pretendía darme?

“Me recordó al señor Candie y a Stephen, su mayordomo negro”, me dirá después Víctor Peña. Se refería a los personajes de la película Django, interpretados por Leonardo Di Caprio y Samuel L. Jackson.

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Hace siete años, Nájera propuso una ley para prohibir la portación de armas en el departamento de Colón, que fue aprobada por mayoría simple en el Congreso

Para entonces, en el Bajo Aguán había una pequeña guerra civil entre campesinos pobres que pretendían tomarse y defender con armas la ocupación de tierras productivas y los grandes productores de palma que evitaban la usurpación de sus tierras con un ejército de guardias privados. El conflicto había dejado ya medio centenar de muertos en ambos bandos.

Prohibir la portación de armas no parece una mala idea allí donde hay sociedades violentas, pero solo 66 de los 122 congresistas hondureños la aprobó. Suficiente para que entrara en vigor. Aquellos que se negaron dijeron que las leyes solo desarman a los legales porque los criminales siempre consiguen armas.

En el Bajo Aguán, la ley volvió delincuentes a los campesinos que portaran armas y permitió su detención, pero no a los cientos de elementos de seguridad privada que custodiaban las plantaciones de tres terratenientes: Facussé, René Morales y Reynaldo Canales. La ley tampoco desarmó a los narcotraficantes que de todos modos ya vivían en la ilegalidad.

La ley sigue vigente, también las armas. Con una tasa de 56 homicidios por cada 100,000 habitantes, Tocoa duplica el promedio nacional y es más violenta que ciudades consideradas las más peligrosas de Centroamérica, como San Pedro Sula o La Ceiba.

A Esly Banegas la capturaron en 2005 por usurpación de tierras. Era entonces líder de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, que reúne a las organizaciones de campesinos, y denunciaba activamente asesinatos de campesinos organizados. Solo estuvo detenida un día porque cientos de campesinos cerraron carreteras demandando su liberación. Un año después asesinaron al presidente del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, José Ángel Flores. Cuatro hombres armados entraron a su casa, en Tocoa, y lo acribillaron.

“Desde 2011, hay más de 110 campesinos asesinados y 126 con medidas cautelares a su favor dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice Banegas. “Pero de poco importa que tengan medidas cautelares. Al papá de mi hijo lo asesinaron con medidas, apenas unos meses después de que mi hijo fuera asesinado”.

Banegas llegó al Aguán en 1982 como promotora social del estado hondureño y desde entonces ha acompañado la lucha de los campesinos contra los grandes terratenientes. Labora en una pequeña oficina en una zona rural a las afueras de Tocoa, en las instalaciones locales del Instituto Nacional Agrario, rodeada completamente de palmas africanas. Se llega allí por veredas de tierra y se sale por un botadero de basura. Allí, con mucha paciencia, me explicó medio siglo de historia de las tierras del Bajo Aguán, desde el intento fallido de una reforma agraria en los años setentas.

Cuando ella llegó, en plena guerra fría, el ejército controlaba todo en Honduras y comenzaron las desapariciones de campesinos en el Aguán. “Eran dueños de las tierras, y con esta persecución se les presiona para que las vendan”, dice. Es un círculo vicioso que arrincona y mantiene en la pobreza al campesino y termina vendiendo sus tierras a los grandes latifundistas.

“Estamos ante una red de corrupción que se protege con militares y policías, que hoy van ampliando su explotación con proyectos de minería”, dice. “Tenemos que luchar por la tierra y luchar contra la minería. Es el mismo enemigo común. Vivimos en una zona militarizada, rodeados de policías y de un ejército de seguridad privada”.

Le pregunto por el papel del diputado Óscar Nájera en la reforma agraria, que él presume de haber contribuido a crear al inicio de su carrera política. Banegas, que raras veces se ríe, se ríe. “El también tiene varias hectáreas de palma por aquí”.

Nájera admite ser productor de aceite de palma, propietario de la empresa Aceydesa que ha dejado en manos de una de sus hijas. “Pero jamás, jamás he sido socio de Facussé como me quieren endilgar. En nada”.

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Cuando Banegas habla de la minería, se refiere otro largo conflicto social en Colón, que ha provocado informes de varias instituciones de las Naciones Unidas, de organizaciones internacionales de derechos humanos y de protección ambiental así como de reportes de prensa, todos en defensa de grupos de campesinos y defensores ambientales.

Se trata de una concesión para la explotación de una mina de hierro en el sector Guapinol, en las afueras de Tocoa, otorgada a una empresa de Lenir Pérez y su esposa, Isabel Facussé, hija de Miguel Facussé, el hombre que administra las fincas de palma de la familia.

Al menos 32 campesinos opuestos al proyecto minero de Guapinol han sido criminalizados, seis asesinados y ocho permanecen en prisión.

El terreno a explotar se encuentra en el parque nacional Carlos Escaleras, que lleva irónicamente ese nombre en homenaje a uno de los campesinos asesinados en el conflicto de tierras de palma africana.

