"ESTAMOS EN UNA INFLEXIÓN PARA REPLANTEAR NUEVOS PARADIGMAS ANTE LAS DROGAS": General Oscar Naranjo

Bajo el liderazgo del entonces director de la Policía Nacional de Colombia, el general retirado Óscar Naranjo, ésta capturó a narcotraficantes, disminuyó los cultivos ilícitos y extraditó a decenas de criminales para ser juzgados en Estados Unidos. No obstante, hoy hablando con franqueza cree que esta guerra ha tenido varios puntos ciegos y que no ha conseguido acabar con el negocio, o con la violencia y la amenaza a la integridad democrática que lo acompañan.

test
Omar Nieto Remolina / OACP

Entrevista

Voces de los protagonistas

11 / Junio / 2021

A lo largo de su carrera de 35 años en la Policía Nacional de Colombia, desde subteniente hasta general de cuatro soles, Óscar Naranjo Trujillo vivió muy de cerca la lucha contra las drogas. Hizo cursos antinarcóticos y de prevención del delito en Estados Unidos y de seguridad aduanera en Inglaterra. Como jefe de las direcciones de Inteligencia, de Investigación Criminal y Director General de esa institución persiguió el narcotráfico durante décadas, participando en múltiples estrategias para intentar derrotarlo y llevando a la práctica las políticas trazadas por el mundo desde hace más de 50 años.

Su fama transcendió fronteras, y el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo nombró asesor en seguridad y para promover la cultura de la legalidad. Aunque su paso por México fue corto y no estuvo libre de polémica, le permitió tener una visión comparada del tráfico de drogas en los dos países.

Su carrera tuvo luego un giro político inusual porque, poco después de retirarse como director de la Policía, el presidente Juan Manuel Santos lo nombró negociador en representación del gobierno que finalmente selló un Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, que condujo a la desmovilización de esta guerrilla. Además Santos lo nombró vicepresidente del país desde marzo de 2017 hasta que terminó su gobierno en agosto de 2018.

En días pasados, el general retirado publicó el libro Se creían intocables, sobre cómo bajo su liderazgo, fueron capturados diez narcotraficantes peligrosos. “Hoy, cuando se multiplican los argumentos para hablar de una guerra fallida contra las drogas, es un buen momento para rendirles tributo a las víctimas del narcotráfico y rescatar un nuevo enfoque para superar el problema que quedó plasmado en el Acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC”, escribe Naranjo en su libro.

Por contar con una combinación de experiencias tan particular, la visión de Naranjo sobre la guerra contra las drogas resulta reveladora. Esta investigación transfronteriza y colaborativa Una guerra adictiva, 50 años combatiendo las drogas lo entrevistó en profundidad por video y aquí presentamos algunos apartes de la conversación.

-- Ahora que cumple medio siglo esta guerra contra el narcotráfico, ¿qué políticas cree que deberíamos abandonar pues no funcionaron y cuáles, en cambio, se deberían ampliar o rectificar?

Óscar Naranjo: Después de estos últimos 50 años, que han estado marcados por la política prohibicionista, yo comparto la idea de que en términos de la producción, la demanda y el consumo de drogas, estamos frente a lo que se ha llamado una guerra fallida contra el narcotráfico. Sin embargo, Colombia tiene argumentos para decir que ese enfrentamiento al narcotráfico no fue estéril en términos de asegurar valores democráticos y derrotar a quienes han querido imponer un narco-estado.

Pero, francamente, después de 50 años, veo que hay una disfuncionalidad de la política antidrogas. Los decisores políticos no contaron -y no cuentan- con suficientes insumos provenientes desde la ciencia para tomar decisiones certeras. Escuchamos distintas versiones alrededor de la marihuana -que era adictiva, que no era adictiva, que era saludable- y la ciencia dejó al mundo político en una incertidumbre. Cuando se clarifican científicamente los efectos que produce la sustancia, la certeza para tomar decisiones políticas realmente empieza a aparecer.

--Pero también se han acumulado muchos fracasos…

Óscar Naranjo: La evolución de esta lucha se ha basado en lecciones de fracaso. Cuando se declara esta guerra contra el narcotráfico en los años setenta, se creía que era determinante confiscar drogas. Las autoridades en el mundo salimos a confiscar cargamentos de drogas ilícitas por montón. Con los años, nos dimos cuenta que no producía ningún impacto.

Entonces hubo una segunda decisión: hay que capturar a los jefes de las organizaciones de narcotraficantes. Y se dio esa batalla tan cruenta para neutralizar a Pablo Escobar, para capturar a los Rodríguez Orejuela. En México también se dio y en el mundo entero. Eso tampoco dio resultado. Entonces se dijo que hay que capturar a las organizaciones en general y las cárceles se nos llenaron de personas sindicadas o condenadas por narcotráfico. Y el problema persistió.

Luego al final se dijo, con bastante sentido común, que hay que atacar las finanzas y el lavado de activos provenientes de ese narcotráfico. Yo creo que esa es una vía correcta, pero es demasiado poroso el mundo para producir acciones efectivas que permitan luchar contra el lavado de activos. Y mientras todo eso ha pasado, hay una gran paradoja: creció la producción de drogas, creció el consumo, creció la violencia asociada al narcotráfico y creció la corrupción. Por lo tanto, estamos en un punto de inflexión para replantear nuevos paradigmas que permitan avanzar con el tema de drogas.

--También vemos que fue un problema que empezó en dos o tres países y ya prácticamente se volvió uno de todos los países de América Latina...

O.N.: Sí, creo que desde hace unos diez años hay una explosión de crimen organizado recurriendo a economías ilegales que compiten con los Estados y con la empresa legal. No solamente veo una proliferación de estructuras mafiosas alrededor del narcotráfico, sino que veo unos holdings criminales, donde se entremezclan la minería ilegal, el tráfico de personas, el narcotráfico o el contrabando, que hacen parte de una misma lógica criminal que -dada la incapacidad los Estados para atender las necesidades básicas de los ciudadanos- aparecen como competidores del Estado, no sólo lucrándose sino haciendo un gran esfuerzo por legitimarse ante la ciudadanía.

--¿Eso es verdad sobre todo en Colombia, no?