Y como en esta provincia de Colón se toman la mano la política, el narcotráfico y el acaparamiento de tierras y recursos naturales, los tres se han encontrado también en la mina de Guapinol.

Entre los defensores del proyecto minero se encuentra el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, del partido LIBRE. Fúnez también fue mencionado por los Cachiros en los juicios de Nueva York, en la misma audiencia en la que confesaron su relación con Óscar Nájera. Confesaron que le pagaban a cambio de “favores”.

Intenté por varias vías hablar con el alcalde antes, durante y después de pasar por su ciudad, pero nunca devolvió ni llamadas ni mensajes.

Pero hay un vídeo de 2016, en el que fue grabado hablando con los pobladores de San Pedro Guapinol. “Esas concesiones (mineras) aquí, en el sector San Pedro, eran de Javier Rivera Maradiaga. No creo que ustedes, siendo amigos de Javier Rivera, no se dieran cuenta de esas concesiones”.

El alcalde es acompañado en la mesa por varias personas, entre ellas José Ángel y Efraín Rivera Maradiaga, hermanos de los dos capos presos en Estados Unidos. Al momento del vídeo, los Cachiros tenían un año de haberse entregado y aún no rendían sus explosivos testimonios. Efraín Rivera Maradiaga sería detenido dos años después, en Tocoa, acusado de lavado de dinero.

Pero aquel día, el alcalde confesó su amistad con los Cachiros, intentando que eso ayudara a la comunidad a desmontar su oposición al proyecto minero. “Esa concesión que tiene EMCO (la empresa del matrimonio Pérez-Facussé) era de Javier Rivera, amigo de ustedes y amigo mío”. No le alcanzó para convencer a la comunidad, que sigue en pie de guerra contra la minera.

Fúnez fue reelecto alcalde de Tocoa en 2017, cuando ya los Cachiros habían testificado que le pagaban a cambio de “favores”. También ganó las recientes elecciones, porque él pertenece a LIBRE, el mismo partido de la presidenta electa, Xiomara Castro.

7

Las elecciones generales del pasado 28 de noviembre labraron una derrota histórica para el gobernante Partido Nacional hondureño. A pesar de que el presidente Juan Orlando Hernández, de ese mismo partido, no tuvo escrúpulos en volcar a todo el aparato de estado para favorecer a Nasry Asfura, el candidato nacionalista que perdió la presidencia ante la opositora Xiomara Castro, por más de 20 puntos. Pero no fue todo: el Partido Nacional perdió la tercera parte de sus curules en el Congreso y la mayoría de las alcaldías del país.

A falta del conteo por residuos, todo apunta a que las cuatro diputaciones que corresponden al departamento de Colón quedarán también en manos del partido Libertad y Refundación, de la nueva presidenta electa.

Llamé por teléfono al diputado Nájera cuatro días después de las elecciones, cuando ya parecía claro que no volvería al Congreso el próximo año. Estaba en Tegucigalpa.

-¿No me dijo que la tenía ganada?

-Esto fue una carnicería: alteración de actas, compra de votos…

-¿Quién le hizo trampa?

-Mi propio partido, hombre. Mi propio partido. Me vendieron, me usaron… ¡Abusaron de mi buena fe! La que quedó en primer lugar de mi partido sacó más votos que el candidato presidencial. No, hombre.

-Pero todos los de su partido quedaron debajo de los cuatro de LIBRE. Y no solo perdieron en Colón. Su partido ha recibido una tremenda paliza en todo el país.

-Pues claro, fue un masivo voto de castigo. Fue la avaricia, la ignorancia… Perdimos los liderazgos en los 17 departamentos.

-¿Por qué cree usted que los castigaron?

-Por los actos de corrupción de Juan Orlando Hernández, por la impunidad en todos esos casos de corrupción.

-¿No teme usted que ahora que ha perdido la inmunidad parlamentaria le vayan a abrir juicios?

-¿Por qué me van a abrir juicios?

-Por toda la información que ha dado pie a su inclusión en aquellas listas.

-No hay nada de eso. No hay nada. No hay un solo caso en mi contra. Mi mejor juez es mi conciencia y la tengo tranquila.

-¿Entonces se retira de la política?

-Sí. Eso he pensado. Este es el fin de mi carrera política. Ya con mi edad…

-¿Y qué piensa hacer?

-Mañana me voy para Dubai.

Una Guerra Adictiva es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre las paradojas que han dejado 50 años de política de drogas en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Dromómanos, Ponte Jornalismo (Brasil), Cerosetenta y Verdad Abierta (Colombia), El Faro (El Salvador), El Universal y Quinto Elemento Lab (México), IDL-Reporteros (Perú), Miami Herald / El Nuevo Herald (Estados Unidos) y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

In Honduras, a Friend of Drug Lords Loses His Seat in Congress

Carlos Dada - El Faro

Paradojas

honduras

December / 09 / 2021

Congressman Óscar Nájera just lost his first election in thirty years, and he is furious. He’s spitting venom at his colleagues in the Partido Nacional, and blames President Juan Orlando Hernández for the resounding electoral defeat. Three decades in Congress and four decades immersed in the political life of Honduras are coming to a close before his eyes. The day before the election, Nájera told me his poll numbers showed him with a substantial lead. They lied to him or he lied to me, because Nájera didn't even receive the most votes of the four Partido Nacional candidates running for the department’s four congressional seats. And his party lost. In a landslide! They lost the presidency, they lost their majority in Congress, and they lost the most important mayoral seats in the country, including in the capital, Tegucigalpa, and in the country’s wealthiest city, San Pedro Sula.

But Óscar Nájera has lost more than just his seat in the Assembly. He has also lost millions of Lempiras spent on his campaign, as he says himself, and he has lost the political power that allowed him to navigate among the country’s landowners and drug traffickers. But Óscar Ramón Nájera—a “self-made man” from the north of Honduras and the septuagenarian cacique of Tacoa, whose name appears in connection with the illicit drug trade on the Engel List, the Magnitsky List, the U.S. Treasury Department’s list, in sworn testimonies in New York courtrooms, and in the British government’s list of sanctioned politicians—has lost something even more important: he has lost the immunity granted to all members of Congress by Honduran law. The cacique of Tocoa is wounded. He has lost. He has lost! This has never happened to him before. “This is the end of my political career,” he told me over the phone four days after the election. In a subdued voice. Not merely the voice of a loser, but the voice of someone who has suffered an unexpected pain. A pain of betrayal. A pain of great depth. This is a story about him. About agreements made between politicians and drug traffickers and police and landowners and military officers, and about the lines that separate them, but which, in this part of Honduras, have long been erased. About how politics is done in a region where drug money controls everything.

But first, we must talk about the river.

2.

The Aguán River cuts across the northern half of Honduras like a scar through living flesh, flowing south to north and west to east, its waters shifting from blue to green to reddish-brown, dense with minerals that brim the banks when storms swell the river to flooding.

As the river flows, it nourishes the Aguán Valley, one of the largest agricultural areas in Central America. Once dominated by the United Fruit Company’s banana operations, the region is now home to the country’s main crop of African palms—a tree as valuable as gold, cultivated for the extraction of olein, as the oil from the palm is known, which is used around the world in the production of processed food, cosmetics, and biofuel. Eventually, the Aguán flows into the Caribbean Sea, near the Garífuna community of Santa Rosa, in the department of Colón.

Parentheses: The department is named Colón because in 1502, the Genoese navigator Christopher Columbus landed on its shores during his fourth and final voyage. Today, the sea remains as tame, the sand as hot, and the sky as menacing, even on a clear day, as it was 500 years ago. Fertile and beautiful, the region could easily be mistaken for a Garden of Eden. But Colón is something else entirely: a land ruled by cattle rustlers, drug traffickers, and landowners, where the history of the last fifty years is told through the names of cartels: Los Licenciados, Los Ganaderos, Los del Coque, Los Cachiros, Los Grillos... In Colón, you’ll find every evil and misfortune the country has to offer.

To get here from the capital, Tegucigalpa, you take the road that goes toward Olancho, then turn onto another road, head down another, turn onto another, then down one more still. Seven hours of roads through dense vegetation until you reach the first of two police checkpoints that mark the entrance to Tocoa, Colón’s main urban center.

The city is the epicenter of two contiguous but distinct regions that join to form the department: the Aguán Valley, with its palm plantations, pastures, and land conflicts; and a few kilometers away, the Garifuna Coast, one of the territory’s main drug trafficking corridors, used as a stopover for shipments entering by air or by sea from South America and continuing on land toward Mexico.

Located on the south side of the river, Tocoa is home to roughly 100 thousand people, among them the family of outgoing congressman Óscar Nájera. It is a city with dirt streets, but one that proudly assumes its place in the globalized economy, featuring a Wendy’s, supermarkets, boutiques, and a commercial shopping center.

nuevas_1 — Oil extraction and African palm plants abound in the Atlantic corridor of Honduras, spilling waste into aquifers including the Aguán River. Photo: Víctor Peña/El Faro

I visited Tocoa last September and stayed at San Patricio, a hotel three blocks from a park with a small swimming pool filled with kids splashing and playing around. Near the pool hung signs that prohibited smoking, the use of suntan lotion, and entering the pool with firearms.

The central plaza is a park with a playground for children — where children do, in fact, play — surrounded by a church, the city hall building, and big trees that provide shade for street vendors hawking jewelry, belts, cell phone cases, chargers, clothes, fruit, and water.

—Life here is calm and easy-going, one of the vendors told me. At least most of the time.

—How often is most of the time?

—Sometimes things heat up, but it’s been calm for a few days now. Look at the kids. It’s good for them here.

—At the moment...

—There’s a lot of days like this now.

—Since when?

—Since those men went away, there hasn’t been much going on here. In other neighborhoods, there are problems, but it's just a matter of not going there.

3.

“Those men” are the Rivera Maradiaga brothers, leaders of the so-called Cartel de Los Cachiros and lords of Tocoa until they surrendered to U.S. authorities in 2015. At that point, according to the U.S. government, the cartel controlled 90 percent of the aerial drug trade in Honduras.