O.N.: En muchos lugares. Con motivo de la pandemia, en Italia, por ejemplo, volvieron a aparecer los “Robin Hoods” ofreciendo mercados. Lo de México con la organización del Chapo fue descomunal, ofrecirndo mercados marcados con su etiqueta. En Colombia, el Clan del Golfo procuró al principio hacer lo mismo, con poca visibilidad, pero lo hizo. Y en Argentina o Perú eso apareció también.

img_8178
Omar Nieto Remolina / OACP

--Hablando específicamente de una política, la de aspersión con glifosato en Colombia, ¿recuerda quiénes fueron los que impulsaron esa idea? ¿Por qué hubo tanto énfasis en que la erradicación fuera con glifosato, aérea y forzada?

O.N.: El contexto de esa decisión estaba fundamentado en que no había condiciones en tierra, frente a un conflicto armado en el que había un crecimiento exponencial de la guerrilla, especialmente de las FARC, promoviendo los cultivos ilícitos y cuando el control territorial por parte de la fuerza pública era muy precario. Pensar que uno llegaba a esos territorios a erradicar manual y forzosamente o a erradicar con fines de sustitución de cultivos, era realmente imposible.

Lo otro es que se empezó a notar una proliferación de cultivos que combinaban la siembra de arbustos de coca con la siembra de amapola. Y en esa situación, digamos, la visión que teníamos las autoridades era que Colombia quedaba en el peor de los mundos: en las zonas de cordillera, a más de 1600-1800 metros de altura, estaban los cultivos de amapola y, en los valles, en la altillanura y en las riberas de los ríos, quedábamos a merced de los cultivos de coca. La incapacidad de la cobertura de la fuerza pública era grande. Por lo tanto, fue una decisión, en mi opinión, de contención de los cultivos. No apareció como una solución definitiva.

-- Muy pronto se vio que la aspersión con glifosato podía estar afectando el agua, dañando otros cultivos y además que la coca que se había erradicado volvía a ser sembrada rápidamente. ¿Entonces por qué se siguió insistiendo en la aspersión?

O.N.: En el año de 2007, siendo Ministro de Defensa Juan Manuel Santos y yo director de la Policía, se conoció la publicación del estudio de Daniel Mejía de la Universidad de los Andes, que llegó a la conclusión de que es mucho más efectiva -produce más impacto- la interdicción que la fumigación. Y a partir de ese momento, al interior de la Policía, le dimos mucho énfasis al tema de la incautación y de la destrucción de los laboratorios.

Tomamos también una decisión arriesgada que ya había tomado mi antecesor de manera un poco más reactiva: nos metimos a erradicar de manera manual. Eso significaba un costo muy grande porque hubo muchos muertos, heridos, mutilados en campos de erradicación. Pero, no obstante eso, dado que había una evolución en mejoría del control territorial y que ya se empezaba a notar a unas FARC, no replegándose, pero teniendo menos capacidad de movilización en el territorio, mi decisión fue: no nos vamos a conformar con la aspersión, sino que hay que llevar a erradicación manual.

-- ¿Por qué tomó esa decisión?

O.N.: La decisión se tomó en conjunto con el Ministro de Defensa, después de haber estado en campos cocaleros hablando con campesinos que me decían: “Usted vino a erradicarnos aquí con sus policías manualmente. Eso nos deja a nosotros aguantando hambre, pero se lo agradeceremos porque tenemos a alguien con quien hablar de este tema, porque llevamos veinte años en donde lo único que vemos son las avionetas que nos echan veneno y ¡no más!”.

Entonces a mí me pareció que la erradicación manual sí generaba una conexión para empezar a entender el problema. La aspersión aérea había llevado a las autoridades colombianas a una especie de zona de confort, donde los gobiernos tenían claro que esa no era la solución definitiva a las drogas, pero tomaban distancia del problema social con los campesinos y se refugiaban en el apoyo americano de la fumigación.

Durante mi administración salimos de la zona de confort. Salimos a ver a los campesinos y la verdad es que al final -ahí lo muestran las cifras- desde el 2007 que yo llegué al 2012 que salí se produjo la mayor disminución de extensión de cultivos ilícitos. Entregamos el país en 48 mil hectáreas. Yo se lo atribuyo a esa triple estrategia más un elemento, no controlado ni previsto, que fue la subida del precio del oro, que hizo que los campesinos mutaran a la explotación de minería ilegal y abandonaran los cultivos porque era más rentable el oro.

-- ¿También influyó el desmonte de la estructura paramilitar que existía y que producía y comerciaba cocaína en grandes cantidades?

O.N.: Sí, sí, hubo un impacto muy grande. El año 2008 fue el comienzo del derrumbe de algo que parecía inmanejable durante los últimos 30 años: se consolidó buena parte de las desmovilización paramilitar que había comenzado en 2006, se produjo el primer golpe al Secretariado de las FARC y se capturó a viejos y legendarios narcotraficantes que eran intocables. Y a partir de 2008, la dinámica cambió en el territorio. Claro, no del todo porque los reductos del paramilitarismo, que después bautizamos bandas criminales, hicieron una especie de diáspora por el territorio y mantienen viva aún hoy buena parte de la violencia.

-- Cuando dice que había una zona de confort, quiere decir que había una especie de inercia institucional frente a la aspersión de glifosato. Ya se sabía que podía hacer daño, que no era efectiva y, sin embargo, se siguió fumigando...

O.N.: Y volvemos a lo mismo. La discusión alrededor de los efectos del glifosato sigue sin dirimirse. Desde luego hoy son más sólidos los argumentos de que sí produce daño. Uno en el Gobierno, en esa época, estaba enfrentado a las dos tesis. Ahí había una batería de argumentos, que llegaban de Estados Unidos, que daban la certeza de que estábamos en lo correcto. Yo creo que los distintos gobiernos tomamos la decisión de fumigar sobre la base genérica de que el glifosato se usaba para todo y no había pruebas contundentes de que hiciera daño.

--¿Venía mucho desde la presión de Estados Unidos, entonces?

O.N.: Sí, claro. Cuando se nacionalizó el Plan Colombia y había que asumir el programa de aspersión, recuerdo que uno de los elementos de mayor discusión, controversia y concertación era cuál el componente molecular del herbicida que se iba a aplicar. Y eso terminó en que la FDA (la agencia estadounidense que vigila alimentos procesados y las drogas legales) solamente reconocía la partícula de Monsanto. No la china, ni otras.

-- ¿Por qué cree?

O.N.: Yo creo que no querían que una fórmula distinta, no conocida por ellos, llegara a producir daños, por fuera de su radar de control. También porque Monsanto ya había tenido el monopolio y era reconocida como la que más garantías daba al no daño.