Los Cachiros was the last of the big cartels to fall. But even with the Rivera brothers in prison in New York, the cartel still has operations in Colón. Plenty of drug shipments still come in through the coast, or land on air strips hidden in the palm groves.

For decades, the residents of Colón have lived under the control of the drug lords or the palm barons. What all places controlled by the narcotrafficking share, whether in Honduras, Guatemala, Mexico or Colombia, is that the authorities (police, soldiers, mayors, members of city council, even firefighters) either don't mess with criminal organizations, or they work directly for them. Or, they are a criminal organization themselves. This is what was on my mind as we passed through the two police checkpoints that guard the entrance to Tocoa.

On November 6 of this year, military police apprehended six agents from the Dirección Policial de Investigaciones, a division of the Honduran national police force, in a house in the neighborhood of Tamarindo. The agents were guarding 50 kilos of cocaine. Days earlier, according to press reports, the police had carried out an operation in the coastal town of Limón against a group of drug traffickers from whom they had “confiscated” the cocaine. But it wasn’t an official operation; it was an ambush. And they didn’t “confiscate” the drugs from the traffickers; they stole them.

Local press reported that the officers who were arrested are being investigated for links to Los Cachiros. The cartel remains active.

I asked several people in Tocoa what they thought about Los Cachiros, in light of confessions in New York court that portrayed them as a violent cartel exercising tight control over the drug trade.

Few people had anything negative to say about them. No one I spoke to told me that things had been worse when they were in control. As if their rise and fall was just part of a natural cycle.

The journalist Óscar Estrada, author of the book Tierra de Narcos, explained it to me like this:

“Regions like Colón have no place in modern capitalism, unless they’re injected with capital, like from the drug trade. There’s no other way for young people, for example, to find their place in the world. That’s why nobody in Colón complains about drug trafficking. The only thing that bothers them is the violence, not the business.”

The Rivera Maradiaga brothers were to Tocoa what El Chapo was to Sinaloa, in kind if not in scale. They were one of the main engines of economic activity in the region: They owned palm plantations, cattle ranches, oil and gas companies, construction businesses, and real estate firms. With the added injection of drug money, they powered an economy that sustained a slew of other businesses: restaurants, bars, hotels, car dealerships, clothing stores.

Just behind the “Megaplaza,” Tocoa's main shopping center, there is an unfinished concrete building, the skeleton of a large hotel project that was never finished. This, too, was their property.

Members of a generation of post-Pablo Escobar narcos, who knew the Colombian drug lord only from the TV series, Los Cachiros even had their own zoo, which I visited a few years ago, featuring an enormous collection of albino tigers and a giraffe, who every morning would come stretch her neck up to the brothers’ lofted balcony for breakfast.

“Los Cachiros were very beloved by the people, very respected by everyone in the community. They’d come to the restaurants and pay everyone’s tab,” says Congressman Pablo Ramón Soto, member from the Partido Libertad y Refundación, or Libre Party, who was recently re-elected to Congress. “Local officials would ask for a contribution, and Los Cachiros would give it to them. They fixed up schools. Everything the government doesn't do.”

Soto, one of Colón’s four representatives in Congress, is something of a local celebrity in Tocoa. We met at a taquería downtown, our conversation regularly interrupted by wait staff and fellow diners coming over to greet him. Soto arrived in a sedan, accompanied by two of his children and no one else.

—Aren’t you afraid for your safety?

—Why would you ask me that?

—Because you don't have bodyguards or an armored car or weapons. And we’re in Tocoa.

—He who owes nothing fears nothing.

—I know another saying: Cemeteries are full of brave men.

—If they wanted to do me in, they would have done it by now.

Soto was already famous before he got involved in politics. For several years he worked as the news director for the local television station. I ask him what it’s like to practice local journalism in a place controlled by narcos.

—They [Los Cachiros] didn’t impose any limits on me. As a journalist, you censor yourself when it’s your own life on the line. Sometimes I would even add in some discreet comments in their defense.

—How can you speak affectionately and with respect for people who you know might kill you if you say the wrong thing?

—The thing is… Here, in Tocoa, the fact that they were narcos is something totally normal. People here would say: “It doesn't impact us, except for the better.” There wasn’t a single politician who didn’t receive money from them for their campaigns. We lived a “normal” existence, in quotation marks. There were a lot of armed people around all the time, but they didn’t mess with you… Los Cachiros was not a violent organization.

—Really? One of the Rivera Maradiaga brothers confessed to having participated in the murders of 78 people.

—They were violent in their business dealings. Not with the people.

After news broke that the U.S. government was looking for them, brothers Devis Leonel and Javier Rivera Maradiaga made a pact to turn themselves in to the DEA, to avoid being killed to stop them from doing exactly what they did after stepping foot on North American soil: make an agreement with U.S. authorities for a reduced sentence in exchange for providing information and witness testimony against other suspects. Their testimonies have contributed to our understanding of the inner workings of the drug trade.

The confessions of the Rivera Maradiaga brothers implicated officials at all levels of government, from local politicians to three of the country's last four presidents, along with top military and police commanders and Honduras’s wealthiest families. The brothers provided key information in the conviction of Tony Hernández, brother of still-president Juan Orlando Hernández; and Fabio Lobo, son of former president Porfirio Lobo; as well as businessmen Yankel and Yani Rosenthal, members of the country's richest family, who themselves confessed to laundering money for drug traffickers (that is, for themselves); as well as several members of the police and military.

Landing strips are also places where Colón’s two main regions converge: the Caribbean coast and the plantations irrigated by the Aguán.

These plantations—the majority of them owned either by the Facussé family, one of the most powerful business dynasties in Honduras, or by agroindustrial tycoons René Morales and Reynaldo Canales—have played host to a decades-long land conflict between property owners and campesinos that has reached extreme levels of violence.

The plantations are also used to conceal small airstrips, hidden among the African palm groves and used to traffick drugs. Earlier this year, U.S. journalist Jon Lee Anderson, staff writer for The New Yorker, accompanied one of the Facussé family members on a tour of a plantation. The businessman, Miguel Facussé, pointed out a decommissioned airstrip, and admitted to Anderson that drug traffickers do sometimes build runways on some of his properties, but he denied having ever authorized them.

No one in Colón who has read Anderson’s story would find its revelations surprising. If the most powerful men in the department are drug traffickers and landowners, it would be surprising if they didn’t have associations with each other. Or, at the very least, if they didn’t establish clear rules of coexistence to prevent everyone from ending up dead.

In 2015, the U.S. Drug Enforcement Agency (DEA) tightened its grip on the area when they began cracking down on Los Cachiros and going after the presidential family. The DEA cast such a wide net that they were able to continue their fishing operation in New York court. During the trial of Tony Hernández, the president's brother, one of the witnesses from Los Cachiros revealed that the cartel moved drugs with the help of Representative Óscar Nájera, who, the witness said, coordinated with the army and police to remove or relocate checkpoints in order to facilitate the free movement of drug shipments. This was the reason the congressman was originally sanctioned, and his name added to the lists of corrupt politicians. Under the Trump administration, Secretary of State Mike Pompeo publicly announced Nájera’s inclusion in the U.S. State Department’s list. “In his official capacity,” Pompeo said, “Mr. Najera engaged in and benefitted from public corruption related to the Honduran drug trafficking organization Los Cachiros.” Pompeo also included one of Nájeras sons, Óscar Roberto Nájera, on the State Department’s list. This was in 2017. Nájera went on to win the next congressional election in a landslide.

nuevas_3 — Joya Grande, the private zoo of the Los Cachiros cartel nestled in the woods of Santa Cruz de Yojoa, was seized by the Honduran government in 2013. Foto de El Faro: Víctor Peña.

4.

“I don’t give a shit about Pompeo,” Nájera said during a televised interview. “A mí, Pompeo me la pela.” This retort earned Nájera his most popular nickname: El Diputado Melapela. Congressman “I don’t give a shit.” Nájera challenged the Secretary of State to show proof of his accusations. The most polite thing he called Pompeo was a “liar.” The State Department had made a serious mistake by sanctioning Nájera’s son, who had drowned to death in 2015. The U.S. couldn’t even claim they had confused Óscar Roberto with one of Nájera’s older two sons, because they had both already died as well: one murdered in 1992 and the other in an accident a few years later.

Nájera is like a poker player who doubles his bet no matter what he’s holding. Contrary to what common sense might dictate — and contrary to what every other politician in Honduras did when the trials of Honduran drug traffickers began in New York — Nájera did not distance himself from Los Cachiros, not then, and not later on, when his name began appearing on all those lists. He continued to boast that he had known the Rivera Maradiaga brothers since they were kids, and that they were friends. Even still, he continues to tell this to anyone who asks him.

Last August, as his campaign for re-election was already getting underway, I asked Nájera for an interview. He agreed, on the condition that it be in person. In mid-September, I called to tell him that I was in Tocoa and that I wanted to meet with him. “Call me on Wednesday,” he said. I reminded him that Wednesday was September 15, the bicentennial of Honduras’s independence. Wouldn't he be busy that day with official activities and celebrations? “Look,” he told me, “I’m not a historian. I’m an investment promoter.”

Wednesday morning I called him and he gave me partial instructions for where to meet him: “Go to Trujillo, and when you get there, call Varela. I’ll give you his number. He’ll give you directions from there.” Varela is Nájera’s head of personal security.