--Cuando asume estos gastos Colombia en 2011, ¿qué tanto pesó en el presupuesto de la Policía?

O.N.: No fue tan pesado. Ahí hubo una transición bastante programada y organizada. Pero hubo diferencias entre las entidades. En el Ministerio de Defensa había preocupación porque el presupuesto destinado a erradicar manualmente debía ser limitado, pues valía mucha plata. Estados Unidos quería asegurar que la fumigación se mantuviera. Y en la Policía decíamos que esto necesita combinar las distintas herramientas (aspersión y erradicación manual), más el apoyo y la liberación de los helicópteros para golpear los laboratorios.

Fue una pelea dura, que al final ganó el Ministerio de Defensa. Desmontó los grupos de erradicación manual y luego los cultivos empezaron a crecer.

-- El gobierno Santos suspendió la aspersión con glifosato porque apareció el estudio de la OMS que dice que puede ser cancerígeno. ¿Fue así?

O.N.: Yo creo que la decisión se la debemos al presidente Santos y a su Ministerio de Salud, que ofreció por primera vez una visión más realista, objetiva y cruda sobre el efecto del glifosato.

-- El argumento del actual gobierno de Iván Duque es que cuando se suspendió la fumigación de coca, los cultivos se crecieron. ¿Es verdad?

O.N.: Hasta el 2012, había una doble combinación de erradicación manual y por aspersión. Después gradualmente, a partir de 2013, se disminuyeron los grupos de erradicación manual y hubo una interrupción de la aspersión por razones técnicas. Los aviones que fumigaban fueron a reparación como seis meses para que les reforzaran el blindaje, porque hubo un par de incidentes de ataques a la fumigación. Y durante ese período se disminuyó radicalmente la aspersión y la erradicación manual.

--Ahora el gobierno dice que la solución es resucitar la aspersión con glifosato. ¿Se justifica volver a eso?

O.N.: Es que las cifras no dan. Buena parte de los cultivos están en parques nacionales, otros están en resguardos indígenas, otros en zonas de frontera y otros cultivos están mezclados con los proyectos productivos de sustitución. ¿Dónde fumigas?

Fumigar 26 mil hectáreas al año, como anunciaron, no va a arreglar del problema, pero sí va a ser el detonante para exacerbar a una población que se siente traicionada porque no se cumple el Acuerdo de Paz que les prometió llevarles sustitución. ¿Para qué meterse en eso? Estaría de acuerdo con fumigar si en tres meses acaban los cultivos en Colombia, pero eso no va a pasar. Es que ya probamos y, después de fumigar desde 1994 hasta 2015 1.8 millones de hectáreas, sobre la base de que había que acabar con 130 mil hectáreas, y a pesar de todo eso, no logramos acabarlas. En el mejor de los casos estaban en 48 mil y a los dos años estaban en 100 mil.

-- Otra política clásica de esta guerra adictiva fue la extradición de nacionales. ¿Esta política tiene sentido seguirla hoy? ¿Cree que está funcionando para reducir el tráfico y la violencia?

O.N.: Creo que fue totalmente válido, necesario y muy importante para enfrentar los carteles de Medellín, Cali y del Norte del Valle, frente a una justicia nuestra tan débil y frente a una capacidad tan grande de esas organizaciones de arrinconarla. Luego tuvo sentido, pues interrumpió las carreras criminales de quienes pretendían suceder a esos narcos legendarios. Fue importante lanzar esa señal de 2004 al 2010. Yo me siento responsable de haber promovido esa campaña de extradición muy fuerte.

Pero luego hemos entrado a una tercera etapa donde se aplica la extradición de manera indiscriminada a los narcotraficantes en Colombia. Es decir, se perdió de vista el enfoque estratégico de uso del instrumento. Entonces se extradita desde al señor que comercializa como mula heroína hasta al gran capo. Esa extradición indiscriminada le sigue sirviendo a nuestros gobiernos para presentar los números de cooperación importantes, pero el impacto estratégico sobre el negocio del narcotráfico se ha diluido. Por otra parte, las penas que se le aplican a muchos de ellos se reducen con la colaboración y están transmitiendo la señal a los narcotraficantes colombianos de que es mejor ser extraditado que capturado aquí.

-- ¿Cómo lo vio en México, cuando estuvo allá asesorando al gobierno de Peña Nieto?

O.N.: Yo en México debo decir que valoré mucho el espacio que le dio a la extradición Felipe Calderón. México tenía que quedar cubierto y blindado frente a un delito como el narcotráfico, que es típicamente transnacional y que implica cooperación internacional. Me pareció bien que dieran los primeros pasos para extraditarlos. Pero creo que México no termina de creer en la extradición, entre otras cosas, porque la extradición como mecanismo de lucha contra el crimen transnacional ha entrado en decadencia por la figura europea -que es muy exitosa- de entrega inmediata. Cuando uno habla de extradición, lleva el mundo judicial al mundo diplomático y eso de da un estatus a esa delincuencia. Los europeos resolvieron eso con las entregas inmediatas. Usted está delinquiendo en mi país, lo capturo y se lo devuelvo allá a su país, sin problema.

--Su asesoría en México causó mucha polémica. ¿Es que allá por las dimensiones, se ve mejor, que las recetas que estamos aplicando para terminar el narcotráfico no están funcionando? ¿Después de lo aprendido en Colombia, qué pensaba que podría funcionar mejor en México?

O.N.: La experiencia que viví en México me llevó a la conclusión de que un problema grave que enfrentan es que operan a nivel local cerca de 1400 cuerpos de policía, más las policías de los estados, y que durante décadas no han consolidado una estructura de policía federal sostenible. En el gobierno de Calderón se fortaleció la policía federal. Luego en el gobierno de Peña Nieto se puso en marcha una gendarmería. Y en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador han empezado a desplegar una guardia nacional. Los tres modelos están muy caracterizados por una estructura militar.

Adicionalmente los desarrollos para estructurar cuerpos de inteligencia y de investigación antinarcóticos se han interrumpido periódicamente. El despliegue actual de la guardia nacional con un enfoque de presencia masiva en el territorio no es suficiente para enfrentar los carteles que, por años, han demostrado una gran capacidad basada en la aplicación indiscriminada de la violencia y la corrupción.

Creo que probablemente el mayor desafío que enfrenta México es consolidar su arquitectura funcional para luchar contra el crimen organizado, apoyada en servicios de inteligencia y de investigación judicial que se articulen. Por otra parte, la organización federal del Estado mexicano supone generar una gran capacidad de coordinación entre estados que en muchas ocasiones responden a los intereses de sus gobernadores.

De manera particular, por los celos entre las secretarias de Defensa, Marina e Interior, llegué a pensar que por momentos, bloqueaban la posibilidad de direccionar integralmente la estrategia antinarcóticos.

Dadas las características de la estructura de seguridad, y específicamente en materia policial, el propósito de homologar en términos profesionales y de integridad al más de millar de cuerpos de policía existentes, hace casi imposible ejercer una vigilancia preventiva sobre los funcionarios para evitar la corrupción.

-- Otra de las políticas es que Estados Unidos gastó millones en entrenar gente, pero muchas de esas figuras terminaron trabajando para los narcos o incluso integraron grupos de narcotraficantes, como por ejemplo Los Zetas. ¿Cuáles fueron para ustedes los casos más frustrantes donde eso pasó?

O.N.: Yo no creo que haber elevado la capacidad operacional de la fuerza pública y de fiscales y de jueces hubiese abierto una compuerta para la corrupción o para que el propio narcotráfico se valiera de esa capacitación contra los Estados e incrementar su capacidad para delinquir. Yo creo que hay casos, frustrantes, pero son excepcionalísimos. Si la policía colombiano no hubiera empezado ese proceso, yo creo que esta institución hubiera sucumbido a la corrupción estructuralmente. Ahí nació como una mística especial, ¿no? No soy muy objetivo porque hice parte de eso.

--Claro que sería absurdo decir que los entrenaron para los narcos, pero a sabiendas que esta es una guerra un poco perdida, como lo estamos viendo, pues lo obvio es que al entrenar gente, muchos terminen allá.

O.N.: Pues mientras no cambie la ley, mientras los paradigmas alrededor del narcotráfico no cambien, a un policía, un fiscal o un juez no puede pedírsele que sean quienes estén buscando nuevos paradigmas. Porque si se ponen a hacer valoraciones de si la ley es efectiva o no, dejan de cumplir con la aplicación de la ley. El único camino que tienen las policías es que, mientras la ley no cambie, hay que seguirla cumpliendo.

img_8178
Omar Nieto Remolina / OACP

-- Pero hay países, como Brasil, donde la ley no penaliza el consumo personal de algunas drogas ilícitas y, sin embargo, miles han terminado encarcelados por poseer esas dosis personales o por pequeño menudeo en los barrios. Es decir la gente que paga cárcel es quien menos se puede defender. ¿No hay ahí una responsabilidad de quién la aplica?

O.N.: En caso colombiano y en otros países, aún sin que cambiara el paradigma que hoy soporta la lucha contra el narcotráfico, se podrían hacer cosas con una política criminal alejada del populismo punitivo que tenemos en una orilla y, en el otro extremo, alejada de la visión de que en América Latina se delinque porque la gente es pobre. Las dos, en mi opinión, son incorrectas. Una por decir que el delito se combate metiendo gente a la cárcel y que se pudra allí y la otra por decir que no hay que meterla en la cárcel porque hay una pobreza y delinquen por hambre.

-- ¿Entonces cuál sería una mejor aplicación del actual paradigma de combate a las drogas?

O.N.: Hay como tres niveles en esa tarea. Uno es disminuir la oferta a gran escala de drogas, eso hay que hacerlo. Otro es ver cómo esa oferta de drogas no produce violencia en el consumo interno y se mantiene dentro de unos límites tolerables y controlados de consumo. Y otro, ver como esos dos fenómenos no atacan la integridad institucional y corrompen la autoridad. Ese es el triple desafío. Y aquí, en cambio, terminamos metiendo al pequeño jíbaro a la cárcel.

-- El narcotráfico no se ha quedado quieto en estos 50 años. Se ha adaptado con gran flexibilidad para seguir operando, cambiando de productos de tráfico, camuflándose en guerras locales de índole ideológica y encontrando nuevas maneras de lavar sus réditos. No obstante, las políticas son las mismas: fumigación, extradición, cortar cabezas de capos. ¿Qué tendríamos que cambiar para enfrentar al crimen que se desprende de que vender drogas sea hoy ilegal?

O.N.: La política antinarcóticos sigue pensando que esto es simplemente un tema de unos criminales que se lucran del tráfico. La gran mentira de la política antidrogas es que se centra en un combate casi exclusivamente concentrado en drogas naturales, cuando realmente todas las evaluaciones muestran que el gran problema de las drogas son los fármacos y, al lado, las drogas sintéticas o de diseño. Pero esas parecerían intocables, al punto que Estados Unidos enfrentó esta tragedia de los opioides y sólo se dio cuenta tardíamente.

Llevo más de diez años viendo que el consumidor de drogas naturales es un consumidor vergonzante –ahora menos con la marihuana porque se ha legalizado en varios estados –, mientras que el consumidor de fármaco o de sintético no es vergonzante. Se tomó la pastilla y no pasa nada. No tiene que irse al baño a inyectarse heroína, no tiene que irse a aspirar cocaína debajo la mesa. Y no ser vergonzante en el consumo es lo que marca el paso definitivo para la legalización de facto de las drogas. Las drogas se están legalizando a pedazos.

-- No pareciera que los réditos de esos nuevos negocios de tráfico de drogas sintéticas, ni los viejos negocios de procesar drogas naturales hayan sido realmente perseguidos con la saña con la que se persigue a los pequeños traficantes, consumidores y campesinos cocaleros...

O.N.: Los informes que se hacen públicos desde hace 20 años hablan de billones de dólares que nadie sabe dónde están, ni cómo ingresan a las corrientes legales del sistema financiero. Ahí hay una gran casilla vacía.

Otro aspecto donde no se ha avanzado nada es en el mundo de los precursores químicos. Lo que han hecho los productores a gran escala para el procesamiento del clorhidrato de cocaína es producir su propia combinación de químicos. Desvían químicos que provienen de empresas legales y que terminan en esos laboratorios de producción artesanal. En Colombia por ejemplo, con la gasolina o el cemento, han logrado acelerar todo el procesamiento a una altísima calidad y ya el empleo de los ácidos es muy complementario. Eso está fuera de control.

-- El otro eslabón perdido, que nadie parece querer perseguir, son las armas, sobre las que se impone el imperio criminal. ¿Qué pasa ahí?

O.N.: Yo creo que en el caso latinoamericano, desde México hasta Argentina, el gran vacío son las armas. Hace como tres años les pedí, como gobierno, a otros países que me dieran la información sobre los traficantes de armas a gran escala que estaban condenados o sindicados. No conseguí ningún nombre. Una de mis grandes frustraciones es que no conseguimos judicializar y castigar a los grandes traficantes de armas.