Trujillo is an hour and a half from Tocoa, on the country’s northern coast. The change in scenery is total, and not only because the landscape transitions from palm groves to the dreamy waters of the Caribbean Coast, but because of the people, mostly Garifuna, and their wooden houses with patios and balconies. Trujillo was the first capital of Honduras, and still features the fortress built by Spanish colonizers to defend against pirate attacks. The American filibuster William Walker, who invaded and declared himself president of Nicaragua in 1856, is buried here. After being deposed and expelled back to the U.S., Walker tried to return to his adventures in Central America by mounting an incursion through Trujillo. It was there that he was captured and executed by firing squad. With its history, its culture, its Garifuna music and food, and its beautiful scenery, Trujillo could easily be one of Central America’s top tourist destinations. But its difficult access and a lack of interest from the central government keep it in ruins, which hardly anyone visits. The town suffered even further devastation from hurricanes Eta and Iota, which hit the region especially hard. Trujillo is still the departmental capital of Colón, but Tocoa has stolen the town's place in the regional limelight.

Standing in front of the fortress, accompanied by photojournalist Víctor Peña, I called Varela. He told us to follow the main road until it ends, then turn down the dirt road that heads toward Santa Fe. “Walk that way for a few kilometers, until you see an entrance on your right that says ‘NJOI’.”

We were expecting a nice sea-side house, but what we discovered, after walking several kilometers down the dirt road, was the entrance to a complex that’s something else entirely: A rotunda with concrete arches, impeccably white and towering several meters high, frame the front entrance security booth. Varela was there waiting for us. After several minutes, the guard in the security booth received authorization for our entry, and we followed Varela down a paved street divided by a well-manicured median. From below, as we made our way around the first hill, we saw an older man in his swimming pool, bald, well fed, holding a wine glass in one hand and looking toward the horizon. It was Nájera.

We turned off the main street and arrived at the entrance to the house. A Garifuna butler opened the door, uniformed in black pants, a vest with gold stripes, and a little bow tie crowning his impeccably white shirt. The butler introduced himself with a very formal smile, welcoming us in. We took our seats in the living room, decorated with leather furniture, a wooden boat, and an enormous television. In front of us, through the large glass windows, we saw Nájera, the septuagenarian showing off all his power, standing in an infinity pool that melts seamlessly into the Caribbean horizon. “The master is waiting for you,” said the butler.

We greeted Nájera from the edge of the pool and he invited us to join him. We declined, explaining that we didn’t have our bathing suits — perhaps not the best excuse, since the congressman is swimming in his underwear. In any case, we stayed out of the pool. We asked permission to take photographs and he agreed. “Just don’t take any of me in my underpants,” he told us.

Were it not for the tag pinned to his vest, we would never have known the butler's name, because Nájera simply called him “my negro” as he reached out with his empty glass of wine-on-ice to have his butler refill it. This happened every few minutes. And it was ten o'clock in the morning.

—Ask what you want, however you want to, you won’t catch me.

—Catch you? Do you think I’ve come here to ask if you’re a drug trafficker?

—That’s what everyone asks.

—I already know what your answer will be, so why would I ask you that?

—So what do you want to ask me?

—How do you engage in politics in a region controlled by drug traffickers?

—Look, let's get right to it. Los Cachiros are my friends. Today, everyone denies it, everyone has disowned them, but everyone did business with those guys. I’m not going to disown them. We’re friends.

—How did you become friends?

—I have an awesome relationship with Los Cachiros! Before, everyone acted like they were their lapdogs. Now all of a sudden nobody knows them. But I do. We’ve been friends since we were kids. I was friends with their dad. Whoever’s going around now saying they were never friends with Los Cachiros is a coward. I was friends with them and I still am. And I’ll admit it. All of it. I’m over 70 years old, they can’t extradite me, hahaha! I wish the best for them. I told them early on to turn themselves in. A person doesn't choose his family, but he does choose his friends. If my friend’s a thief, I’m not going to rat him out.

—They ratted you out. They testified in New York federal court that you moved police and military checkpoints so they could get drugs through.

—But what would you expect them to say, if they’re making a deal to save their own skin? The NGOs put me on that list. When [Los Cachiros] left, the majority of candidates ran out of money.

—And you?

—I financed most of the National Party candidates during Juan Orlando Hernández's first term. Not his campaign. I don’t get along with him very well.

—With the president?

—Yes, with him.

—Why?

—No, no, no. We can talk about that another day. But he and I think differently. I invest in two things: businesses and social programs. I give away a lot of money.

—And where do you get your money from?

—Well look, I’ve had a lot of businesses. I was the biggest meat supplier in Honduras, and now I’m involved in land projects. I’d guess I make about $60 million Lempiras a year [about US$2.5 million]. And I’ve lost a lot!

Nájera was elected to Congress for the first time in 1990. Before that, he spent ten years working in various government positions. The son of a family of campesinos from the Aguán Valley, his folksy style and sense of humor helped pave his way. Nájera is almost like a caricature of the region’s politicians: mischievous, witty, always ready with a joke to answer any question that might come his way. He is the life of the party and the center of attention. Nájera voted for land reform and ended up a landowner, in a region that for five decades has served as a bridge between Colombia and Mexico for the largest and most powerful drug cartels in the Americas.

On August 2, 2018, Nájera became the first Honduran to be included on the so-called ‘Engel List,’ which designates sanctions for Central Americans singled out by the U.S. Congress as corrupt or connected to criminal activity. He is also on the list of individuals sanctioned by the U.S. Treasury Department’s Magnitsky Act, and by the U.K.. But in Colón, he won ten elections in a row. Until this one.