-- ¿Por qué fue tan difícil?

O.N.: Porque hay una frontera un poco invisible con los países que producen en eso. Cuando aquí incautábamos un fusil austríaco, chino, ruso o americano y hacíamos la pregunta para la trazabilidad, la respuesta era inexistente o llegaba después de un año. Hay como un celo de los países productores de las armas, muy acompañados de sus autoridades. Y son esos países los que saben qué tanto desvío puede haber de armas y que tanto tráfico ilegal puede haber.

Pero esa información se comparte muy poco con América Latina. Aquí logramos hacia 2006 montar un centro de identificación de armas con ATF (la autoridad que regula las armas, el tabaco y los explosivos en Estados Unidos). El tema estaba tan poco atendido que ni siquiera teníamos el inventario y los especialistas para identificar las armas.

-- ¿Y con ese centro se ha podido controlar más la circulación de armas hacia criminales ya internamente en Colombia?

O.N.: Nosotros estamos en el peor mundo. Ni somos un país a lo americano, con su enmienda que permite portar armas, ni somos un país a la europea que prohíbe el porte de armas. Está probado de donde los particulares no tienen armas, la violencia, los homicidios caen dramáticamente.

-- ¿Cuándo la Policía o el Ejército le incauta un arma a un delincuente después se la subasta a cualquiera que la compre?

O.N.: Yo recuerdo mis cifras. La Policía en un año –más o menos el promedio entre 2007 y 2012 – sacaba de las calles cerca de 40 mil armas ilegales por año. Si uno calcula que lo que incauta normalmente la autoridad es el 20 por ciento del mercado negro que hay de cualquier producto, pues imagine cuantas armas andan circulando año a año. La pregunta era: estamos incautando las armas, pero no las municiones; de esas son mínimas. Mi pelea en la Policía fue, ¿dónde están las municiones para esas 40 mil armas?

-- Para cerrar, mirando el problema de las drogas en su conjunto, ¿al final qué cree que se puede hacer real y efectivamente para terminar los emporios criminales que viven de traficar con sustancias prohibidas como la cocaína?

O.N.: No es perfecto -y se le pueden hacer críticas- pero la solución al tema de las drogas en el Acuerdo de Paz que firmamos con las FARC en La Habana plantea una fórmula en la vía correcta. Allí no solamente nos referimos al tema de la sustitución de cultivos, sino de la necesidad de romper la cadena de valor del tráfico de drogas y especialmente de llevar capacidades judiciales al territorio, que es algo estructural y deficitario en América Latina. En esta región las unidades judiciales o policiales que combaten el narcotráfico se despliegan desde el nivel central, llegan al territorio y salen, pero realmente no hay una capacidad instalada permanente allí.

El Acuerdo además incluye el compromiso de perseguir más intensamente el lavado de activos y tener un enfoque de derechos humanos y salud pública para consumo. A mí me parece que el Acuerdo es lo suficientemente robusto como para poner en marcha una política, mientras no se resuelva globalmente el paradigma prohibicionista.

Una Guerra Adictiva es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre las paradojas que han dejado 50 años de política de drogas en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Dromómanos, Ponte Jornalismo (Brasil), Cerosetenta (Colombia), El Faro (El Salvador), El Universal y Quinto Elemento Lab (México), IDL-Reporteros (Perú) y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"We’re at an inflection point to rethink new paradigms on how to face the drug problem": General Oscar Naranjo

Under the leadership of then director, retired General Óscar Naranjo, the Colombian National Police captured drug traffickers, reduced illicit crops and extradited dozens of criminals to stand trial in the United States. Today, speaking frankly, he believes that this war has had several blind spots and has failed to end the drug trade, as well as the violence and threat to democratic integrity that accompany it.

test
Omar Nieto Remolina / OACP

Interview

The protagonists speak

June / 11 / 2021

Throughout his 35-year career in Colombia’s National Police, from second lieutenant to four-star general, Óscar Naranjo Trujillo experienced the fight against drugs up close. He took anti-narcotics and crime prevention courses in the United States and customs security courses in England. As head of the Intelligence and Criminal Investigation Directorates and Director General of that institution, he pursued drug trafficking for decades, participating in multiple strategies to try to defeat it and putting into practice the policies outlined by the world for more than 50 years.

His fame transcended borders, and Mexican president Enrique Peña Nieto appointed him advisor in security and to promote the culture of legality. Although his time in Mexico was short and not without controversy, it gave him a comparative view of drug trafficking in the two countries.

His career then took an unusual political turn when, shortly after retiring as Police Director, President Juan Manuel Santos appointed him as a negotiator on behalf of the government that finally sealed a Peace Accord with the FARC in 2016, leading to the demobilization of this guerrilla group. In addition, Santos appointed him Vice-President of the country from March 2017 until the end of his administration in August 2018.

In recent days, the retired general published the book They Considered Themselves Intouchable, about how under his leadership, ten dangerous drug traffickers were captured. “Today, when arguments multiply to speak of a failed war on drugs, it is a good time to pay tribute to the victims of drug trafficking and rescue the new approach to overcome the problem that was embodied in the Agreement that ended the conflict with the FARC,” Naranjo writes in his book.

With such a unique combination of experiences, Naranjo's vision of the war on drugs is eye-opening. The cross-border, collaborative investigation An Addictive War, 50 Years Fighting Drugs video-interviewed him in depth. These are some excerpts of the conversation

-- Now that the war against drug trafficking is half a century old, which policies do you think we should abandon because they did not work and which ones should be expanded or corrected?

Óscar Naranjo: After these 50 years, which have been marked by a prohibitionist policy, I share the idea that in terms of drug production, demand and consumption, we are facing what has been called a failed war against drug trafficking. However, Colombia also has arguments to say that this confrontation against drug trafficking was not sterile in terms of ensuring democratic values and defeating those who have wanted to impose a narco-state.

But, frankly, after 50 years, I see that there is a dysfunctionality in the anti-drug policy. Political decision-makers did not have –and still do not have- sufficient scientific input to make accurate decisions. We heard different versions about marijuana -that it was addictive, that it was not addictive, that it was healthy- and science left the political world in uncertainty. When the effects of the substance are scientifically clarified, the certainty for political decisions really begins to appear.

--But many failures have also accumulated...

Óscar Naranjo: The evolution of this fight has been based on lessons of failure. When this war against drug trafficking was declared in the seventies, it was believed that it was decisive to confiscate drugs. Authorities around the world went out to confiscate shipments of illicit drugs by the truckload. Over the years, we realized that it had no impact.

Then there was a second decision: we had to capture the kingpins of drug trafficking organizations. That was a bloody battle to neutralize Pablo Escobar, to capture the Rodriguez Orejuela brothers. It was the same in Mexico and all over the world. But that did not work either. Then it was said that the organizations in general had to be captured and jails were filled with people accused or convicted of drug trafficking. And the problem persisted.

Then in the end it was said, with a lot of common sense, that we have to attack the finances and the laundering of drug trafficking proceeds. I believe that this is the right way to go, but the world is too porous to produce effective actions to fight against money laundering.

And while all this has happened, there is a great paradox: drug production has grown, consumption has grown, violence associated with drug trafficking has grown and corruption has grown. Therefore, we are at a turning point to rethink new paradigms that allow us to move forward in facing the drug problem.

--We also see that it was a problem that started in two or three countries and now it has practically become a reality in all of Latin America...

O.N.: Yes, I think that for the last ten years there has been an explosion of organized crime using illegal economies that compete with States and with the legal business. Not only do I see a proliferation of mafia structures around drug trafficking, but I see criminal holdings, where illegal mining, human trafficking, drug trafficking or smuggling are intermingled. And they are part of the same criminal logic that - given the incapacity of States to attend to the basic needs of citizens – helps them appear as competitors of the State, not only turning a profit but also making a great effort to legitimize themselves in the eyes of the citizens.

--This is especially true in Colombia, isn't it?

O.N.: In many places. During the pandemic, in Italy, for example, the "Robin Hoods" reappeared offering markets. In Mexico, El Chapo's organization offered markets marked with his label. In Colombia, the Gulf Clan tried at first to do the same, with little visibility, but they did it. And in Argentina or Peru that happened as well.

img_8178
Omar Nieto Remolina / OACP

--Speaking specifically of one policy, aerial spraying with glyphosate in Colombia, do you remember who promoted that idea? Why was there so much emphasis on forced aerial eradication with glyphosate?

O.N.: The context of that decision was based on the fact that there were no conditions on the ground, in the face of an armed conflict in which there was an exponential growth of guerrillas, especially the FARC, who promoted illicit crops and when territorial control by the public force was very precarious. To think that one could reach those territories to forcibly eradicate manually or to do so for crop substitution purposes was really out of the question.

The other factor is that we began to notice a proliferation of crops that combined the planting of coca bushes with the planting of heroin poppy. And in that situation, let's say, the vision that the authorities had was that Colombia was in the worst of all worlds: in the mountain areas, at more than 1,600-1800 meters above sea level, there were the poppy crops and, in the valleys, in the highlands and on the riverbanks, we were at the mercy of coca crops. The inability of the security forces to cover the territory was important.

Therefore, it was a decision, in my opinion, taken to contain the crops. It was not originally intended as a definitive solution.

-- It soon became clear that spraying with glyphosate could be affecting water sources, damaging other crops and that coca that had been eradicated was quickly replanted. So why did we continue to insist on spraying?

O.N.: 2007, when Juan Manuel Santos was Defense Minister and I was director of the National Police, coincided with the appearance of research by Daniel Mejía of the Los Andes University, concluding that interdiction was much more effective – and had a more significant impact - than fumigation. From that moment on, within the Police, we gave a lot of emphasis to the issue of drug seizures and destruction of laboratories.

We took a risky decision that my predecessor had already taken in a more reactive way: we started to eradicate manually. That meant a great cost because there were many dead, wounded, and mutilated in eradication camps. But, in spite of that, there was an evolution in the improvement of territorial control and we were beginning to notice that FARC – even if not retreating - had less capacity to move throughout in the territory. Given these conditions, my decision was: ‘we cannot be satisfied with only spraying, but we have to carry out manual eradication as well’.

-- Why did you make that call?

O.N.: We made this decision in conjunction with the Defense Ministry, after having been in coca fields talking to peasants who would tell me: “You came to manually eradicate us here with your policemen. That leaves us exposed to hunger, but we will thank you because we have someone to talk to about this issue, because for twenty years where the only thing we see are the airplanes that drop poison on us and that's it!”

So it seemed to me that manual eradication did generate a connection to begin to understand the problem on the ground. Aerial spraying had taken the Colombian authorities to a kind of comfort zone, where the governments were clear that this was not the definitive solution to drugs, but they distanced themselves from the social problem with peasants and took refuge in the American support of fumigation.

During my administration we left that comfort zone. We went out to see the peasants and the truth is that in the end -and figures show it- from 2007 when I arrived to 2012 when I left, the country saw the greatest decrease in the extension of illicit crops. We reduced them to 48 thousand hectares. I attribute it to that triple strategy plus another element, not controlled or foreseen, which was the rise in the price of gold, which led many peasants to switch to illegal mining and abandon crops because gold was more profitable.

-- Did the dismantling of the existing paramilitary structure, which produced and traded cocaine in large quantities, also have an influence?

O.N.: Yes, yes, there was a very big impact. The year 2008 was the beginning of the collapse of something that seemed unmanageable for the last 30 years: a good part of the paramilitary demobilization that had begun in 2006 was consolidated, the first blow was struck against the FARC Secretariat and old and legendary drug traffickers who were untouchable were captured. And from 2008 onwards, the dynamics changed in the territory. Of course, not entirely because the paramilitary strongholds, which we later baptized criminal gangs, made a kind of diaspora throughout the territory and still keep much of the violence alive today.

-- When you say that there was a comfort zone, you mean that there was a kind of institutional inertia regarding spraying with glyphosate. We already knew that it could do harm, that it was not effective and, nevertheless, spraying continued...

O.N.: And we come back to the same issue: the discussion about the effects of glyphosate is still unresolved. Of course, today the arguments that it does produce damage are more solid. In government, at that time, there was a confrontation between the two theses. There was a battery of arguments, coming from the United States, which sought to provide certainty that we were right. I believe that the different governments made the decision to spray on the generic basis that glyphosate was used for everything and that there was no convincing evidence that it did any harm.

--Did pressure come from the U.S. then?

O.N.: Yes, of course. When Plan Colombia was nationalized and the spraying program was taken on by national authorities, I remember that one of the elements of greatest discussion and controversy was the molecular component of the herbicide that was going to be applied. And that ended when the FDA (the U.S. agency that monitors processed foods and legal drugs) only recognized the Monsanto particle. Not the Chinese one, nor others.