Óscar Estrada, journalist and author of Tierra de Narcos, maintains that Nájera is one of the most important Honduran political figures of the second half of the 20th century, and, so far, of the first half of the 21st century. “He has succeeded in reinventing himself, rebuilding his power through his relationships with the military, landowners, and drug traffickers. He is the feudal lord of Colón, and he continues to rule the department.”

—Are you the “cacique of Colón,” as some people call you?

—I’m not a cacique of anywhere. I’m a friend of the people.

Nájera began his political career in 1974, three years after President Richard Nixon declared the launch of a “war on drugs” that, half a century later, has yet to produce many victories. This war involved not just the prohibition of drugs, but U.S. military assistance and presence in producing and transit countries. In 1973, Nixon founded the DEA and tasked it with spearheading his war.

Honduras had recently been integrated into the hemisphere's major drug trafficking corridor, serving as a bridge from Colombia to the United States. The first case that caught the attention of the press, and that shed light on the full dimensions of the drug trade in Honduras, was the 1977 police kidnapping of Mario and Mary Ferrari, a powerful business couple and close partners with the Honduran military whose bodies were found months later. Forensic examinations determined that they had been shot to death. Subsequent investigations reported in Estrada's book determined that their murders had been planned by Roberto Matta Ballesteros, a drug trafficker and associate of Pablo Escobar, at the offices of Honduran military intelligence. The Ferrari couple had been part of Matta's trafficking operation, along with high-ranking Honduran military commanders.

Matta was captured and imprisoned a few years later, after participating in the assasination of DEA agent Enrique “Kiki” González Camarena, in Mexico. He is still in prison in the United States. Escobar died on the rooftops of Medellín, fleeing from an elite squad composed of Colombian military and police officers and DEA agents. The drugs continued to flow from Colombia to Honduras, from Honduras to Mexico, and from Mexico to the United States. The DEA agents and the military maintained their presence in Honduras, and U.S. administrations maintained their support for the Honduran government, to ensure their support in the fight against the Sandinistas in Nicaragua, and the Honduran military continued to smuggle drugs, as they continue to do today, half a century later, as evidenced by the trial testimonies in New York.

—What do you think about the war on drugs?

Nájera laughed. His grey mustache rose up. He arched his eyebrows and furrowed his brow, still holding a smile. The unmistakable gestures of sarcasm. He answered with another question.

—Do you know any gringo drug lords who have gone to jail?

—Is Honduras a narco-state?

—Yes, of course! Why even ask about what’s right in plain sight?

I looked around me. The only thing here that seems incorruptible is the sea, disappearing into the horizon. Everything else — this pool, this house, this cacique congressman, his Garifuna butler, Varela, everything to my left, everything to my right, everything behind me — is Honduras. The things you don’t need to ask about, because they’re right in plain sight.

We had been speaking for more than half an hour, and the congressman had knocked back, and had his butler refill, several glasses of wine on ice, when it became clear that Óscar Nájera had me investigated before our interview. I asked him where he got all this information about me, some of which is true.

—I have people in El Salvador and Honduras who tell me things. I have a thousand different contacts in Tocoa alone.

—And what do those thousand different contacts tell you?

—They tell me everything. Yesterday, they sent me a picture of a guy with his penis cut off. He had raped a four-year-old boy. I asked why they hadn’t cut his other head off too.

—And what did they say?

—They told me they had already killed him. I’ll show you the messages later, they’re on a different phone.

Nájera never showed me those messages and I was never able to confirm if his story was true. I have no idea. But I wondered, and still wonder, why Congressman Óscar Nájera, who went to all the trouble of having me investigated, would decide to tell me something like that; why a politician who claims to be a representative of the people, a friend of the people, a man of humble campesino origins, made the deliberate decision to host me at his exclusive residence and greet me at his private swimming pool, with a view of the Caribbean Sea, drinking wine at ten in the morning, with a security guard in the living room visibly packing a 9mm pistol, and with a uniformed Garifuna butler refilling his cup every ten minutes. What image was he trying to convey to me?

“They reminded me of Mr. Candy and his Black butler Stephen,” Victor Peña would later tell me, referring to the characters in the movie Django Unchained, played by Leonardo Di Caprio and Samuel L. Jackson.

5.

Seven years ago, Nájera sponsored a bill to ban the carrying of firearms in Colón, which passed by a simple majority in Congress.

At the time, the Lower Aguán Valley, or Bajo Aguán, was the site of a small-scale civil war that pitted poor campesinos who had taken up arms in an attempt to occupy and defend plots of productive land, with large palm producers who fought the land usurpations with an army of private security agents. The conflict, at that point, had already claimed the lives of some 50 people on both sides.

Banning firearms might not seem like such a bad idea in a place plagued by violence, but only 66 of the 122 members of Congress voted to approve the law. Barely enough for it to go into effect. Those who opposed the bill said that it would only disarm legal firearm owners, because criminals would always find a way to get more guns.