-- Why do you think that happened?

O.N.: I believe that they did not want a different formula, unknown to them, to produce damage, outside their control radar. Also because Monsanto had already had a monopoly and was recognized as the one that gave the most guarantees of no harm.

--When Colombia assumed these expenses in 2011, how much did it weigh on the Police budget?

O.N.: It was not so heavy. It was a quite programmed and organized transition. But there were differences between government agencies. In the Ministry of Defense there was concern that the budget for manual eradication should be curbed, because it was very expensive. The U.S. wanted to ensure that aerial spraying continued. And in the Police we said that we needed to combine different tools (spraying and manual eradication), plus the support of helicopters to destroy cocaine-production labs. It was a difficult tussle, which in the end the Ministry of Defense won. It dismantled the manual eradication groups and then crops began to grow.

-- Juan Manuel Santos’s government suspended the spraying of glyphosate after the WHO study appeared saying that it could be carcinogenic. Was that the case?

O.N.: I believe that we owe the decision to President Santos and to the Ministry of Health, which for the first time offered a more realistic, objective and crude vision of the effect of glyphosate.

-- The argument of the current government of Iván Duque is that when coca fumigation was suspended, coca crops increased. Is that true?

O.N.: Up until 2012, there was a double combination between aerial spraying and manual eradication. Then gradually, after 2013, manual eradication groups decreased and there was an interruption of aerial spraying for technical reasons. The planes that were spraying were repaired for about six months to reinforce their armor, because there were a couple of attacks on the spraying airplanes. And during this period both spraying and eradication were seriously diminished.

--Now Ivan Duque’s government says that the solution is to resurrect spraying with glyphosate. Is it justified to return to that?

O.N.: The numbers don’t back that up. A significant part of crops is found in national parks [where you cannot spray], others are in indigenous reservations, others in border zones and yet others are mixed with coca substitution projects. Where do you spray then?

Fumigating 26,000 hectares a year, as announced, is not going to solve the problem, but it will be the detonator to exacerbate a population group that feels betrayed because the Peace Agreement that promised to bring them crop substitution is not being fulfilled. Why get involved in that? I would agree to spray crops could be done with in Colombia in three months, but that is simply not going to happen. It's just that we have already attempted: after fumigating 1.8 million hectares from 1994 to 2015, on the basis that we had to get rid of 130 thousand hectares, despite all that, we didn't manage to end them. In the best of cases they stood at 48,000 and two years later they already rose to 100,000.

- Another classic policy of this addictive war has been the extradition of citizens to the U.S. Does it make sense to continue this policy today? Do you think it is working to reduce trafficking and violence?

O.N.: I think it was valid, necessary and very important in order to confront the Medellín, Cali and Norte del Valle cartels, in the face of such a weak justice system and of such a great capacity of these organizations to corner them. It made sense then, because it interrupted the criminal careers of those who were trying to succeed those legendary drug traffickers. It was important to send that signal from 2004 to 2010. I feel responsible for having promoted that very strong extradition campaign.

But then we entered a third stage where extradition was applied indiscriminately to drug traffickers in Colombia. That is to say, we lost sight of the strategic approach to the use of the instrument. So, we now extradite both the man who carries heroin as a ‘mule’ and the big kingpin. This indiscriminate extradition continues to serve our governments to present important cooperation numbers, but the strategic impact on the drug trafficking business has been diluted. On the other hand, the penalties applied to many of them are reduced with collaboration and are sending the signal to Colombian drug traffickers that it is better to be extradited than to be captured here.

-- How did you see extraditions in Mexico, when you were advising the Peña Nieto government?

O.N.: In Mexico, I must say that I greatly appreciated the space given to extradition by former President Felipe Calderon. Mexico had to be covered and shielded against a crime such as drug trafficking, which is typically transnational and involves international cooperation. I thought it was good that they took the first steps to extradite traffickers.

But I also think that Mexico does not quite believe in extradition, among other things, because extradition as a mechanism to fight transnational crime has fallen into decline due to the European figure -which is very successful- of immediate surrender. When one speaks of extradition, one takes the judicial world to the diplomatic world and that gives a status to criminals. Europeans solved that with immediate surrender. If you are committing a crime in my country, I capture you and return you there to your country, without hassles.

--Your consultancy work in Mexico caused some controversy. Did this have to do with the fact that, because of the country’s dimensions, it was cleared that the recipes we are applying to end drug trafficking are not working? After what you learned in Colombia, what do you think could work better in Mexico?

O.N.: My experience in Mexico led me to the conclusion that a major problem they face is that there are about 1400 police forces operating at the local level, plus state police forces, and for decades, they have not consolidated a sustainable federal police structure.

In the Calderón administration, the federal police was strengthened. Then in the Peña Nieto administration a gendarmerie was put in place. And in the current government of Andrés Manuel López Obrador they have begun to deploy a national guard. All three models are very much characterized by a military structure.

Additionally, attempts to structure intelligence and counter-narcotics investigative bodies have been periodically interrupted. The current deployment of the national guard with a massive territorial presence approach is not sufficient to confront the cartels that, for years, have demonstrated a great capacity based on the indiscriminate application of violence and corruption.

I believe that probably the biggest challenge Mexico faces is to consolidate a functional architecture to fight organized crime, supported by coordinated intelligence and judicial investigation services. On the other hand, the federal organization of the Mexican state implies generating a great skill of coordination between states that in many occasions respond to the interests of their own governors.

In particular, given the jealousies between the Secretaries of Defense, Navy and Interior, I came to think at times that this blocked the possibility of comprehensively leading the anti-narcotics strategy.

The characteristics of the security apparatus, specifically in police matters, and the challenge of standardizing the more than 1,000 existing police forces in terms of professionalism and integrity, make it almost impossible to exercise preventive vigilance over officers to avoid corruption.

-- The U.S. spent millions on training officers, but many of them ended up working for drug traffickers or even integrating cartels, such as Los Zetas. What were for you the most frustrating cases where this happened?

O.N.: I do not believe that increasing the operational capacity of public forces, prosecutors and judges opened a floodgate for corruption or for drug trafficking itself to make use of this training against the States and increase its capacity to commit crimes. I believe that there are cases, frustrating cases, but they are very exceptional. If the Colombian police had not started this process, I believe that this institution would have succumbed to corruption structurally. That’s where a special mystique was born, wasn't it? I am not very objective because I was part of that.

--Of course it would be absurd to say that they trained them for the drug traffickers, but knowing that this is somewhat a lost war, as we’re seeing, it is obvious that many trained people may end up there.

O.N.: Well, as long as the law does not change, as long as the paradigms around drug policy do not change, a police officer, a prosecutor or a judge cannot be asked to be those who are searching for new paradigms. Because if they start making assessments of whether the law is effective or not, they stop complying with the application of the law. The only way for the police to operate is that, as long as the law does not change, they must continue to comply with it.

img_8178
Omar Nieto Remolina / OACP

-- But there are countries, such as Brazil, where the law does not punish the personal consumption of some illicit drugs and, nevertheless, thousands have ended up in prison for possessing personal doses of those substances or for small-scale dealing in neighborhoods.

In other words, the people who end up in jail are those who can least defend themselves. Is there not a responsibility on the part of those who apply the law?

O.N.: In the Colombian case and in other countries, even without changing the paradigm that supports the fight against drug trafficking today, things could be done with a criminal policy that veers far from the punitive populism that we have on one side and, on the other side, from the vision that in Latin America people commit crimes because they are poor.

Both, in my opinion, are incorrect. One for saying that crime is fought by putting people in jail and let them rot there, and the other for saying that they should not be put in jail because there is poverty and they commit crimes because they are hungry.

-- So what would be a better application of the current paradigm of the fight against drugs?

O.N.: There are three levels. One is to reduce the large-scale supply of drugs. That has to be done. Another is to see how this drug supply does not produce violence in domestic consumption and is kept within tolerable and controlled consumption thresholds. And a final one is to see how these two phenomena do not attack institutional integrity and corrupt authority. That is the triple challenge. But here, on the other hand, we end up putting the small-scale seller in jail.

-- Drug trafficking has not stood still in these 50 years. It has adapted with great flexibility to continue operating, changing trafficked products, camouflaging itself in local ideological wars and finding new ways to launder its profits.

Nevertheless, the policies are the same: fumigation, extradition, chasing kingpins. What would we have to change to confront the crime that stems from the fact that selling drugs is illegal today?

O.N.: Anti-narcotics policies continue to think that this is simply a matter of criminals who profit from trafficking. The great fallacy of drug policy is that it focuses on a fight almost exclusively concentrated on natural drugs, when in fact all assessments now show that the larger drug problem is linked to legal drugs and, right next to them, to synthetic or manufactured drugs. But those seem to be untouchable, to the point that the United States faced this opioid tragedy and only belatedly realized it.

I've been seeing for more than ten years that the natural drug user is a shameful user - now less so with marijuana because it has been legalized in several countries - whereas the pharmaceutical or synthetic user is not shameful. He or she takes a pill and nothing happens. He or she doesn't have to go to the bathroom to shoot heroin, doesn't have to go snort cocaine under the table. And not being shameful in consumption is what marks the definitive step for the de facto legalization of drugs. Drugs are being legalized by bits.

-- It does not seem that the profits from this new synthetic drug trafficking trade, nor the old business of processing natural drugs have really been pursued with the viciousness with which small-scale traffickers, consumers and coca growers are being persecuted.

O.N.: The reports that have released for 20 years speak of billions of dollars whose location nobody knows, nor how they enter the legal the financial system. There is a big black box there.

Another area where no progress has been made is in the world of precursor chemicals. What large-scale producers have done for the processing of cocaine hydrochloride is to produce their own combination of chemicals. They divert chemicals from legal companies and bring them to these home-made production laboratories. In Colombia, for example, with gasoline or cement, they have managed to accelerate processing to a very high quality and the use of acids is already just complementary. This is out of authorities’ control.

-- The other missing link, which nobody seems to want to pursue, are weapons, which criminal empires have a hold of. What is happening there?

O.N.: I believe indeed that in Latin America, from Mexico to Argentina, the major gap is the weapons trade. About three years ago, when I was part of government, I asked other countries to provide me information on large-scale arms traffickers who had been either convicted or indicted. I didn't get any names at all. One of my great frustrations is that we didn't manage to prosecute and punish the big arms traffickers.

-- Why is this so difficult?

O.N.: Because there is a somewhat invisible border with the countries that produce them. When we seized an Austrian, Chinese, Russian or American rifle and we inquired about its traceability, answers were either non-existent or arrived after a year. There is a kind of zeal from the countries producing the weapons, closely followed by their authorities. And those countries are the ones who could know how much weapons are being diverted and how much illegal trafficking there may be.

But this information is scarcely shared with Latin America. Here in Colombia we were able to set up a weapons identification center with ATF (the authority that regulates weapons, tobacco and explosives in the United States) around 2006. The issue was so poorly looked into to that we didn't even have an inventory or specialists to identify the weapons.

-- And with this center has it been possible to control the circulation of arms to criminals within Colombia?

O.N.: We are in the worst of worlds. We are neither an U.S.-style country, with its amendment that allows the carrying of weapons, nor are we a European-style one that prohibits it. It is proven that where individuals do not have guns, violence and homicides drop dramatically.

-- When the Police or the Army seizes a weapon from criminals, how can it then be auctioned off?

O.N.: I remember my numbers. In a year, the Police -- more or less the average between 2007 and 2012 – would seize about 40,000 illegal weapons off the streets. If one calculates that what authorities normally seize is 20 percent of the black market of any product, imagine how many weapons are circulating year after year. The question was: we are seizing weapons, but not ammunition; those seizures are minimal. My fight in the police was, where is the ammunition for those 40,000 weapons?

-- To close this conversation, looking at the drug problem as a whole, what do you think can really and effectively be done to put an end to the criminal emporiums that make their living from trafficking forbidden substances like cocaine?

O.N.: It may not perfect - and criticisms are valid - but the solution to the drug problem contained in the Peace Accord we signed with the FARC in Havana sets out a formula on the right track.

In it we are not only referring to the issue of crop substitution, but also to the need to break the supply chain of drug trafficking, and especially to bring judicial capacities to the country’s rural regions, which a structural deficiency in Latin America. In these regions, the criminal justice and police units that fight drug trafficking are deployed from the central level, arrive in the territory and then leave, but there is no permanent installed capacity there.

The peace deal also includes a commitment to pursue money laundering more intensely and to focus on human rights and public health when it comes to drug use. It seems to me that this focus in the peace accord is robust enough to implement as a policy, at least during a period of time in which the prohibitionist paradigm does not change globally.