In the Bajo Aguán, the law turned campesinos who carried weapons into criminals, thus authorizing their arrest, but it did not criminalize the hundreds of private security personnel guarding the plantations of the three big landowners: Facussé, René Morales, and Reynaldo Canales. Nor did the law do anything to disarm drug traffickers, who were already living an illicit existence anyway.

The law still exists, and so do the guns. Tocoa has a murder rate double the national average, and is more violent than Central America’s most violent cities, like San Pedro Sula and La Ceiba.

Esly Banegas was arrested in 2005 on charges of land usurpation. At the time, she was the leader of the Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, or COPA, a coalition of campesino organizations, and was actively denouncing the murders of campesino organizers. She was only in jail for one day, because hundreds of campesinos turned out in protest, blockading roads to demand her release. One year later, the president of the Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, José Ángel Flores, was assassinated. Four men entered his house in Tocoa and shot him to death.

“Since 2011, there have been more than 110 campesinos killed, and 126 precautionary measures granted by the Inter-American Commission on Human Rights,” says Banegas. “But the precautionary measures don’t matter. My son's father was granted precautionary measures, but was killed just a few months after my son, who was also murdered.”

Banegas first came to the Aguán Valley in 1982 as a social worker employed by the Honduran government, and has supported the campesinos in their struggle against the land barons ever since. She works out of a small office in a rural area on the outskirts of Tocoa, on the premises of the National Agrarian Institute, surrounded by African palm trees. You enter the campus on a dirt footpath and leave through a garbage dump. I visited Banagas here recently. With great patience, she recounted the last half century of Bajo Aguán history to me, beginning with the failed attempt at agrarian reform in the 1970s.

When she first arrived here, the Cold War was still in full swing and the army, which controlled everything in Honduras, had started disappearing campesinos in the Aguán. “They were the owners of the land, but with all the persecution, they were pressured to sell,” Banegas says. “It’s a vicious cycle that forces people into a corner and keeps campesinos in poverty, and they end up selling their landholdings to the latifundistas, to the large landowners.”

“We’re faced with a network of corruption protected by the military and the police, which continues to expand its exploitation today through mining projects,” she says. “We have to fight for the land and fight against mining. It’s the same common enemy. We live in a militarized zone, surrounded by police and by an army of private security.”

I asked her about the role of congressman Óscar Nájera in the agrarian reform, which he claims to have helped bring about during his early political career. Banegas, who rarely laughs, laughed: “He also owns several hectares of palm trees in the area.”

Nájera admits to being a palm oil producer and the owner of Aceydesa, a palm oil company managed by one of his daughters. “But I’ve never, ever been partners with Facussé, like they want to accuse me of. No way.”

6.

The November 28 general elections marked a historic defeat for Honduras's ruling National Party. This came despite the fact that Juan Orlando Hernández, a member of that same party, did not hesitate in throwing the entire weight of the state apparatus behind Nasry Asfura, the National Party candidate who lost the presidency to opposition leader Xiomara Castro of the Liberty and Refoundation Party (known simply as Libre) by more than 20 points. But that wasn’t all: The National Party lost a third of its seats in Congress and a majority of the country’s mayoral seats as well.

Absent any residual ballot counting, all indications are that Colón’s four congressional seats will also go to the candidates from Libre, the party of the newly elected president.

I spoke with Congressman Nájera four days after the elections, when it seemed clear that he would not be returning to Congress this coming year. He was in Tegucigalpa.

—I thought you said you were a shoo-in?

—This was a total butchering. Altering vote records, buying votes. They screwed me…

—Who was it that screwed you?

—My own party, man. My own party. They sold me out, they used me… They abused my trust!

—But your whole party, all the candidates, they all came in behind the candidates from Libre. And you didn’t just lose in Colón. Your party took a tremendous beating all over the country.

—Well yeah, the voters were obviously punishing us. It was all greed, ignorance… We lost control of 17 departments.

—Why do you think they were punishing you?

—Because of the corruption of Juan Orlando Hernández, because of the impunity in all those corruption cases.

—Aren’t you afraid, now that you’ve lost your parliamentary immunity, that you’ll be prosecuted?

—Why would I be prosecuted?

—For all the information that got you included on all those lists?

—There’s nothing to those accusations. There’s nothing there. There’s not a single case against me. My only judge is my conscience, and my conscience is totally clear.

—So will you retire from politics?

—Yeah. That’s what I've been thinking. That this is the end of my political career. Especially at my age…

—So what do you think you’ll do?

—Tomorrow I leave for Dubai.

*Translated by Max Granger

An Addictive Waris a collaborative and cross-border journalism project on the paradoxes left by 50 years of drug policy in Latin America, from the, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Dromómanos, Ponte Jornalismo (Brasil), Cerosetenta and Verdad Abierta (Colombia), El Faro (El Salvador), El Universal and Quinto Elemento Lab (México), IDL-Reporteros (Perú), Miami Herald / El Nuevo Herald (Estados Unidos) and Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).